He pensado en ella. Tiene ahora 17 y fue a los 14 cuando varios hombres, durante una fiesta, se turnaron para violarla en una caseta de veinte metros cuadrados. Este jueves la justicia ha condenado a cinco de ellos a penas muy duras, de entre 10 y 12 años de cárcel, por esos hechos. Pero una vez más, n o es la cuantía de las penas lo que exalta y preocupa, es el delito, el mensaje, el fondo. Es una chica de 17 que denunció y que ahora escucha que lo que le hicieron no es una agresión sexual porque no emplearon violencia o intimidación, porque iba borracha, porque estaba inconsciente. Es una chica de 17 que verá que su sentencia no tiene en cuenta sus quejidos ni sus llantos mientras estaba tirada en el suelo.
“No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas”. Lo dijo en el Tribunal Supremo la fiscala Isabel Rodríguez el pasado 21 de junio durante la vista que la Sala Segunda de lo Penal celebró sobre 'la manada'. El caso fue un punto de inflexión, más que nada, social. Desde entonces, la violencia sexual está en la agenda. El feminismo llenó las calles. Las mujeres rompieron el silencio. Las familias y los grupos de amigos se incorporaron a la conversación. Las chicas gritan 'sola, borracha, quiero llegar a casa', otras exclaman 'no es no, lo demás es violación'. Las denuncias, incluso, se han incrementado en lo que muchas expertas identifican como parte de este proceso histórico de toma de conciencia y cambio social.
Un cambio al que la justicia no acaba de llegar. Ahí, en los tribunales, las mujeres siguen encontrando demasiadas veces hostilidad y resoluciones absolutamente ajenas a la perspectiva de género. La política tampoco llega o no todo lo que debería. Llevamos meses escuchando promesas de cambio del Código Penal que el bloqueo político también se ha llevado por delante. Quedan diez días para las elecciones y, con el 8M mucho más lejos en el horizonte que en los anteriores comicios, los problemas reales de las mujeres han quedado absolutamente disueltos en una agenda absorbida por otros asuntos.
Hasta qué punto podemos seguir sosteniendo ese mensaje institucional y social de que la denuncia es lo más importante mientras el Código Penal aún sostiene una diferenciación entre el abuso y la agresión sexual basada en la violencia y la intimidación y muchos jueces carecen de perspectiva de género en sus interpretaciones.
Hasta qué punto podemos seguir sosteniendo una tipificación de los delitos sexuales tan alejada de la sociedad en la que vivimos. El Convenio de Estambul, la norma de referencia ratificada por España, deja claro que la clave es el consentimiento: ni la violencia ni la intimidación debe ser lo fundamental para que una violación sea considerada agresión sexual sino el consentimiento. Es anacrónico que bien entrado el siglo XXI una mujer que denuncia una violación tenga que escuchar que no fue agresión porque no la hirieron lo suficiente o porque no la intimidaron lo suficiente. Como si lo suficiente no fuera que no consentimos, no deseamos, no queremos, no.
Tampoco necesitamos ningún texto jurídico complejo, el cambio está en la calle. Lo decimos las mujeres en todos lados todo el rato: solo sí es sí. Salvo en los tribunales. Hasta cuándo.