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La obsolescencia programada y el consumo responsable

Teclado defectuoso de un ordenador portátil. Foto: CC Ricardo Maestre vía Flickr

Economistas Sin Fronteras

Rosario Goñi —

A finales de este año está prevista la publicación de un estudio realizado por la Universidad de Berlín y el Öko-Institut relativo a la obsolescencia programada. Los investigadores han comprobado que los consumidores cambian frigoríficos, televisiones y ordenadores cada vez más a menudo y se preguntan si la obsolescencia programada es el desencadenante.

Cada vez se renuevan con más frecuencia aparatos eléctricos o electrónicos que todavía funcionan. A menudo se cambian por avances en la tecnología y por el deseo insaciable de los consumidores de disfrutar de esa tecnología punta en cuanto aparece en el mercado. Sin embargo, los investigadores ponen de relieve que una porción cada vez más importante de grandes electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras o secadoras, se reemplazan en los cinco años siguientes a su compra a causa de fallos técnicos. En la investigación se recogen estadísticas de diferentes tipos de electrodomésticos, bienes de equipo eléctricos e informáticos entre 2004 y 2012. La pregunta que se hacen es si la industria reduce intencionadamente la duración de vida de sus productos.

La respuesta no es clara, ya que la disminución del tiempo de utilización en estos aparatos se produce por diversas causas. Así, por ejemplo, en la renovación de los televisores con pantalla plana, un 60% se debe a la voluntad de los consumidores de comprar modelos más recientes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los grandes electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. En este caso, sólo uno de cada tres aparatos se cambia cuando todavía funciona y la mayoría son reemplazados debido a fallos técnicos. El estudio muestra que el porcentaje de electrodomésticos que se deben reemplazar en los cinco primeros años de su vida por esta causa se ha duplicado entre 2004 y 2012. Se ha pasado de un 3,5% en 2004 a un 8,3% en 2012.

La misma tendencia se observa en los ordenadores portátiles. Si la vida útil de estos aparatos se ha mantenido relativamente constante, alrededor de cinco o seis años, cada vez más los ordenadores se renuevan porque son defectuosos. En 2004, un 70% de los ordenadores fueron cambiados porque los consumidores deseaban un aparato más moderno o por las innovaciones tecnológicas que estos presentaban. Sin embargo, ahora no ocurre lo mismo y sólo alrededor de un 25% de las renovaciones son debidas a esta causa.

No se puede decir que los fabricantes hagan cambios en los productos de forma intencionada para que estos duren menos, pero los datos obtenidos en esta investigación indican que algo está pasando. Aunque se deba esperar hasta la publicación de los resultados finales, no estaría de más idear normas específicas en cuanto a la ecoconcepción de estos aparatos. Por una parte, garantizar una duración de vida mínima de los productos con el fin de volverlos más duraderos. Por ejemplo, prolongar la garantía más allá de dos años sería una medida de disuasión muy eficaz contra la obsolescencia programada y contribuiría a alargar la vida de los productos. Por otra parte, favorecer su reparación y facilitar así su reutilización, contribuyendo a llevar a cabo una economía circular respetuosa con el medio ambiente.

Cuando los electrodomésticos dejan de funcionar antes de los cinco primeros años es evidente que no responden a las necesidades de los consumidores, además de dañar gravemente al medioambiente. Hay que tener en cuenta que la producción, la distribución, la utilización y la gestión de la vida de los productos están asociadas a grandes impactos medioambientales. Tanto consumidores como productores necesitan ser conscientes de que el consumo de materiales y de energía, los desechos que producen y la liberación de sustancias peligrosas son problemas que nos afectan a todos. Los consumidores deben exigir más información por parte de los fabricantes para poder consumir con responsabilidad y demandar a los legisladores unas leyes más estrictas para protegerse de los abusos. 

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

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