Parece mucho más tiempo. Pero apenas han pasado seis meses desde que Pedro Sánchez consiguiera in extremis, en una ajustada segunda votación, superar el trámite de la investidura parlamentaria por apenas dos votos de diferencia (167 a favor, frente a 165 en contra y 18 abstenciones). Con ello, el pasado 7 de enero, se alejaba el fantasma de una nueva (¡tercera!) repetición electoral. Y, sobre todo, se ponía fin a diez meses de impasse político causado por el bloqueo institucional ante la incapacidad de las fuerzas políticas para formar o facilitar acuerdos de gobierno. Entonces, la situación política preocupaba, y mucho, a la ciudadanía. De acuerdo con el barómetro de enero del CIS, “los problemas políticos” ocupaban el tercer puesto del ranking de problemas que, a ojos de los ciudadanos, tenía el país, seguido del “mal comportamiento de los políticos” y, en octavo lugar, de “lo que hac(ían) los partidos políticos”. Sumando todas esas dimensiones, encontramos que el 54% de los electores españoles percibía con preocupación el devenir de la política y la forma de actuar de los políticos.
El PSOE y Unidas Podemos conformaban, a mediados de enero, el primer Ejecutivo de coalición que se constituía, a nivel nacional, desde el inicio de la democracia. Con un equipo de 22 ministros, el gobierno encabezado por Sánchez echaba a andar con los objetivos de “afianzar el crecimiento económico sobre bases mucho más productivas”; trabajar por el “entendimiento territorial y el reto demográfico”; avanzar en “justicia social”; acometer la “transformación digital de la economía y la transición ecológica”; y lograr “la plena igualdad de la mujer”.
Ambiciosos objetivos en un contexto que se vislumbraba complejo para el Gobierno: por su debilidad parlamentaria (155 escaños); por las fricciones que podían surgir entre dos socios cuyos recelos y desavenencias habían quedado patentes unos meses antes; por la elevada polarización ideológica y fragmentación del Congreso; por la crispación política; y por la incertidumbre sobre los derroteros que podía tomar la crisis territorial ante un potencial “rebrote” del conflicto catalán.
Así, no es de extrañar que, recién nombrado el nuevo Ejecutivo, el foco mediático se pusiera en las dudas sobre la estabilidad del Gobierno y la duración de la legislatura. Unas dudas que también albergaba la opinión pública: a principios de febrero, casi el 44% de los ciudadanos opinaba que el Gobierno no podría agotar los cuatro años de legislatura, frente a un 35% que creía que sí lo haría y un significativo 21% que respondía con un “no sabe” a la pregunta del CIS.
Sin embargo, seis meses después, nada ha sido como se esperaba. El estallido de la pandemia del coronavirus a principios de marzo supuso un cambio de guion inesperado. A las pocas semanas, la agenda política del Gobierno quedaba eclipsada por la emergencia sanitaria y por el inicio de un estado de alarma que se prolongaría durante más de tres meses y terminaría marcando los primeros 100 días de Gobierno.
Salvar vidas, con la paralización de la actividad económica y, después, volver a poner en marcha el motor económico para minimizar los daños, se convertían en las nuevas prioridades de Sánchez, apenas dos meses después de haber sido investido Presidente. Mientras la preocupación de los ciudadanos por la economía se disparaba, pasando el porcentaje de ciudadanos que valoran de forma negativa la situación económica del país: del 46,5% a principios de enero, al 76,4% a principios de junio. Si bien no sabemos, con los datos del CIS, si la percepción que tiene la ciudadanía de la situación política sigue siendo peor que de la económica, como ocurría en enero, ni cómo ha evolucionado esa percepción en los últimos meses, ya que este organismo público no ha incluido esta pregunta (“refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”) en sus barómetros desde el pasado mes de marzo.
En todo caso, en un contexto inédito, en el que, frente a la aceleración política, se ha ralentizado el tiempo político, la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos cumple el primer semestre en el gobierno y llega al final del curso político antes del verano, proyectando una imagen de resistencia. En estos meses, socialistas y morados parecen haber superado la prueba de la cohesión interna, a pesar de haber protagonizado sonoros desencuentros a cuenta de la derogación de la reforma laboral de 2012. En lo peor de la pandemia, el Gobierno también ha conseguido contener la presión inicial de Vox y el PP para desestabilizarlo.
