Una milonga, además de ser un género musical que se revuelve en la nostalgia, denota engaño. Palabrerías. Y según se ha ido constatando en el transcurso de este año, con palabras interesadas –acuerdos entre operadores de distintos bancos – y no con datos objetivos provenientes del mercado, se han estado fijando los principales índices de referencia como el Libor, Sibor, Tibor o Euribor.
Los índices de referencia reflejan el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario y sirven para establecer el precio de diversos préstamos y productos financieros en todo el mundo. Entre ellos, el de muchas de nuestras hipotecas.
En este sentido, y aunque todavía no haya desencadenado un revuelo mediático proporcional a la gravedad de los hechos, el escándalo del Libor es mayúsculo.
Todo comenzó en mayo de 2008 a raíz de un estudio del Wall Street Journal en donde se sugería que algunos de los bancos que conforman el panel a partir del cual se construye el índice de referencia del mercado interbancario británico (Libor) habían reportado tipos de interés menores de los que realmente estaban pagando a otros bancos. El objetivo era aparentar un nivel de solvencia que verdaderamente no tenían y, así, financiarse a tipos más baratos.
Pero las investigaciones iniciadas en el 2008 por parte del supervisor del mercado de futuros de Estados Unidos (CFTC) y de la agencia de regulación de servicios financieros del Reino Unido (FSA) han revelado que la manipulación del índice no solo tenía como objetivo maquillar la salud financiera de algunas instituciones, sino también generar rentabilidad a través de las inversiones que los propios bancos tenían hechas en varios productos financieros. En pocas palabras, un caso de fraude, colusión y abuso de mercado.
La multa de 1170 millones de euros que la semana pasada ha accedido a pagar el banco suizo UBS –que se suma a la ya impuesta a Barclays el pasado julio (347 millones de euros) – no hace más que confirmar el amaño. Es decir, cuando los bancos decían “precio de mercado” en realidad se referían a un “precio manipulado”.
Todo parece indicar que el escándalo dará pronto el salto al continente. La Comisión Europea investiga la posible manipulación del Euribor desde octubre de 2011 y, en julio de 2012 ya propuso que las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado sean tipificados como delitos con penas de prisión, medida que los ministros de justicia de los 27 han acordado implementar en sus respectivos códigos penales. Asimismo, según el WSJ, la CE está preparando una denuncia que implicaría a muchos otros bancos, entre ellos el HSBC, el Deutsche Bank, la Société Générale o el Crédit Agricole.
En España, un grupo de abogados ligados al 15-M ha puesto en marcha una interesante campaña llamada “Operación Euribor ” (#OpEuribor) para denunciar el fraude y asesorar a todos los usuarios de servicios financieros que tengan prestamos referenciados al índice interbancario europeo. Por un lado su objetivo es llamar la atención sobre el carácter subjetivo del procedimiento por el cual se construye el índice interbancario europeo, puesto que éste no se calcula en base a las operaciones reales entre los bancos, sino en base a meras encuestas informativas –elaboradas por entidades privadas – sobre los varios tipos a los que los bancos se prestan a diario entre sí. Esta denuncia es particularmente relevante para el caso de España, puesto como señalan en su página web:
“En la legislación del Banco de España que precedía al Euribor, en referencia a la metodología de cálculo del Mibor (interbancario español), se habla expresamente de operaciones con entidades que prestan y que reciben determinadas cantidades a un tipo de interés. Al introducirse el Euribor en el año 2000, se modifica esa circular del Banco de España para sustituir un índice por el otro, sin modificar los requisitos de operaciones que se venían exigiendo para garantizar la objetividad y neutralidad en la formulación del dato.”
En este sentido, la sustitución de un dato de mercado por un dato de encuesta podría abrir las puertas para impugnar por vía judicial aquellos contratos relacionados con el Euribor (18 millones de préstamos hipotecarios están referenciados con este índice). Su reclamo es la incorrección del cálculo. Y la seguridad jurídica, junto a sus arduos defensores, deberían estar a la altura de las circunstancias.
Por otro lado, el objetivo de este grupo liderado por dos abogados activistas de Democracia Real Ya en Sevilla –de los que ya se ha hecho eco el WSJ – es dotar a los ciudadanos con artefactos jurídicos que les permitan, por ejemplo, parar una ejecución hipotecaria en donde el préstamo esté vinculado al Euribor.
En definitiva, los casos de manipulación de los índices de referencia vuelven a recordarnos que la ausencia o falta de una apropiada regulación es caldo de cultivo para los abusos del poder y que el ideal de la autoregulación –basado en unos teóricos mercados perfectos – no se sostiene cuando los actores tienen la posibilidad de operar sobre los equilibrios en función de sus intereses.
Sabemos que tras los rescates, los desahucios, el blanqueo de dinero o las nóminas y retiros millonarios estos escándalos solo aumentarán un poco más la desconfianza que los ciudadanos tienen en las instituciones financieras. Estará en las manos de los poderes públicos en demostrar que los bancos no están en una situación de privilegio y que, por lo tanto, también tienen que cumplir las reglas de juego. Si el poder político no actúa con contundencia, también él ahondará en su propia deslegitimidad.
