El problema de hacer anuncios es que algunos se los toman muy en serio. En enero pasado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció un “proceso de revisión” de las colecciones de los museos estatales con el fin de “superar el marco colonial” mediante el establecimiento de “espacios de diálogo y entendimiento”. Ese proceso de revisión ya está en marcha en otros países europeos. En la mayoría de los casos, la solución ha consistido en acompañar las exhibiciones más polémicas con placas explicativas de los atropellos del colonialismo o con coloquios sobre las iniquidades de la Vieja Europa a los que son debidamente invitados representantes de los pueblos ancestrales víctimas de la subyugación. Pero sucede con frecuencia que a los antiguos países colonizados se las trae al pairo esos ejercicios primermundistas de contrición, y lo único que esperan es que les restituyan sin más vueltas los bienes que les pertenecen. Es el caso del Tesoro de los Quimbayas expuesto en el Museo de América en Madrid, cuya devolución acaba de reclamar formalmente el Gobierno colombiano.
El Tesoro de los Quimbayas, una colección de pequeñas piezas de oro y cobre encontradas en 1890 por huaqueros en dos tumbas indígenas en el actual eje cafetero colombiano, es una de las obras maestras del arte precolombino. En 1892, la colección fue trasladada a Madrid para una exposición con motivo del 400 aniversario del (entonces llamado) Descubrimiento de América y, tras el evento, el presidente colombiano, Carlos Holguín, la regaló a la reina regente María Cristina por su supuesta intercesión en un laudo arbitral de un conflicto fronterizo que favoreció a Colombia frente a Venezuela. El entusiasta autor de la entrada ‘Tesoro de los Quimbayas’ en Wikipedia describe el obsequio del presidente Holguín como “un ejemplo de generosidad y reconocimiento que, sin duda, debió causar admiración a nivel internacional, dándole al país la notoriedad que el acto requería”. El único problema es que el mandatario dio el regalo sin la preceptiva autorización del Congreso de la República y, por tanto, su acto de generosidad fue ilegal. Así lo determinó en 2017, por cinco votos contra uno, la Corte Constitucional colombiana, en un fallo que insta al Gobierno a reclamar la devolución de las 122 valiosísimas piezas.
El Gobierno de Juan Manuel Santos inició ese mismo año los trámites para solicitar la devolución. La responsable de la gestión fue la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, por ironías de la historia descendiente del mandatario que hizo el regalo. Es que, como se dice en los clubes de la élite bogotana, la oligarquía es un pañuelo. Aquella gestión se desvaneció en el aire, y el siguiente presidente, Iván Duque, no movió un dedo para reactivarla. El año pasado, el Gobierno de Gustavo Petro desempolvó la vieja reivindicación y el 9 de mayo pasado formalizó la exigencia oficial de devolución mediante una carta de los ministros de Exteriores y Cultura colombianos a sus homólogos españoles.
La derecha no ha perdido tiempo para arremeter contra el Gobierno de Sánchez por sumarse a las corrientes woke que ponen en entredicho la gloriosa gesta imperial de España y dar alas a populistas como Petro para que desvíen sus problemas domésticos con incendiarios y anacrónicos discursos anticoloniales. Ya sabemos lo que suele decir la derecha. Además, se han movilizado expertos, incluido el propio director del Museo de América, para defender la legalidad del regalo. La pregunta es qué piensa hacer el Gobierno progresista y, en particular, el ministro de Cultura, miembro de la formación más izquierdista de la coalición.
El Gobierno puede negarse a devolver la colección, alegando que llegó a manos españolas no como fruto de un saqueo colonialista, sino como un obsequio del presidente de un Estado independiente cuya tramitación en el país de origen era un asunto que no concernía a la Corona española. Sin embargo, al tratarse de un importante patrimonio indígena –con las implicaciones históricas que ello conlleva– y haber sido regalado en la coyuntura del aniversario de la gesta descubridora, resulta difícil sustraer este caso del “marco colonial”. Añádase al lío el fallo de la Corte colombiana que estableció la ilegalidad del obsequio.
En diciembre pasado, diputados de Sumar, formación a la que pertenece el ministro Urtasun, expresaron su deseo de que España devuelva el tesoro a sus “legítimos dueños”. ¿Se traducirá aquella manifestación de voluntad en alguna iniciativa concreta para que se ejecute esta restitución? ¿O se apelará a la vía diplomática con Petro para sacar este litigio del foco informativo? Por otra parte, ¿se imaginan el torbellino de indignación patriótica si el Sánchez satisface la petición colombiana?
Hablando de tesoros precolombinos, es una patata bien caliente lo que el Gobierno tiene entre las manos.