Por otra parte, la coalición gubernamental ha podido afrontar y “digerir” sus propios errores, como el momento elegido para destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos o los desmentidos y rectificaciones por el acuerdo alcanzado con Bildu sobre la reforma laboral como contrapartida por su abstención en la penúltima votación del estado de alarma, sin que se produjera ninguna dimisión política. Además, en este semestre, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunas de las medidas estrella que se contemplaban en su programa político como el ingreso mínimo vital. Asimismo, el Gobierno, desde la llamada “geometría variable”, parece tener ahora un mayor margen para negociar con otros partidos, más allá de los que le apoyaron en la investidura. El Gobierno ha sabido aprovechar el cambio de estrategia de Ciudadanos, con un viraje hacia el centro, que ha supuesto un cambio del tablero político en el que el bloque de la derecha parece haberse disuelto y reforzado la imagen ultra de Vox, así como avivado las tensiones dentro del PP entre el ala más moderada representada por políticos como Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo, y el ala dura representada por Cayetana Álvarez de Toledo.
La “fórmula de la resistencia” del Gobierno parece haber descansado en la combinación de dos elementos. Por un lado, la utilización de la presión externa para aumentar la cohesión interna, con un intencionado y calculado desdibujamiento del papel de Pablo Iglesias en el Gobierno. Y, por otro, en el aprovechamiento de todas las oportunidades del contexto, como los errores cometidos por sus adversarios políticos o un clima social de opinión favorable al consenso, para reforzarse y minimizar los errores propios.
De acuerdo con el último sondeo electoral realizado por GAD3, esta “fórmula de resistencia” le habría dado resultados al Gobierno, ya que su desgaste electoral, en estos primeros meses, sería limitado: el PSOE seguiría siendo el partido más votado, con un escaño estimado más respecto a los que logró en las últimas elecciones generales (120), mientras Unidas Podemos perdería ahora 8 escaños (respecto a los 35 que tiene). Además, el PP, que cotiza al alza a costa de Vox, no lograría aritméticamente sumar una mayoría absoluta con la formación de Santiago Abascal, ni con la de Inés Arrimadas. Tampoco se vislumbra en el Congreso una mayoría alternativa a la que apoya al Gobierno ni, por ende, una moción de censura que pudiera prosperar a corto plazo.
El gobierno de Sánchez, por tanto, parece haber mostrado una gran capacidad de resiliencia en este primer semestre que, en parte, quedará o no apuntalada por los resultados que consigan el PSOE y Unidas Podemos en las próximas elecciones gallegas y vascas, que se celebrarán el 12 de julio.
Lamentablemente desconocemos, con los datos publicados por el CIS, cómo valora hoy la ciudadanía la gestión (global) realizada por el Gobierno y cómo ha evolucionado ésta en los últimos meses. Desde marzo, esta institución bajo la dirección de José Félix Tezanos, tampoco ha incluido esta cuestión (“en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”) en sus barómetros.
Ni podemos analizar la evolución de la imagen del equipo ministerial, dado que, a lo largo de este semestre, el CIS sólo ha incluido esta pregunta en sus encuestas una vez. Fue en marzo y los resultados mostraban que Pedro Duque era el ministro mejor valorado (con una puntuación de 4,6 sobre 10) y uno de los más conocidos por la sociedad. Por el contrario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era poco conocido y no se situaba entre los mejor valorados. Una encuesta recientemente realizada por GAD3 muestra que Illa ha visto mejorada su valoración durante la gestión de la pandemia, convirtiéndose ahora en el mejor puntuado por los ciudadanos. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han visto aumentada su popularidad, mientras la imagen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto resentida.
No se puede descartar que, antes o después del verano, Sánchez opte por una remodelación de su equipo ministerial para tomar impulso de cara al próximo curso político y semestre del año que se prevé tan o más complicado para el Ejecutivo de lo que ha sido éste, con una segunda parte de la gestión de la crisis sanitaria centrada en las consecuencias socioeconómicas y en la reconstrucción del país. Hasta ahora las expectativas negativas sobre la debilidad del Gobierno han jugado a su favor. A partir de ahora, las expectativas sobre su (probada) capacidad de resistencia pueden jugar en su contra, si no consigue mantener la iniciativa, ni la cohesión interna.
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