La Igualdad entre mujeres y hombres en retroceso

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado por los tratados y las leyes. Ya el Tratado de Roma (1957) recogía en el artículo 119 el principio “a igual trabajo, igual salario”. En la actualidad, el vigente Tratado de Lisboa (2009) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) no solo invocan el principio de igualdad sino que además el Tratado recoge el compromiso de que “(…) en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad (…)”.

Ahora bien, aunque la Unión Europea consagre el principio de igualdad, apruebe leyes sobre la igualdad de trato, trate de integrar la perspectiva de género en las políticas comunitarias y promueva programas para la promoción de la mujer, los avances hacia el logro de la igualdad de género por parte de los Estados están siendo lentos, en particular en lo que se refiere a la igualdad económica y en el empleo.

Si comparamos los ingresos brutos por hora entre géneros, se comprueba la existencia de una desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Según la oficina estadística europea (Eurostat) las mujeres europeas cobran de media un 15% menos que los varones. Esta brecha salarial se traslada a las pensiones, llegando a ser del 40%. Pero donde la desigualdad entre géneros se pone especialmente de manifiesto es en la proporción de personas en edad de trabajar que tienen empleo (tasa de empleo).

Según Eurostat la tasa de empleo en la Unión era del 63% para las mujeres, mientras que para los hombres era del 74%. Esta brecha disminuye tres puntos cuando no hay hijos (de once a ocho), pasando la tasa de empleo al 67% de las mujeres y el 75% de los hombres. En sentido contrario, la brecha en la tasa de empleo va aumentando con el número de hijos, oscilando la desigualdad desde los quince hasta los veintisiete puntos de diferencia. En efecto, si se tiene un hijo, la tasa de empleo es del 72% para las mujeres y del 87% para los hombres; en el caso dos hijos, la tasa es del 73 %, para la mujer mientras que la de los hombres es del 91%; y con tres o más hijos, la tasa de empleo de las mujeres desciende al 58%, y la del hombre es del 85%.

Por lo tanto, los Estados europeos permiten que tengamos un mercado laboral en el que no solo ganan menos las mujeres, sino que sus posibilidades de acceder a un empleo remunerado disminuyen en función del número de hijos. Una razón para entender esta desigualdad, la dio la Presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, cuando dijo: “Prefiero contratar a una mujer de más de 45 años o de menos de 25, porque como se quede embarazada, nos encontramos con el problema”. Es decir, que para esta empresaria de éxito el problema estaba en que las mujeres tienen hijos.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional cree que el problema está en que los poderes públicos permiten que sean mayoritariamente mujeres, las que además de tener hijos, se encargan de las tareas del cuidado y hacer todo el trabajo no pagado del hogar. Así sucede en los países de la Unión Europea, en los que la proporción de mujeres que se dedican diariamente al cuidado es del 93%, mientras que es del 69% de los hombres. Las tareas domésticas y la cocina son realizadas a diario por el 78% de las mujeres, y solo el 32% de los hombres.

Con vistas a corregir esta desigualdad en el trabajo del hogar, que repercute en la vida laboral, la Unión recomienda a los Estados que adopten distintas medidas. Entre otras, garantizar la existencia de unos servicios públicos de cuidados para la infancia y la gente mayor; establecer transparencia salarial en las empresas para que se respete el principio de igualdad salarial, por el mismo trabajo; impedir que sean mayoritariamente mujeres las que trabajan a tiempo parcial; equiparar los permisos de maternidad y paternidad. Un conjunto de medidas, en fin, con las que se pretenden crear las condiciones que hagan posible una redistribución de las tareas, para que en el hogar exista la corresponsabilidad de hombres y mujeres.

No obstante, la aplicación de todas esas medidas para conseguir más igualdad ha sido deficiente y cuando surge una pandemia como la COVID-19, su repercusión en las mujeres trabajadoras es excesiva. Los Estados no deben permitir, ni la sociedad tiene que asumir, que la “nueva normalidad” consista en que vaya marcha atrás la igualdad de mujeres y hombres. Es un fracaso colectivo, que la pandemia esté obligando a las mujeres a abandonar el mercado laboral, por motivos relacionados con las tareas del hogar y los cuidados. Es indigno, que sean mayoritariamente mujeres las que hayan tenido que renunciar a sus vacaciones, escoger el teletrabajo, optar por contratos a tiempo parcial y pedir una excedencia por cuidados.

Porque este retroceso en los derechos de la mujer es tan injusto como inaceptable, debemos manifestarnos el día 8 de marzo (con mascarillas y guardando las debidas distancias), para exigir a los poderes públicos que, cumpliendo con la Constitución y las leyes, promuevan la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado por los tratados y las leyes. Ya el Tratado de Roma (1957) recogía en el artículo 119 el principio “a igual trabajo, igual salario”. En la actualidad, el vigente Tratado de Lisboa (2009) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) no solo invocan el principio de igualdad sino que además el Tratado recoge el compromiso de que “(…) en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad (…)”.

Ahora bien, aunque la Unión Europea consagre el principio de igualdad, apruebe leyes sobre la igualdad de trato, trate de integrar la perspectiva de género en las políticas comunitarias y promueva programas para la promoción de la mujer, los avances hacia el logro de la igualdad de género por parte de los Estados están siendo lentos, en particular en lo que se refiere a la igualdad económica y en el empleo.