La condena a 50 años de prisión del dictador argentino Jorge Rafael Videla por el programa de secuestro de los hijos de las disidentes políticas torturadas o asesinadas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante los gobiernos de la junta militar entre 1976 y 1983, ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de un pacto en España para dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Desde el golpe militar del Francisco Franco y su dictadura, que se extendió hasta su muerte en 1975, fueron robados a las presas políticas más de 30.000 niños, por las mismas razones y con las mismas técnicas utilizadas por la junta militar argentina.
Mientras en Argentina, la derogación de las leyes de punto final por el anterior presidente, el fallecido Néstor Kichner, ha permitido el proceso de los responsables de crímenes contra la Humanidad durante la dictadura, en España donde el programa de desaparición de niños sobrevivió a Franco y llegó a prolongarse hasta la década de 1990, el pacto para ocultar y no perseguir a los responsables de aquellos crímenes sigue vigente. more
El único intento de perseguir los crímenes del franquismo que se ha producido en España, el del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acabó provocando la suspensión del magistrado, a pesar de que había abandonado ya el caso por las presiones de la Fiscalía y del Gobierno, a raíz de una querella presentada por el grupo ultraderechista Manos Limpias. Garzón no volvería a ejercer la magistratura porque, mientras estaba suspendido por el caso del franquismo, fue condenado a una pena de inhabilitación absoluta por lo que el Tribunal Supremo juzgó como vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción del caso Gürtel. Días después de esta condena, la acusación contra Garzón por perseguir los crímenes del franquismo fue archivada. Pero el magistrado ya había pagado el precio de intentar sentar en el banquillo a los responsables de crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura.
El pasado 26 de junio todo el mundo pudo asistir en sesión televisada a la comunicación in voce, es decir a la lectura pública de la sentencia de la Corte Suprema argentina que condenó a Videla a 50 años por el secuestro de niños. Ya cumplía cadena perpetua por los otros crímenes cometidos durante la última dictadura.
Videla asistió impasible a la lectura del fallo. Otro de los acusados, Reynaldo Bignone, que también presidió la junta militar, se derrumbó al escuchar cómo la presidenta del tribunal le declaraba también culpable.
A él sólo se le impuso una pena de 15 años de prisión porque el número de niños secuestrados, era mucho menor que el atribuido a Videla, al que sólo se le pudieron imputar 34 secuestros. Tanto en la sala como en las calles de Buenos Aires hubo una explosión generalizada de júbilo cuando la magistrada leyó el fallo contra Videla. La sentencia fue acogida como un reconocimiento y una reparación a las víctimas y fue especialmente celebrado por las Madres y, sobre todo, por las Abuelas de la Plaza de Mayo.
En el caso español, el de los niños robados del franquismo es un episodio prácticamente desconocido hasta el año 2000. Ese año, TV3, la televisión pública catalana, emitió en el espacio 30 minuts un documental de producción propia titulado Els nens perduts del franquisme –Los niños perdidos del franquismo–, realizado por los periodistas Ricard Belis y Montse Armengou, y por el historiador Ricard Vinyes.
El documental más tarde dio lugar al libro Los niños perdidos del franquismo, editado por Plaza & Janés. Recogía las investigaciones y la documentación que probaban las tesis de Vinyes: el franquismo, desde el primer momento había llevado a cabo un plan sistemático de exterminio de los marxistas, a los que consideraba seres inferiores, que no se limitó a la guerra y que se extendió durante toda la dictadura.
El autor intelectual de tal atrocidad fue el psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera, un filonazi convencido de la necesidad de exterminar a la “subespecie” compuesta por los rojos, con un gran ascendente sobre Franco, que le permitió implantar su plan tras nombrarle jefe de los Servicios de Psiquiatría del Ejército.
En 1938, Vallejo-Nájera había dirigido un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos para determinar qué malformación llevaba al marxismo. Según las investigaciones de Vinyes, el plan estuvo en vigor durante toda la dictadura, a pesar de que Vallejo-Nájera murió en 1960. E incluso sobrevivió al propio Franco, aunque tras los primeros años de la transición sólo tenía fines económicos.
El trabajo fundamental de Belis y Armengou en el documental fue lograr el testimonio de mujeres vivas que habían sido víctimas del plan de Vallejo-Nájera. Lo lograron al localizar a varias mujeres cuyos neonatos habían sido secuestrados con la complicidad de Falange y de la Iglesia católica, que, hasta la fecha se han venido negando sistemáticamente a entregar la información que consta en sus archivos sobre el caso. El resultado fue una serie de testimonios desgarradores.
