Existen dos tendencias contrapuestas en la prolongada irresolución del conflicto palestino-israelí. Una apuesta por la solución minimalista de los dos Estados; y otra por la maximalista perpetuación del actual statu quo. La primera exige para su implementación la retirada militar israelí de los territorios palestinos conquistados en 1967 (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este). Esta opción es la que mayor consenso jurídico y político posee en la sociedad internacional. También goza de un considerable apoyo en la sociedad palestina y, dependiendo de la coyuntura, entre amplios sectores de la israelí. Incluso Estados Unidos acepta –en teoría– esta resolución, aunque su práctica de apoyo incondicional a Israel indique justo lo contrario.
El respaldo internacional a esta opción se ha visto ampliamente reforzado durante los últimos años con el voto favorable al ingreso de Palestina como Estado observador (no miembro) de la ONU, en noviembre de 2012. Entonces 138 Estados dieron su voto afirmativo, frente a 41 abstenciones y sólo 9 en contra (encabezados por Estados Unidos e Israel). Previamente, en 2011, Palestina había ingresado como Estado miembro de pleno derecho en la UNESCO. En una dirección semejante se han pronunciado recientemente algunos parlamentos europeos, instando a sus respectivos gobiernos a reconocer el Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 como lo ha hecho el gobierno sueco. Decisión que, hasta ahora, ha sido adoptada por 135 Estados en el mundo.
La segunda opción no goza de crédito alguno en la sociedad internacional, que no admite la conquista ni apropiación militar de territorios. No es exactamente una propuesta de resolución del conflicto como de imposición de la voluntad del actor más fuerte sobre el más débil. Su propósito es prolongar indefinidamente el actual statu quo, normalizar la ocupación militar, además de refrendar y legitimar su dominación. Pese a su distancia en el tiempo, este proyecto es inseparable del mismo sueño colonial que planeó y ejecutó la limpieza étnica de Palestina durante 1947-1949.
Desde Menahen Begin hasta Benjamin Netanyahu, los sucesivos dirigentes israelíes han vinculado el futuro de los territorios palestinos al dominio israelí, sin admitir otra soberanía que no sea la suya. Desde esta óptica, se afirma que entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sólo hay lugar para un solo Estado: el de Israel. Incluso aquellos gobernantes más ambiguos en sus pronunciamientos, como Simon Peres, no pudieron ocultar por más tiempo sus hechos. Nunca encontraron el momento oportuno para poner fin a la ocupación militar de los territorios palestinos, al mismo tiempo que no desaprovecharon oportunidad alguna para continuar con su creciente colonización.
En esta línea, el actual ministro de economía, Naftali Bennett, se ha manifestado claramente contrario a la solución de los dos Estados en un artículo aparecido en The New York Times el pasado mes de noviembre. En su lugar propone que Israel se anexione de facto el área C de Cisjordania (que comprende un 60 por ciento de su superficie), dejando las áreas A (ciudades) y B (aldeas) bajo administración de la Autoridad Palestina. Esta entidad podría llegar a ser nominalmente un Estado en el futuro, pero sin control de sus fronteras ni ejército. Gaza no se sumaría a “este acuerdo” (léase imposición) mientras Hamas permanezca al frente de la Franja. Este plan, edulcorado con un prometedor desarrollo de la autonomía palestina, de sus infraestructuras y economía, no es nuevo, remite al diseñado a finales de la década de los setenta por Begin en los Acuerdos de Camp David (1978). Esto es, se otorga autonomía a la población palestina, pero no a su territorio, siempre disponible para las necesidades de expansión israelíes por razones de seguridad, demográficas u otras.
En suma, la clase dirigente israelí rechaza la opción de los dos Estados en favor de la de un solo Estado (Israel), con dos entidades subestatales o bantustanes palestinos divididos, vulnerables y dependientes del exterior (la bloqueada franja de Gaza, junto a la menguada y fragmentada Cisjordania). Tampoco está dispuesta a otorgar derechos de ciudadanía a la población palestina ocupada, haciendo de Israel un verdadero Estado democrático, de todos sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o confesional. Por el contrario, su actual propuesta de ley para definir a Israel como un Estado judío, además de enfatizar su carácter étnico-confesional en detrimento de sus frágiles y tambaleantes cimientos democráticos, atentaría contra los precarios derechos de ciudadanía de la minoría árabe-israelí (que representa el 20 por ciento de su población).
En consecuencia, la creciente configuración de Israel como un Estado de apartheid no es fruto de una supuesta campaña de deslegitimación sostenida por el movimiento del BDS (de Boicot, Sanciones y Desinversiones a Israel), sino el resultado de su deriva segregacionista y de supremacía racial, en la que la población palestina no goza de soberanía ni de ciudadanía.