Desde el inicio de este año, junto a las manifestaciones, la imagen de tractores paralizando los centros de las ciudades y obstaculizando la circulación en las carreteras se ha ido extendiendo de unos países a otros de la UE. Tras atravesar Francia y comenzar las acusaciones de competencia desleal entre unos agricultores europeos y otros, la mecha de la indignación prendió en el campo español a finales de enero, cuando varias organizaciones agrarias anunciaron un calendario de movilizaciones, al que siguieron convocatorias espontáneas y al margen de las asociaciones tradicionales del sector.
Causas y consecuencias del descontento agrario
La fuente de descontento agropecuario son las políticas de la UE. Los agricultores (y también los ganaderos) se sienten perjudicados por los efectos de la reforma de la política agraria común, así como por las políticas medioambientales y los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, ya que consideran que a éstos se les exigen normas más laxas de producción. A estas quejas compartidas, se suman otros motivos de enfado agrario en cada país (inflación, sequía, fin de ayudas al combustible agrícola, precariedad laboral, precios de venta inferiores a los costes de producción, etc.). Todo ello parece haber hecho aflorar un movimiento social de protesta a escala europea, que bien podría denominarse el movimiento de los Tractores o de la Indignación Agraria.
En términos cuantitativos, el sector de la agricultura, pesca y silvicultura (gestión de los bosques y montes) representa de media, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023, el 1,7% del PIB del conjunto de los 27 países miembros de la UE. Una contribución al PIB nacional que en España es del 2,3%. Si bien, en términos cualitativos, el peso de este sector es mucho más elevado por ser considerado estratégico (seguridad y soberanía alimentarias) y por tener una gran capacidad de presión política. Por un lado, son muy visibles e inmediatas las consecuencias de la paralización de la actividad agrícola. Y, por otro lado, las reivindicaciones del sector primario despiertan simpatía social y pueden, además, activar la dicotomía o conflicto campo-ciudad.
El efecto contagio de estas protestas no ha hecho sino elevar la presión sobre las instituciones comunitarias y los diferentes gobiernos. Especialmente, porque el estallido del malestar se ha producido a las puertas de unas elecciones europeas que son propicias, siempre, para el voto de castigo o de enfado.
Entre el 6 y el 9 de junio, los más de 370 millones de electores de los países miembros de la UE serán convocados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Por sus discursos nacionalistas, euroescépticos o abiertamente antieuropeístas y contrarios a las políticas de protección del medio ambiente, los partidos de extrema derecha (entre ellos, Alternativa para Alemania, Reagrupación Nacional en Francia, Hermanos de Italia y Vox en España) tienen una oportunidad para sacar rédito electoral del descontento agrario y menoscabar la confianza ciudadana en la UE. Además, ese descontento supone una oportunidad para los partidos agrarios o campesinos que también cuestionan las políticas de la UE para luchar contra el cambio climático. Para evitarlo, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha tratado rápidamente de aplacar el malestar del campo, anunciando la retirada de algunas de las iniciativas que soliviantan a los agricultores.
En los diferentes países europeos, los gobiernos también han reaccionado de forma inmediata para tratar de dar respuesta a las preocupaciones y demandas agrarias, al tiempo que dirigen la atención hacia la UE. En España, por ejemplo, el gobierno de Sánchez ha ofrecido, entre otras cosas, más ayudas fiscales y nuevas medidas para que los agricultores no vendan por debajo de costes, mientras que en Cataluña el Parlament ha aprobado una resolución para estudiar la creación de una renta básica agraria y ha respaldado el cambio de nombre de la Consejería de Acción Climática del gobierno de Pere Aragonès para incluir las áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Más allá de que las instituciones comunitarias y los diferentes gobiernos de los países de la UE consigan rebajar el nivel de malestar del sector primario antes de los comicios europeos, cabe plantearse cómo se halla la competición electoral en este segmento de votantes (en este caso, en España) y reflexionar sobre si puede emerger una nueva línea de división del voto en torno a la transición ecológica y las políticas medioambientales.
La pugna por el voto agrario en España
De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre de 2023, un total de 770.700 personas trabajan en España en la rama de actividad de la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura; de las que el 74% son hombres. Si ampliamos el foco, el total de población que vive en este país en zonas rurales es de 7,5 millones de personas (lo que representa el 15,4% de la población total).
Ideológicamente, los agricultores, trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros son los electores que, por ocupación económica, y junto al electorado que trabaja en los cuerpos policiales y fuerzas militares, más a la derecha se sitúan, según el barómetro de marzo del CIS, con una media ideológica de 6,2 dentro de una escala de 1 a 10 (donde 1 es izquierda y 10 es derecha), frente a una media ideológica de 4,9 en el conjunto del electorado. En las pasadas elecciones generales del 23 de julio, siguiendo el indicador de recuerdo de voto de la encuesta postelectoral del CIS, este grupo de votantes se decantó principalmente por el PP (con un 32,2% de los votos), seguido del PSOE (22,8%) y de Vox (16,6%). A principios de este mes de marzo, según los datos del CIS, la primera opción, ante unas hipotéticas elecciones generales, en intención de voto de estos electores era Vox, con el 29,8% de los votos potenciales . En la segunda posición encontramos al PP (23,3%) y en la tercera, a gran distancia, al PSOE (7,5%). Hay que tener en cuenta que este electorado percibe de forma mucho más negativa la situación económica del país, que el total de los votantes, pues si más del 80% de los agricultores, trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros calificaban a principios de marzo ésta como mala o muy mala, en el conjunto del electorado ese porcentaje era del 61%.