Hasta tal punto tuvieron impacto los testimonios recogidos en el documental, que el juez Garzón citaba abundantemente el libro Los niños perdidos del franquismo en el auto en el que rechazó las alegaciones tanto de algunas defensas y de la Fiscalía contra su decisión de investigar todos los casos de detención ilegal de recién nacidos en el franquismo, con la complicidad de la Iglesia Católica y de la Falange.
El auto de Garzón no es nada lejano en el tiempo. Lo dictó el 11 de noviembre de 2008, y en el extenso documento adjunto –consta de 152 folios– argumenta que, aunque hubieran fallecido los supuestos responsables de los delitos, el caso debía investigarse no sólo para determinar quiénes colaboraron, en qué grado y si queda alguien con vida, sino para recuperar la información retenida por Falange y la Iglesia y poder reparar parcialmente así el daño causado a las víctimas.
El propio Ricard Viyes, que, con posterioridad a Los niños perdidos del franquismo publicó un ensayo titulado Irredentas sobre el secuestro de niños , también citado de manera abundante por Garzón en su auto de 18 de noviembre de 2008, fue uno de los más entusiastas defensores del intento del ya ex magistrado de esclarecer por la vía judicial aquella siniestra conjura.
Finalmente, las presiones se hicieron insoportables para Garzón y se vio obligado a abandonar el caso, aunque lo remitió a los juzgados ordinarios de las diferentes localidades donde le constaba que se habían producido los delitos. A pesar de desistir, los poderes fácticos que estaban detrás de las presiones para que abandonara el caso, y que abarcan la mayor parte del arco parlamentario español, decidieron que el magistrado no podía quedar sin castigo.
Fue suspendido por el caso del franquismo, pero condenado por una causa menos vergonzante internacionalmente, aunque igualmente escandalosa. El juez que inició el caso Gürtel de corrupción generalizada en las administraciones controladas por el PP, esencialmente la Comunidad de Madrid y la de Valencia, fue condenado mucho antes que los imputados, contra los que existen indicios más que fundamentados de criminalidad.
Sin embargo, las represalias contra Garzón parecen haber tenido el efecto contrario al pretendido. De entrada, los ensayos e investigaciones históricas bien documentadas sobre el secuestro de recién nacidos de las presas políticas del franquismo han proliferado. Hasta culminar en la que parece ser la obra que prueba de manera definitiva el carácter de plan sistemático de exterminio de la disidencia política, El Holocausto español, publicado el año pasado por el prestigioso hispanista de la London School of Economics, Paul Preston.
El conocido biógrafo de Franco expone cómo, desde el primer momento del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, los militares rebeldes ya estaban determinados a exterminar a los militantes de izquierdas a los que consideraban subhumanos. El plan de Vallejo-Nájera para el secuestro de recién nacidos de las prisioneras rojas formaba parte del experimento general para erradicar el marxismo, el obrerismo y a todos aquellos que defendieran tales ideas.
Las víctimas del robo de niños también parece haber reunido el coraje suficiente para reclamar ante los tribunales que esclarezcan definitivamente el caso. Y, aunque las víctimas políticas del franquismo saben que no prosperará la investigación, aquellos que vieron cómo les sustraían a sus recién nacidos con posterioridad al fallecimiento del dictador y por razones económicas y religiosas ya han conseguido la imputación de un médico y de una monja en los juzgados.
Pero, lo que definitivamente cierra el círculo del paralelismo entre el caso argentino y el español es un término: “Plan sistemático”. Lo han empleado los historiadores, desde Vinyes a Preston, lo empleó el juez Garzón, y lo han empleado tanto la Corte Suprema argentina como los ahora condenados.
En Argentina tienen muy clara la vinculación entre el franquismo y la dictadura argentina. Franco fue un modelo para Juan Domingo Perón mientras estuvo exiliado en Madrid. Cuando regresó a Argentina y se alzó con la victoria en las presidenciales de 1973 ya tenía claro que su modelo de Estado era el franquismo. De hecho, la brutal represión contra la izquierda empezó bajo su mandato, a manos del oscurantista José López Rega, encargado de organizar el terrorismo de Estado a través de la Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A.
Lo que precipitó el golpe de 1976 fue precisamente la descofianza de los militares en López Rega e Isabel Martínez de Perón, que sucedió al general en la presidencia cuando falleció en 1975. La junta militar consideraba que la paranoia de López Rega y su aparato paraestatal no hacían sino retrasar los planes de Perón. Planes que debían ser llevados a cabo directamente por la estructura del Estado.