En los últimos días hemos podido constatar el desproporcionado reparto de publicidad institucional que desplegó la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, beneficiando a los medios afines al PP. Una lluvia de dinero público –más de 21 millones en 3 años– empleada a la postre en exaltar su gestión. Y, tal vez, algo más. Con el eufemismo Publicidad Institucional se ha gestado en España un opaco engendro, fuera de control, que actúa como subvención de distintos medios informativos. Un maná discrecional que premia y castiga. Al que, por tanto, se le suponen ciertas contrapartidas. Y que puede tener efectos devastadores sobre el derecho a la información. Y, por tanto, sobre otros derechos ciudadanos.
La publicidad institucional es una cadena masiva que, partiendo de la administración central con todos sus ministerios, organismos y ramificaciones, se expande por autonomías, ayuntamientos y todo tipo de corporaciones locales y hasta internacionales. Si precisan explicarse, publicitar sus actuaciones, debe estar regulado y ser diáfano. En muchos casos sirve como medio de supervivencia de algunos periódicos. A menudo se convierte en loa al político que paga. Los hechos demuestran cómo se minimizan también decisiones políticas controvertidas.
Los datos –publicados por infolibre y eldiarioes- hablan claro. Medios minoritarios recibieron mucho más dinero de las arcas municipales de los madrileños que otros que, por su tirada o audiencia, tenían más repercusión. Curiosamente, durante el mandato de Botella y de su predecesor Alberto Ruiz Gallardón la deuda del consistorio aumentó un 780% según dice y se propone investigar el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, a propuesta de Ahora Madrid y PSOE. En 12 años de PP, el endeudamiento pasó de 990 millones de euros a 7.733 millones en 2012.
Fueron los años de las megaobras. El soterramiento de la M30 o la sede de la propia corporación en la Plaza de Cibeles. Y del sueño olímpico que enterró no menos de 500 millones de euros en complejos deportivos que no se han usado, al margen de promociones y viajes. Un puro dislate. A Ana Botella le corresponde además la venta de viviendas sociales a fondos buitre, adjudicaciones inmobiliarias, el descontrol de la contaminación, los contratos a la baja de las basuras, el abandono de parques y jardines que (con la caída de árboles) ocasionó hasta víctimas mortales, o la tragedia del Madrid Arena. Ahora, háganme el favor de valorar el tratamiento informativo que mereció su gestión. Y compárenlo con el que se dispensa al nuevo Ayuntamiento.
Revisemos también cómo trata la prensa a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Por ella supimos que, por ejemplo, el diario La Vanguardia recibía una subvención extra de 5 millones de euros anuales del Ayuntamiento, que Colau le retiró. ¿Por qué se la daban? ¿En qué concepto? Era al margen de la publicidad institucional que Colau le mantuvo junto al resto de los medios. Hasta “terrorista” le llamaron en las tertulias. De la Generalitat de Pujol algo supimos. Tarde, para pringar buena parte de aquel periodismo. De lo posterior poco.
Esperanza Aguirre se gastó en publicidad de su Gobierno en la Comunidad de Madrid 220,6 millones de euros entre 2008 y 2011, según se publicó ya hace tiempo. En el mismo período, el gobierno del PSOE, invirtió en publicidad de todo el Estado 378,1 millones. Ignacio González, sucesor de Aguirre, siguió en la misma senda a ritmo más moderado. Y esto sucedía mientras se practicaban durísimos recortes a la población. Y se hacía propaganda de lo contrario. Por ejemplo, se gastaron 1,5 millones para promocionar la sanidad pública madrileña.
El gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha se saldó con un claro uso de la publicidad institucional que gratificaba a los medios que encumbraban su labor y sancionaba a los que no le rendían pleitesía. Cada paso que daba la también secretaria general del PP nacional era seguido por una pléyade de periodistas. Es realmente llamativo su periplo por romerías y actos religiosos que recoge Internet. Y siempre con un tratamiento reverencial. Basta teclear “Cospedal” y “Virgen”. La orgía de prebendas de la televisión pública castellano-manchega, presidida por el tertuliano de ultraderecha Nacho Villa que ella misma eligió, entra en los anales de la ignominia. Acaba de saberse, que Cospedal benefició con regalías a medios de los obispos casi hasta el mismo día de marcharse.
La cadena episcopal, 13TV, por cierto, también recibió publicidad institucional desproporcionada del ayuntamiento de Madrid y ha gozado un trato preferente por parte del gobierno central que le concedió una licencia de emisión (antes la tenía alquilada). 10 millones de lo recaudado a través del IRPF destinó a 13TV la Conferencia Episcopal. A pesar de que es deficitaria y solo tiene un 2% de audiencia. A Cáritas, le dedica 6 millones. La línea editorial tiene objetivos muy definidos en sus ataques políticos, sin demasiados escrúpulos en faltar a la verdad. En pura paradoja sobre el carácter de la Institución dueña de la empresa.
¿Sabían ustedes que el gobierno del PP invirtió 7 millones de euros en publicitar la deuda pública? Sí, ésa que ha llegado a superar con creces el billón de euros en escalada de récord histórico con Rajoy. No leemos editoriales indignados, ni es tema preferente en los debates cuando nos supone una hipoteca letal. Muchos de los casos, los conocemos a través de la plataforma ciudadana CIVIO y su esforzado expurgue del BOE. Porque, conviene insistir, la publicidad institucional no goza de la más elemental transparencia. Buceando se puede encontrar que Galicia triplicó su presupuesto para generar confianza en su economía. Y cabe pensar que no habrá sido la única comunidad autónoma. O que Ana Mato tampoco distribuyó la publicidad de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales guiada por criterios de audiencia. La Gaceta de Intereconomía (que llegó a cerrar por falta de ventas) y La Razón, el periódico menos leído de los nacionales, obtuvieron hasta 27 veces más publicidad que 20 Minutos y El País, que eran los de mayor tirada.
No es sino la punta de un iceberg. Y llega en un momento crítico de los grandes emporios periodísticos sumidos en una intensa crisis económica. Cuando vemos portadas, titulares, editoriales y artículos con sesgos que entran en lo radicalmente injusto ¿podemos estar seguros de que responden a criterios objetivos? ¿Sabemos qué dinero les entra por publicidad institucional u otras vías? Son datos esenciales. Un país serio no se puede permitir ni la más pequeña sombra sobre las motivaciones de las líneas editoriales.
Siembran dudas las noticias que no se publican o las que sí; las que dejan de seguirse o las que se incrustan cada día en el temario. Esas encuestas que parecen inducir el voto, tanto a favor como en contra y con cálculos poco ajustados. Destaca la serie de un año completo de Metroscopia en El País que, apenas un mes antes del 20D, llegó a dar casi el doble de porcentaje a Ciudadanos del que obtuvo: 22,6%. Luego consiguió un 13,9%. Ante tan abultados errores ¿se puede confiar en las actuales subidas y bajadas en la intención de voto para unas eventuales nuevas elecciones? Lo cierto es que terminan influyendo por el eco amplificador que le presta, sin más preguntas, la repetición de periodistas y medios ¿De buena fe todos?
La arbitrariedad en el reparto de dinero público en la llamada Publicidad Institucional, la opacidad de su distribución, cuantía y criterios, da un trato de favor a unos medios sobre otros. Se suele primar a los que ayudan a los gobiernos en el poder. Todo trato de favor implica y amplifica la desigualdad: no se participa con los mismos recursos. Termina, pues, beneficiando a unas ideas sobre otras. Los resultados no son justos. Y atentan contra nuestros derechos. Por evitar informaciones críticas, por apoyos y rechazos con sombras, se desvirtúa el papel de ese periodismo. Es la mano que les da de comer la que muerde a toda una sociedad.