Desde su irrupción como fuerza parlamentaria en 2019, Vox ha tratado de atraer y fidelizar al votante rural, para hacer del campo uno de sus principales graneros de voto (junto al electorado de los cuerpos policiales y fuerzas militares). Por eso, en los últimos años, ha sido habitual ver a representantes de esta formación política en movilizaciones protagonizadas por agricultores, ganaderos y cazadores, ya fuera por los altos precios (de la energía, de los combustibles, de los insumos, etc.), por los efectos de la sequía o por la prohibición de cazar lobos. Asimismo, cuando Vox ha pasado a ser socio del PP en gobiernos regionales ha exigido el control de las carteras de agricultura, ganadería y desarrollo rural. Algo que esta formación política ha logrado en los gobiernos de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón, y, parcialmente, en el de Extremadura (con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural); sin haberlo conseguido en el gobierno de la Región de Murcia.
Ahora Vox no quiere desaprovechar la ocasión de avivar y capitalizar el actual movimiento de protestas agrarias. No obstante, empieza a encontrarse con algunos obstáculos. En primer lugar, ya no suenan tan creíbles sus eslóganes y discurso anti-establishment, dado que este partido no sólo forma parte de gobiernos regionales (y locales), sino que tiene responsabilidades en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias. En segundo lugar, la irrupción de nuevas plataformas agrarias evidencia que a Vox le están saliendo cada vez más competidores (que nacen incluso de su propia órbita política, como la Plataforma 6F) para abanderar el descontento del campo o la preocupación por los problemas que afectan a la población rural (como la organización política España Vaciada). Y, por último, Vox tiene que hacer frente a la pujanza del Movimiento SOS Rural. Un movimiento que surgió en la primavera de 2023, definiéndose como una organización apartidista que reivindica las actividades del mundo rural y que podría presentar una candidatura en las próximas elecciones europeas. Como acicate, SOS Rural tiene el ejemplo del éxito electoral que cosecha el Movimiento Campesino-Ciudadano en Países Bajos, como nuevo partido que nació (en 2019) para canalizar el rechazo de los agricultores y ganaderos de ese país a las políticas medioambientales del gobierno neerlandés.
Por su parte, en el actual contexto de elevado descontento rural y creciente competencia por el voto del campo, el PP está reformulando su estrategia política y de comunicación en este ámbito. En concreto, los dirigentes del PP apuestan cada vez más por: apariciones públicas con agricultores y ganaderos; anunciar y proponer medidas de choque en el sector primario; endurecer sus críticas contra el gobierno de Sánchez al que tildan de urbanita y acusan de tratar con desdén a los agricultores; y cuestionar las políticas medioambientales de la UE a fuerza de vincular los problemas de la agricultura con el “dogmatismo ambiental” del gobierno de Sánchez.
¿Hacia una nueva división del voto en torno a la transición ecológica?
En unos y otros países europeos, los motivos de malestar y las reivindicaciones de los trabajadores del sector primario son múltiples y diversos. Pero resulta especialmente interesante ahondar en el descontento agrario con las políticas medioambientales adoptadas por la UE y aplicadas, con mayor o menor entusiasmo, por los gobiernos de los países miembros.
Ante los cada vez más visibles efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, en 2020 fue aprobado, a iniciativa de la Comisión Europea, el llamado Pacto Verde Europeo, un ambicioso plan de propuestas para lograr la neutralidad climática en 2050 o, lo que es lo mismo, que en ese año no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la UE. Este Pacto implica la transformación de la economía y, por ende, un replanteamiento de las políticas sobre clima, energía, transporte y fiscalidad. Políticas que afectan de lleno al sector primario, al igual que las políticas para restaurar la naturaleza, aumentando la protección de los espacios naturales (terrestres y marítimos).
De forma más general hay que tener en cuenta que los objetivos climáticos marcados por la UE implican profundos cambios económicos y sociales que afectarán a muchos sectores. En los últimos años, ya hemos visto en Europa algunos ejemplos del fuerte rechazo que genera la aplicación de medidas medioambientales entre la población que se siente económicamente perjudicada por éstas, como fue la “revuelta de los Chalecos Amarillos” en Francia en el otoño de 2018 ante los planes (finalmente descartados) de Macron de subir los impuestos de los combustibles fósiles.
Cabe esperar que el debate a escala europea y nacional sobre cómo y a qué ritmo debe hacerse la transición ecológica no sólo gane terreno, sino que resulte conflictivo desde el punto de vista social. Por ello, no se puede descartar que esta (gran) cuestión termine por convertirse en un asunto electoral divisivo sobre el que pueda ajustarse la oferta política (partidos), y sobre el que los electores puedan decidir su voto.
Por el momento, los partidos de extrema derecha se han subido al carro de la “cruzada” contra las políticas verdes, desde la contraposición populista pueblo-nación (como víctimas de los efectos económicos y sociales de esas políticas) versus élites-globalismo (como culpables de la puesta en marcha de esas políticas). Pero también podría producirse un cierto resurgimiento de los partidos o movimientos agrarios no tanto desde la dicotomía campo-ciudad, sino bienestar social- ecología. Al respecto, resultan elocuentes las recientes declaraciones de la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán: “no hay planeta B, eso lo entendemos, pero la sostenibilidad hay que entenderla bien y aplicarla de manera progresiva, sin dejar a nadie atrás” y su pregunta “¿cuántas asociaciones hay de corte ecologista en Europa? 193. Del sector agro, sin embargo, está Copa-Cogeca y poco más”.
1