Los senderos que se bifurcan entre la Fiscalía y el Supremo
El independentismo catalán quería gestos del Gobierno de Pedro Sánchez y ya tiene uno. El traslado de los dirigentes independentistas encarcelados por lo sucedido aquellos días de septiembre y octubre necesitaba el visto bueno del juez Pablo Llarena pero responde exclusivamente, para mal o para bien, a una decisión política del jefe del Ejecutivo que se ha tomado en vísperas de su primera reunión, este lunes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Al juez le da igual dónde estén los presos, ahora que la instrucción está prácticamente finalizada, y su estancia en cárceles catalanas deja de penalizar a sus familias, que tenían que desplazarse más de 600 kilómetros, en algunos casos con niños pequeños, para ver a sus seres queridos. Ahora los dirigentes independentistas vivirán mejor, ellas en la cárcel de Figueres y ellos en Lledoners, la única prisión de Catalunya que tiene implantado un modelo de participación y convivencia que permite, ironías de la vida, organizar las actividades carcelarias a través de referéndums.
Pero, al mismo tiempo, el retorno de los presos es una jugada de alto riesgo porque deja la gestión de la política penitenciaria derivada del procés en manos de Torra, el mismo que, siguiendo la estela que le marca Puigdemont desde Berlín, asegura que hay que “crear otro 1 de octubre” porque el independentismo se equivocó y debería haber culminado su desafío “proclamando y defendiendo la república catalana”. De hecho, el Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la resolución del Parlament que apostaba por retomar el proceso independentista del 9N.
En este jardín de gestos y de senderos que se bifurcan, con el procesamiento ya firme de los dirigentes independentistas y la previsión de celebrar el juicio durante un nuevo curso político que acabará en elecciones municipales y autonómicas, resulta trascendental el camino que emprenda en los meses que vienen la nueva fiscala general del Estado, María José Segarra, una jurista de prestigio, activista en la Unión Progresista de Fiscales y muy próxima a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
El fallecido José Manuel Maza encarnó la cara más dura posible contra los independentistas. Firmó personalmente, como fiscal general del Estado, una querella por desobediencia y prevaricación contra los responsables del referéndum del 1 de octubre y la presentó, como venía siendo tradición desde el inicio del procés en 2015, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pero cuando el Parlament proclamó la declaración unilateral de independencia, elevó el tiro hacia el controvertido delito de rebelión, construido a partir de la tesis de que tanto en la jornada de votación como durante los registros que realizó en septiembre la Guardia Civil hubo violencia.
Para llevar la causa al Tribunal Supremo, un órgano en el que desarrollar una instrucción es tan ocasional que no existen ni calabozos, tenía que echar mano de una pirueta jurídica y lo hizo: justificó su competencia con la premisa de que parte de los supuestos delitos se habrían cometido en el extranjero por la actividad exterior y diplomática desarrollada por la Generalitat.
Las defensas también cuestionan la forma en la que se está armando el delito de malversación, que se atribuye de forma general a todos los miembros del Govern, incluye la reforma del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Generalitat y gastos que no llegaron a abonarse, y aplica imaginativas fórmulas para calcular el coste de urnas y papeletas. El último informe pericial aportado a la causa, elaborado a partir de estimaciones basadas en los datos del catastro, calcula en 900.906,70 euros el importe del “alquiler teórico (sic)” que habría pagado la Generalitat por utilizar los 2.259 inmuebles que organismos de la propia Administración catalana y ayuntamientos de toda Catalunya cedieron gratis para la celebración de la consulta.
El sucesor de Maza tras su repentino fallecimiento, José Manuel Sánchez Melgar, trazó un camino paralelo al de su antecesor, y aunque en alguna de sus comparecencias dejó entrever que él habría sido más moderado en el planteamiento, solo se apartó de la tesis jurídica que heredó cuando, utilizando su prerrogativa jerárquica, impuso a los cuatro fiscales de Sala que trabajan en el caso que solicitaran la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn por su maltrecho estado de salud. Llarena rechazó esa pretensión y hoy Forn, que ha renunciado por activa y por pasiva a la vida política, sigue entre rejas.
Segarra tendrá que elegir adónde le llevan sus pasos y si mantiene el rumbo fijado por los fiscales nombrados por el Gobierno del PP o realiza algún otro gesto que pueda aplacar los deseos del secesionismo. De momento, su estreno en el Congreso sirvió para situar el “desafío independentista” catalán entre sus prioridades y dejar claro que los políticos presos no son “presos políticos”. En su toma de posesión fue más ambigua y apuntó que en cada momento la Fiscalía fijará su criterio en los informes correspondientes y explicará sus posiciones con transparencia. El tiempo dirá, como apuntó otro de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, antes de la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, si el vuelo de las togas de los fiscales elude o no el polvo del camino.
