“Cuando vimos llegar a todos esos policías nos entró tanto miedo que corrimos hacia el bosque, sobre todo las mujeres y los niños. Entonces empezamos a oír tiros”. Dolores relata con horror lo que aquí se conoce como la masacre de Curuguaty, un violento desalojo que se saldó con 11 campesinos y 6 policías muertos y que provocó la destitución del entonces presidente del país, Fernando Lugo, el primero que profundizó en el desarrollo de políticas sociales tras 65 años en el poder de la derecha. Dolores y otros 12 campesinos fueron detenidos ese mismo día y acusados de ocupación de inmueble ajeno, intento de homicidio y asociación criminal.
“Nosotros no hemos hecho nada malo. Solo reclamamos un pedazo de tierra para vivir”, me confiesa esta chica, de apenas 24 años, que tras pasar 8 meses en prisión permanece en arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio el próximo 26 de junio. “No sé cómo terminará todo esto, si nos condenarán o no. Solo sé que en este país no existe la justicia”, concluye.
En Paraguay, el 80% de la tierra está en manos del 2% de la población. La legislación nacional establece que las pocas tierras públicas que quedan deben otorgarse a las familias campesinas, pero el camino para conseguirlas no es nada fácil. En el caso de Curuguaty, por ejemplo, una empresa dedicada al cultivo de soja ocupó de forma fraudulenta las tierras públicas que reclamaban los campesinos. Y todavía sigue allí.
Mientras un rico terrateniente planta soja para exportar y alimentar a los animales de Europa y de China, las familias campesinas de Curuguaty esperan al borde de la carretera que se resuelva su caso. Aquí siguen resistiendo cuando ya se han cumplido dos años de la masacre. No quieren que se olviden sus muertos ni sus reivindicaciones. “Queremos tierra para cultivar y poder vivir tranquilamente”, insiste Dolores. Para ella y para miles de campesinos en este país, tierra es sinónimo de futuro. Y no es justo que se les niegue eso.
Firma para que las familias de Curuguaty tengan las tierras que reclaman.
“Cuando vimos llegar a todos esos policías nos entró tanto miedo que corrimos hacia el bosque, sobre todo las mujeres y los niños. Entonces empezamos a oír tiros”. Dolores relata con horror lo que aquí se conoce como la masacre de Curuguaty, un violento desalojo que se saldó con 11 campesinos y 6 policías muertos y que provocó la destitución del entonces presidente del país, Fernando Lugo, el primero que profundizó en el desarrollo de políticas sociales tras 65 años en el poder de la derecha. Dolores y otros 12 campesinos fueron detenidos ese mismo día y acusados de ocupación de inmueble ajeno, intento de homicidio y asociación criminal.
“Nosotros no hemos hecho nada malo. Solo reclamamos un pedazo de tierra para vivir”, me confiesa esta chica, de apenas 24 años, que tras pasar 8 meses en prisión permanece en arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio el próximo 26 de junio. “No sé cómo terminará todo esto, si nos condenarán o no. Solo sé que en este país no existe la justicia”, concluye.