Los 53 millones de la trama de las mascarillas: sin concurso, con sobrecostes y pagados en parte con fondos europeos

La bautizada como 'operación Delorme' investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Una de las empresas investigadas en la causa es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que entre 2020 y 2021 obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado, según figura en la documentación del caso.

Los investigadores indagan en el papel de Koldo García en todo el entramado y en si cobró y blanqueó comisiones salidas de sobreprecios en algunos de estos contratos. La empresa Soluciones de Gestión es uno de los focos de la investigación: de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y no facturar nada en 2019 pasó a ingresar más de 50 millones de euros en 2020 al calor de una docena de contratos de emergencia, adjudicados sin publicidad, por diferentes organismos públicos. De un millón de pérdidas a cuatro millones de beneficios.

En su página web, Soluciones de Gestión afirma que nació en 1998: “La sostenibilidad es nuestra razón de ser”. Servicios integrales en las áreas de salud, energía, aguas e infraestructuras agrícolas con proyectos en Angola o Mauritania. En el continente africano está la primera conexión con otros detenidos: en 2011 participó en el proyecto de una central eléctrica en Luanda (Angola) contratada por el Ministerio de Energía de ese país. Lo hizo como parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa Cueto 92 Internacional. Juan Carlos Cueto, representante de esa última sociedad, es otro de los arrestados en la operación Delorme.

En las tripas de la empresa Soluciones de Gestión hay varias personas investigadas ahora por la Audiencia Nacional en la causa: José Ángel Escorial, economista que tuvo dos sociedades offshore en Malta, y Daniel Sierra. Este último es la conexión con Víctor Aldama, presidente del Zamora, otro de los investigados: una empresa de Aldama tuvo como socio único a Soluciones de Gestión.

El primer contrato: Puertos del Estado

El cruce de los datos de la facturación de la empresa con la Plataforma de Contratación del Sector Público evidencian que esta empresa, que supuestamente canalizó los ingresos de la trama, basó su negocio en la venta de material sanitario a administraciones públicas durante la pandemia. Un total de 12 contratos adjudicados la mayoría en procedimientos de urgencia, normales en esos primeros meses de crisis sanitaria, que arrancan en abril de 2020 con su mayor pelotazo: 20 millones de Puertos del Estado.

La adjudicación, negociada y sin publicidad, fue decidida el 21 de marzo de ese año, pocos días después de la declaración del estado de alarma, y fue firmada el día 27 del mes siguiente. Para entonces, tal y como ha publicado elDiario.es, Koldo García llevaba nueve meses sentando en el Consejo Rector de Puertos del Estado, ente público responsable del sistema portuario español dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía entonces José Luis Ábalos, quien colocó allí a su colaborador más cercano.

Estar en el Consejo Rector no daba a Koldo García ningún poder para adjudicar contratos y el entonces presidente de la entidad, Francisco Toledo, explicó a elDiario.es que no iba mucho por allí, además de defender la limpieza del proceso. El primer contrato que se llevó esta empresa, considerada la punta de lanza de la trama en la administración pública, fue también su mayor pelotazo: 20 millones de euros antes de impuestos por el “suministro de mascarillas profilácticas”.

El proceso nació de una orden del Ministerio para, a través de Puertos, comprar mascarillas para trabajadores de ADIF, Renfe, Enaire, Aena, la propia Puertos del Estado, Salvamento Marítimo y Correos además del personal del departamento, taxistas y conductores de VTC, camiones y autobuses. Ocho millones de tapabocas. Pero no fue la última orden ministerial que terminó en un contrato millonario para esta empresa: pocos días después, un nuevo dictamen ponía en marcha la compra masiva de más mascarillas. Esta vez a través de ADIF y nuevamente para repartir entre trabajadores del sector del transporte público y privado de personas y mercancías.

De ADIF al Ministerio del Interior

Era el método habitual para comprar mascarillas a nivel estatal en unos primeros meses de pandemia en los que el mercado internacional de material sanitario se había convertido en la guerra. Órdenes ministeriales que no indicaban a qué empresa contratar pero que sí ponían en marcha procedimientos de emergencia sin publicidad. Ese segundo contrato de ADIF para traer cinco millones de mascarillas FFP2 también cayó en manos de Soluciones y Gestión, esta vez por 12,5 millones de euros.

Esta adjudicación fue la primera en abrir la puerta a la posibilidad de que las adjudicaciones se financiaran con fondos europeos: “Podrá estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”, puede leerse en la documentación del contrato. ADIF ha aclarado que, en este caso, no se activó el procedimiento para pagar estas mascarillas con dinero comunitario. La Moncloa celebró la llegada de las mascarillas en abril.

Pocos días después el siguiente contrato de Soluciones y Gestión llegó desde otro departamento gubernamental: el Ministerio del Interior. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los interrogados por la Guardia Civil ha sido Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad. La razón: la subdirección general de Gestión Económica del Ministerio pagó casi 3,5 millones a la empresa, en otro procedimiento de emergencia, para comprar “material de protección” para el personal de la Secretaría de Estado.

