Será casualidad porque las proposiciones de Ley se elaboran con tiempo pero la reforma del anacrónico delito de sedición vigente en España anunciado por Pedro Sánchez, ha sido un balón de oxígeno para el PP y su área de influencia. Los “constitucionalistas” del artículo único (la unidad de España), también conocidos como los “a por ellos”, reviven con esa inyección de oportuna crispación y siembra de odio. Ya no hay problema más importante para la sociedad. Se cae a pedazos la sanidad pública de Madrid mientras su presidenta echa espumarajos de insolencia por su boca, culpando a quien sea –menos a ella- de las protestas en el intento de desacreditar la manifestación del domingo en la capital de España en defensa de la Sanidad Pública. A muchos ciudadanos nos importa por encima de todo una España democrática, sin corrupción y que atienda la salud de todos como prioridad.
A las personas conscientes que sufren la gestión de Ayuso en Madrid se suman ya los que, en el resto del país, temen que el modelo de sanidad hiper liberalizada se imponga en sus territorios (Andalucía anda en ello ya). Por la voluntad expresada en las urnas, asombrosamente. Y es que en ayuda de Isabel Díaz Ayuso acuden hasta medios de esos que algunos consideran progresistas e incluso la reforma de la sedición actúa como disolvente. Por casualidad será, ya digo.
En España, los problemas se infectan con especial virulencia si no se actúa sobre ellos. No digamos si se les echa gasolina. Llega un día, a veces, en el que no y algo se interpone –habitualmente fuego amigo aunque no solo- y el germen vuela por los aires.
De momento, la diana está sobre los ciudadanos de Madrid, sumidos en la indefensión a poca conciencia que se tenga. No es ninguna broma que te atiendan a través de una tablet - aunque dé para chistes sobre ello-, la salud es por definición un elemento esencial para la vida y resulta aberrante dejar sin atención médica adecuada a los enfermos, una crueldad máxima porque suele afectar más a las personas con menos recursos. No se entiende que el Gobierno no actúe sobre la autonomía de Ayuso. El artículo155 se aplicó a Catalunya por poner urnas para votar un referéndum, la salud de ciudadanos y sanitarios en Madrid no merece ni siquiera una reprobación. Y es que, además, visto el talante y la legislación en vigor, igual los condenados terminan siendo quienes protestan.
Es una cadena inasumible de hechos ciertos los que han convertido a la sanidad pública española en su conjunto, que fue una de las más eficientes –proporción entre medios presupuestados y resultados- del mundo, en un caos. Y Madrid, en lo más alto del podio. Con su lenguaraz presidenta paseándose por los medios soltando exabruptos, gravísimas acusaciones, sin que nadie parezca inmutarse, salvo los que vemos su intento de tapar con insultos el desastre de su gestión.
Cuando ya se cae el alma a los pies es al encontrar en un simple zapping radiofónico voces antaño confiables soltando que la gente va a urgencias porque “como es gratis, no se lo piensa”. Que, claro, es la clásica picaresca española. Que no hay pedagogía de lo público. Y dóciles víctimas se apuntan a corroborar que esto es “culpa de los abusos, que algo de razón tienen”.
Ni un solo “abuso” justificaría esta poda del derecho a la salud. Ese niño con convulsiones al que ve una enfermera, ese ictus o infarto que no se detecta por videoconferencia. Cuando la cita para la atención primaria se demora varios días, la única vía son las urgencias. Sentirse mal no es ninguna simpleza y cada cual se toma su dosis cuando le ocurre.
Tampoco es gratis: pagamos impuestos que Ayuso, sin ir más lejos, deriva a la sanidad privada mucho más de la cuenta. Con datos de la propia Consejería sabemos que Madrid mantiene una deuda de 1.000 millones de euros con los hospitales privados, dado que previamente Ayuso ha expulsado a 6.000 sanitarios y no crecen nuevos en las macetas. Tampoco son atendidos, por ejemplo, en su almacén de ladrillos Zendal. Magnas obra que se comió 170 millones de euros del erario público triplicando sus costes y nunca ha tenido una gran actividad. Eso sí, participaron las empresas habituales del sector en contratos de obra pública del PP. Lo que pasa en el Madrid de Ayuso es clamoroso. Pero si dejar morir a más de 7.000 ancianos sin atención médica en los geriátricos -por mandato del protocolo de la vergüenza- no ha tenido consecuencias, este goteo de desesperación y víctimas, lavado en los medios, lleva el mismo camino. O de eso parece estar convencida Ayuso. No tiene más que ver a su madrina, Esperanza Aguirre, lo bien que le va con la justicia llegado el caso.
Antonio García Ferreras –que sigue en su puesto- entrevista en La Sexta a Ayuso y a Pedro Sánchez el mismo día. Y, repartiendo la pantalla entre los dos, pregunta al presidente del Gobierno sobre las increpaciones de ella, como si fueran cargos equivalentes. Y, no, Ayuso preside una comunidad autónoma. Por completo desenfrenada, acusa a los médicos, a la oposición, llegará el momento en que a los enfermos también, de montarle una manifestación “política”. Desde una ultraderecha ideológica clara, saca el comodín de “comunismo” para cualquier tema. Hasta para negar el cambio climático. Es comunismo, dice. Y lo practica en el 97% de la comunidad científica. El irracional negacionismo nos está saliendo ya muy caro. En salud también.
Sánchez le da a Ferreras precisamente la primicia de la reforma de la sedición de la que “el PP dirá”. Lo de siempre, dirá y dice. No caben en sí de gozo en sus gritos tenebrosos de involución. Pero Sánchez va diciendo también que no se cambian mayorías para liberar al poder judicial secuestrado. Y entre los proyectos pendientes del Gobierno –algunos de gran entidad- la ley de seguridad ciudadana no puede reformarse al punto de “desproteger a las Fuerzas del Orden”. Impuesta por el PP con críticas condenas internacionales, ¿cuándo han estado desprotegidas las Fuerzas del Orden en España? Y en la reforma de la sedición nos han colado bajo el nuevo nombre de “desórdenes públicos agravados”, que puedan ser aplicados a las protestas, subiendo de tres a cinco años la condena. En cambio reduce a ocho años la inhabilitación máxima.
Son múltiples los frentes que abordar, pero el primero es la salud. Sin salud, no hay nada.
Un juez imputa a Pablo Casado por injurias y calumnias sobre el uso del catalán en la escuela. Admite a trámite la querella de la Generalitat. “¿Por qué él sí?”, se preguntaba el periodista Aníbal Malvar. Casado habló y vulneró la omertá en el PP. Ayuso, tras desafiar múltiples leyes humanas de la gestión que compete a todo servidor público, sigue en pie y cada día más desafiante. Será, tal vez, mientras les sirva a los poderes.
El poder de la sociedad es inmenso si lo pone en valor. Multitud de personas entre los casi 8.000 millones habitantes del planeta se preguntan ¿y yo solo qué puedo hacer? Solos, poco. Ni los más depravados en el uso del mando pueden solos. Lo último en la indefensión es asumirla como irremediable.