En otras épocas, cuando estallaba un escándalo de corrupción, el partido concernido solía reaccionar serenamente con declaraciones protocolarias del tipo: “Esperemos que la justicia siga su curso” o “daremos en el momento oportuno todas las explicaciones pertinentes”. Ahora no. Son tiempos de guerra y solo los débiles recurren a evasivas para salir de los aprietos. Lo que se lleva hoy es el contraataque furibundo bajo el lema de “el que pueda hacer que haga”, la amenaza velada al mejor estilo Tattaglia, la victimización teatral para agitar las fibras de las masas y, sobre todo, la mentira burda y descarada. Lo estamos viendo en la respuesta del Partido Popular al caso de Alberto González, desvelado por este diario y que da cuenta de un fraude fiscal de 350.000 euros que cometió la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras dar un pelotazo de dos millones por intermediar en un negocio de mascarillas durante la pandemia. No se trata de una investigación tributaria, como insisten el líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid: esa investigación ya concluyó y González tuvo en ella la oportunidad de explicarse; lo que hay ahora es una denuncia formal de la Fiscalía, basada precisamente en los hallazgos de la Agencia Tributaria, por fraude a Hacienda y falsedad documental.
El PP sabe que no estamos solo ante un pecadillo fiscal de un ciudadano del común que por casualidad es pareja de la presidenta de Madrid. Estamos hablando de la conducta ética de Ayuso, una de las figuras más poderosas del PP, que vive desde el año pasado con su novio en un piso de al menos un millón de euros que este adquirió en momentos en que se le investigaba por la defraudación a las arcas públicas. Además, disfrutan de un piso encima del anterior que está a nombre de una sociedad del abogado de su pareja. Ayuso podría alegar que no sabía nada de las finanzas de Rodríguez, pero ahora lo sabe y su reacción es denunciar que su novio es víctima de una conspiración del Estado. Estamos hablando también de una madeja en la que surgen interrogantes sobre una multinacional de la salud a la que el Gobierno madrileño ha cedido la gestión de tres hospitales públicos.
Es un asunto serio. Como lo es, sí, el 'caso Koldo'. Pero mientras este ha provocado una crisis en el PSOE con el paso del exministro Ábalos al grupo mixto, el PP se revuelve contra sus críticos. Núñez Feijóo, que no ha parado de pedir la dimisión de Sánchez desde que llegó a la Moncloa y que se la ha pedido una vez más por su supuesta responsabilidad en el caso Koldo, explota de ira porque el presidente le pide que exija la dimisión de Ayuso. Ha anunciado que volverá a la carga con el supuesto conflicto de intereses del presidente y su esposa en la aprobación de un rescate de 475 millones de euros a Air Europa. Y, ya puestos, ha dicho que planteará la reapertura del “caso de las maletas venezolanas”, en referencia a una escala que hizo en enero de 2020 en Barajas la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, camino de Qatar. Recordemos: Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, permaneció en una sala del aeropuerto que no tiene consideración de suelo español, mientras que el ministro de Transportes, que la acompañaba en el vuelo, se quedó en Madrid para asistir a Fitur. El entonces ministro Ábalos acudió al aeropuerto y mantuvo una conversación con ellos, lo que llevó en su día a una denuncia de Vox por permitir la entrada de la ministra bolivariana en España. La denuncia fue desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid. Pero qué más da lo que diga la justicia. Hace un par de días, en su entrevista habitual en Onda Cero, Feijóo ató cabos: presencia de Ábalos en Barajas, Venezuela, maletas “que sigue sin saberse qué contenían”, mascarillas, Koldo, Air Europa, la mujer del presidente. ¡Eureka! ¡Todo cuadra!
Pero nadie supera a Ayuso. “Hay un caso turbio de los poderes de Estado contra mi pareja”, proclama. Prueba reina: la presidenta de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, fue directora general en el Ministerio de Justicia durante el mandato ¡de Zapatero! Todo es según Ayuso un montaje de la Moncloa para acabar con ella y su familia, sin importarle que sus palabras impliquen un desprecio a la labor de fiscales y funcionarios de la Agencia Tributaria. Como en el poema de Niemöller, dice que primero fueron a por su padre, luego a por su madre, luego a por su hermano “y ahora le toca a mi novio”. Y, si nos atenemos al poema, en cualquier momento nos sucederá eso mismo a nosotros por permanecer pasivos ante su drama. Una deuda de unos 300.000 euros que mantenía su difunto padre con la sociedad público-privada Avalmadrid nunca pudo ser cobrada, porque Ayuso recibió la súbita donación del piso paterno antes de que pudiera ser embargado. Su hermano Tomás cobró 280.000 euros de comisión por una venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. Aunque la fiscalía archivó el caso al establecer que ni Ayuso ni el Consejo de Gobierno intervinieron en el procedimiento, el asunto apestaba en el terreno ético. El anterior presidente del PP, Pablo Casado, preguntó en voz alta “si es entendible que cuando morían 700 personas al día se pueda contratar a tu hermano y que reciba 300.000 euros de beneficio”, y lo decapitaron, tras lo cual se convocó un congreso extraordinario del partido y fue sustituido por Feijóo. Y ahora “le toca al novio”. Mucho menos impulsivo que su antecesor, Feijóo no osará preguntar si es entendible que cuando morían 700 personas al día tu actual novio ganaba una comisión de dos millones de euros con una simple intermediación en un negocio de mascarillas y defraudaba después 350.000 euros a Hacienda.
Del PP no cabe esperar el menor asomo de autocrítica. A nadie le gusta que le corten el pescuezo. De modo que solo queda ver hasta dónde llegará la justicia en este caso.