Unos meses más tarde, en noviembre de 2020, la pequeña empresa que venía de facturar cero euros y se disponía a recibir más de 50 millones en adjudicaciones públicas consiguió formar una UTE con Ferrovial, multinacional del sector de las infraestructuras recientemente desplazada a Países Bajos con un historial en materia de pago de comisiones ilegales, para entrar en el reparto de más de 2.000 millones de euros por parte del Instituto Nacional de de Gestión Sanitaria (INGESA) en un acuerdo marco para comprar material sanitario a gran escala.

Un macroproceso de compra de 3.700 millones de batas, guantes, gafas, mascarillas y tests dividido en 11 lotes al que se presentaron 155 empresas. El material no era solo para el INGESA: era para que las comunidades autónomas y los Ministerios de Defensa e Interior no tuvieran que abrir un proceso de licitación cada vez que quisieran comprar este material. La UTE de Ferrovial y la empresa de la trama se llevaron dos de las adjudicaciones para obtener mascarillas FFP2 a 1,13 euros la unidad (lote 8) y para mascarillas FFP3 a 2,09 euros (lote 9). En la horquilla alta de los precios en ambos lotes, pero lejos de los más caros.

La peor compra de la sanidad de Balears

Está por ver cómo se desarrolla la investigación y qué contratos son los que están bajo la lupa de los investigadores, que buscan dos cosas: la supuesta intervención de Koldo García usando su ascendencia en el Ministerio de Transportes para facilitar de alguna manera la adjudicación a Soluciones y Gestión, pero también un sobreprecio del que habrían salido comisiones millonarias. Y entre esos contratos bajo sospecha hay dos procedentes del servicio de salud de Illes Balears y cinco más de Canarias.

En el caso de Balears, el contrato fue adjudicado nuevamente por procedimiento de emergencia en mayo de 2020. Un total de 3,7 millones de euros para que el Servicio de Salud del ejecutivo de Francina Armengol adquiriera mascarillas FFP2 en los momentos críticos del principio de la pandemia. La peor compra de la sanidad balear en esos meses.

Las mascarillas que llegaron desde China a través de la empresa eran aptas para usar en casa o la calle, pero no en los hospitales. Y además eran mucho más caras que el resto que habían comprado hasta entonces: salieron a 2,5 euros la unidad mientras que la media de esas semanas era apenas un poco superior a 0,4 euros la mascarilla.

El año pasado, el propio Govern balear pidió explicaciones a la empresa y reclamó la devolución de 2,6 millones de euros. El precio que, entendía, habían pagado de más. El departamento balear de Salut ha anunciado una auditoría sobre este contrato. Que no fue el único que la administración de las islas adjudicó a esta empresa: en junio de 2020 dio 56.000 euros a la misma empresa por “servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID”. Unos meses más tarde, en diciembre de ese año, la adjudicación se anuló y se volvió a hacer el mismo día.

Los servicios de salud canarios fueron los que más contratos firmaron con esta empresa, ahora investigada por la Audiencia Nacional. Un total de cinco contrataciones que suman 12,1 millones de euros entre todos ya en la primera mitad de 2021. Mascarillas FFP2 para los hospitales de Canarias, dos millones de mascarillas KN95 y su transporte, así como agujas hipodérmicas para el Servicio Canario de Salud.

Pagado con fondos europeos

Muchos de estos contratos recogen la posibilidad de ser financiados con fondos de la Unión Europea. Lo especifican, por ejemplo, los procedentes de Baleares y Canarias. Y en el caso de Canarias, tal y como recoge la documentación del ejecutivo que dirigía entonces Ángel Víctor Torres, se pagó efectivamente una parte con fondos comunitarios: en total 707.518,50 euros por una de las compras de mascarillas y 417.814,71 euros por la gestión del transporte del material sanitario hasta Canarias. En total, más de un millón de euros. El ejecutivo de las islas también ha encargado una investigación interna.

En este caso, Canarias usó dinero del Programa Operativo Feder pensado para el intervalo 2014-2020. Más de 1.400 millones de euros aportados por la Unión Europea hace una década para, entre otras cosas, mejorar la conectividad de las islas, el consumo de energía o mejorar las aulas. Las modificaciones surgidas por la pandemia permitieron que la administración canaria usara ese dinero para “aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario público frente a la pandemia”.

El desarrollo de la investigación dirá si estos contratos firmados en Canarias y parcialmente financiados con fondos europeos están en la lista de adjudicaciones sospechosas de haber sido infladas para conseguir comisiones. El caso lleva ya varios meses en manos de la Fiscalía Europea. Fue Anticorrupción la que en junio de 2023 remitió varios contratos a la Fiscalía Europea “al afectar a fondos de la Unión Europea”. En otros casos similares, ha abierto investigaciones. Lo hizo, por ejemplo, con la investigación abierta y posteriormente archivada en torno al contrato de venta de mascarillas por el que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró una comisión de la adjudicataria.