Honduras sigue penalizando el aborto, España paga

Tras 33 años en vigor, Honduras está en proceso de la reforma* completa de su código penal. De momento, el artículo del aborto, ya aprobado, sigue penado en todos los casos. Con esta reforma todo sigue igual para las mujeres en este país centroamericano, que pueden ir hasta diez años a la cárcel por abortar.

Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma ‘Somos Muchas’, ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por causales, el Congreso Nacional votó la pasada semana que ‘no’.

Que en Honduras no se puede abortar, ni siquiera en ninguna de las tres causas que el movimiento feminista ha intentado introducir: “Para salvar la vida y proteger la salud de la madre, cuando hay incompatibilidad del feto con la vida, y en caso de violación e incesto”, como explicó hace unos días en Madrid Regina Fonseca, ‎del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras. “No pedimos el techo, sino el piso”, añadió. El artículo 196, de los más de 600 de la nueva legislación, sigue inamovible.

La decisión de que todo siga igual es un retroceso, que se suma a otros sucedidos desde el golpe de Estado de 2009: se ha eliminado la educación sexual en las escuelas, como recoge la ley, y se ha prohibido la anticoncepción de emergencia. Los datos indican además que el año pasado 910 niñas menores de 15 años parieron a una criatura producto de una violación o que se practicaron más de 3.000 abortos inseguros, según la Secretaría de Salud.

“Lamentamos que la criminalización del aborto se mantenga en el proyecto de ley como un delito grave a pesar de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como del Comité contra la Tortura. Negar a las mujeres y las niñas el acceso a servicios de aborto seguro (…) provoca sufrimiento físico y psicológico excesivo e irreversible para muchas mujeres. Es una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y la negación de su autonomía”, ha apuntado la ONU.

Amnistía Internacional también se ha pronunciado: “Al penalizar el aborto, el código penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos”. Un reciente informe de esta organización documenta abusos –“algunos de los cuales podrían llegar a considerarse como tortura”– que enfrentan las mujeres en varios países americanos como consecuencia de la criminalización del aborto.

Apenas unas horas antes de la votación parlamentaria –que el secretario del Congreso Nacional definió como “dividida” aunque sólo apoyaron la reforma nueve personas según ‘Somos Muchas’–, la policía hondureña informó de que una mujer en Comayagua, en la zona central del país, había sido detenida por haberse provocado un aborto. La foto enviada a los medios es sin duda toda una declaración de intenciones: una mujer llorando, con una bata hospitalaria y las manos esposadas es fotografiada junto a una agente que luce media sonrisa.

“Mamá, me han dicho en el colegio que eres de esas mujeres que quieren que asesinen a los niños”. Ésta es la situación que viven muchas integrantes de ‘Somos Muchas’, según relató Regina Fonseca.

Fondos españoles

En su visita a Madrid, Fonseca denunció la participación del Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el proceso de redacción del nuevo código penal. El Congreso Nacional ha recibido asistencia técnica de consultores nacionales, en un primer borrador, y de consultores internacionales en un segundo borrador, según ha explicado la defensora de derechos humanos: “Todo esto era un proceso muy opaco, pero logramos algunos huecos para participar en una jornada de trabajo con otras instituciones en la labor de revisión, antes de que el nuevo código penal entrara en la Asamblea Legislativa”.

En la segunda fase, hubo varios de los consultores “españoles de alto nivel, procedentes del mundo académico, liderados por un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III”, según una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno del Partido Popular. El equipo técnico español presentó un texto en el que se recogían las tres indicaciones clásicas en materia de despenalización del aborto, que fueran rechazadas por el Congreso hondureño.

La AECID ha confirmado a Pikara Magazine que “ha financiado, con una cuantía máxima de 30.000 euros, una actuación que tiene como finalidad la de asesorar y acompañar al Congreso de Honduras en la fase de discusión, debate y aprobación del nuevo código penal”; y añade que la Agencia no ha redactado “el contenido del artículo del código penal de Honduras relativo al aborto, ni ningún otro de sus artículos, ni ha colaborado en su redacción. No lo ha hecho en Honduras ni en ningún otro país del mundo. Esta labor le corresponde a los órganos de gobierno del país concernido”. Además, desde el área de comunicación apuntan que “la AECID no interfiere ni toma partido en el contenido de los debates políticos de los países en los que opera”.

La pregunta sigue sobre la mesa: ¿es el derecho al aborto un debate político o una cuestión de derechos humanos?, ¿ha gastado la AECID dinero en un proceso que sigue negando la autonomía de las mujeres, fomentando la violencia y atacando a los cuerpos?

“Entre las ocho orientaciones/prioridades del Plan Director en vigor que orientan la actuación de la Cooperación Española, figura en lugar destacado la de promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, apuntan desde el organismo público. Este documento también recoge que se apoyarán “las reformas de un sistema judicial que apunten a fortalecer un poder judicial profesional e independiente y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Según se desprende de la respuesta escrita del Gobierno español al Congreso, con fecha del 19 de enero de 2017, ya hubo una primera fase “de financiación otorgada por la AECID a la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos” en la que participaron los expertos “de alto nivel”. Fue posteriormente cuando se abrió una nueva etapa de debate en la que el Congreso de Honduras pidió de nuevo apoyo y para la que se destinaron los citados 30.000 euros. Es decir, que se desconoce el monto total destinado de fondos públicos.

La respuesta escrita recoge además que “una parte de la sociedad civil hondureña se unió en una plataforma denominada ‘Articulación 611’”, con la que se reunió el profesor de la Universidad Carlos III: “En dicho primer encuentro, la sociedad civil entregó dos informes con propuestas para el articulado del borrador del código penal y se acordó que en próximos viajes de los expertos se continuaría el dialogo”.

El resultado es que esta ‘Articulación 611’ ha denunciado que “a pesar de haber tenido reuniones consecutivas, nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del código, específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros”.

La penalización de la interrupción del embarazo sigue igual, en cambio sí se ha modificado lo relativo a la criminalización de la protesta, que se ha endurecido; lo llaman “ley mordaza”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las reformas del código penal hondureño regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión. Este organismo ve “con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.

Mientras, el Gobierno de España, según afirma en otra respuesta escrita al Congreso con fecha de 29 de marzo de 2017, ha apoyado “al Gobierno hondureño en la promoción y respeto de los derechos humanos en Honduras”; sin olvidar que forma parte del proyecto ‘Eurojusticia’ para Honduras, al que la AECID ha destinado 550.000 euros y la Unión Europea, 27,5 millones de euros.

*En un primer momento se ha publicado que ya estaba finalizada la reforma del Código Penal, pero el proceso, que va por partes, aún no ha finalizado. Lo que sí se ha aprobado es el artículo sobre el aborto.

Tras 33 años en vigor, Honduras está en proceso de la reforma* completa de su código penal. De momento, el artículo del aborto, ya aprobado, sigue penado en todos los casos. Con esta reforma todo sigue igual para las mujeres en este país centroamericano, que pueden ir hasta diez años a la cárcel por abortar.

Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma ‘Somos Muchas’, ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por causales, el Congreso Nacional votó la pasada semana que ‘no’.