La Ley del Tribunal Constitucional, uno de los textos legislativos surgidos en plena Transición, ha vuelto este martes a cumplirse con el nombramiento de dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. Durante tres meses, aquel consenso de 1979 que se plasmó en una Ley Orgánica ha sido de imposible aplicación por voluntad de un grupo de vocales conservadores, empeñados como están en que el acuerdo alcanzado entonces para que las mayorías políticas en el Parlamento tengan su reflejo en el Poder Judicial y el Constitucional no se aplique ahora porque beneficia a los progresistas.
La estrategia de desgaste ha llevado a este grupo de nueve vocales conservadores a obtener una victoria pírrica. A diferencia de lo ocurrido hasta ahora, su bloque ha impuesto los dos candidatos que debían salir del CGPJ en esta renovación por tercios del Tribunal Constitucional, el conservador pero también la progresista. Los otros dos de este turno en que toca renovar un tercio de los magistrados los nombra el Gobierno.
Así las cosas, los vocales conservadores han propuesto al presidente de la Sección de lo Contencioso del Tribunal Supremo, César Tolosa, al que el otro bloque no había puesto un solo reproche. Pero también a María Luisa Segoviano, una magistrada progresista que no era la preferida de los vocales minoritarios, quienes habían optado por José Manuel Bandrés. El rechazo conservador a este veterano magistrado del Supremo no tiene aún una explicación pública.
Finalmente, han sido los magistrados del bloque progresista los que han transigido, por sorpresa, con la novedad impuesta. Haciéndolo acaban con el “deterioro constitucional” al que aludió el jefe del Estado en su discurso de Nochebuena, al menos en lo que al Constitucional se refiere. Pero también consiguen que se materialice por fin la nueva distribución por sensibilidades que correspondía desde hace tres meses al tribunal encargado de interpretar la norma fundamental: el Constitucional volverá a tener una mayoría progresista diez años después.
Hace una semana, los conservadores ensayaron su última maniobra: presentar a un candidato de su sensibilidad y a otro de la contraria. Una anomalía en la forma de operar del Consejo General del Poder Judicial, que siempre había respetado los turnos de elección. El elegido por los conservadores fue Pablo Lucas, magistrado progresista que, sin embargo, no era el preferido por los vocales de esa sensibilidad. Estos denuncian que el único fin de este movimiento es que no resultara elegido su preferido, Bandrés. ¿El motivo? La votación de un nuevo presidente del Tribunal Constitucional que deberá acordar la nueva mayoría progresista.
Los vocales conservadores daban por seguro que Bandrés apoyaría a Cándido Conde-Pumpido y confían en que otro magistrado progresista, en este caso Segoviano, pueda decantarse por María Luisa Balaguer, igualmente progresista y de campaña más o menos pública desde hace semanas, si no meses, para presidir el Constitucional. Con los números en la mano, los conservadores no pueden ya imponer a uno de los suyos como presidente, pero siempre apoyarán a la progresista Balaguer con tal de que el ex fiscal general del Estado con Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, anatema para la derecha política y judicial, no llegue a presidir el tribunal.
Un giro inesperado por Nochebuena
El sector progresista había insistido en que no se dejaría amedrentar por la estrategia de los conservadores: su candidato era Bandrés y no permitirían interferencias. Pero algo cambió el pasado sábado 24. Según han informado a elDiario.es fuentes gubernamentales, el día de Nochebuena se alcanzó un acuerdo para aceptar que María Luisa Segoviano –una magistrada de indudable sensibilidad progresista con méritos como haber sido la primera mujer presidenta de Sala en el Supremo– fuera también candidata del CGPJ a integrar el Constitucional.
La consigna fue que no debía haber filtración alguna con el objetivo de que los conservadores no pudieran improvisar una nueva artimaña. Y así fue. Como es habitual en todos los plenos, el bloque progresista se citó una hora antes. Entre los que estaban presencialmente en la sede del CGPJ se encontraba el trío con mayor ascendencia sobre el resto: el actual presidente, Rafael Mozo; el ex miembro de la Ejecutiva del PSOE Álvaro Cuesta; y la magistrada de la Sala de lo Militar Clara Martínez de Careaga, a la que los conservadores habían intentado sin éxito retirar de las votaciones por estar casada con Conde-Pumpido.
Cuando se conectaron por videoconferencia con los otros cuatro vocales progresistas más Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que ha votado habitualmente con ellos, Mozo tomó la palabra. El sustituto de Carlos Lesmes reiteró brevemente la situación de bloqueo institucional que provocaba la cerrazón de los conservadores y la necesidad de acabar con ella, y a continuación propuso aceptar los dos nombres del otro bloque. En la misma línea tomó la palabra Mar Cabrejas. Todos asintieron y se conjuraron para que no hubiera filtraciones hasta el momento de la votación. Para sorpresa de los conservadores –que algunos no pudieron eliminar de su rostro, según fuentes presentes en el pleno–, los progresistas votaron a los dos candidatos propuestos. Fin del bloqueo y cambio de mayorías.
La batalla por la Presidencia del TC
Los cuatro magistrados que tenían el mandato caducado, aunque desde diferentes fechas, son los conservadores Pedro González-Trevijano (presidente y que debería haber salido en julio pasado), Antonio Xiol Ríos (progresista y vicepresidente), Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez (estos dos últimos conservadores y en funciones durante el último año). Sus sustitutos serán los dos propuestos por el CGPJ –Tolosa, conservador, y Segoviano, progresista– y los dos que eligió, no sin polémica, el Gobierno: Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia de este mismo Ejecutivo, y Laura Díez, con reciente cargo en Moncloa.
En resumen: salen tres conservadores y un progresista y entran tres progresistas y un conservador. La mayoría quedará en siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Resta renovar a Alfredo Montoya, quien renunció el pasado verano aquejado de una enfermedad y al que eligió en su momento un Senado con mayoría del PP. Está previsto que los socialistas sí respeten la tradición y permitan que el partido de Feijóo proponga en la Cámara Alta a su sustituto, pese a que ya no goza de mayoría allí. Está por ver cuándo ocurrirá eso, pero en cualquier caso no alterará la mayoría progresista, que quedaría en 7 a 5.
Al encontrarse el actual presidente entre los renovados, una de las primeras tareas del nuevo Constitucional será elegir uno nuevo, así como un vicepresidente. Otra tradición que se respetará será la de que la corriente mayoritaria elija al presidente y la otra, al vicepresidente. La indisimulada campaña realizada en los medios de comunicación por la progresista María Luisa Balaguer anticipa su candidatura, como se da por hecho la de Conde-Pumpido. Si los conservadores apoyaran a Balaguer, la balanza se podría decantar con el voto de la nueva magistrada, María Luisa Segoviano.
Decisiones determinantes en un futuro próximo
La relevancia de las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre las leyes que aprueba el Parlamento es indiscutible en cualquier contexto pero en uno como el actual, a menos de doce meses para unas elecciones generales, derivan en un alto voltaje político. El nuevo Constitucional, de mayoría progresista, sentenciará en algún momento sobre decisiones de este Ejecutivo que han producido auténticos seísmos políticos, tales como la reforma ‘exprés’ del Código Penal para reducir las penas por sedición.
La actual mayoría del Constitucional votó hace unos días interrumpir el trámite parlamentario de la reforma en el Senado, una decisión sin precedentes que el bloque mayoritario en el Congreso, el de la investidura, no dudó en calificar de intromisión intolerable en el poder legislativo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que esta reforma legal pretende acabar con la judicialización del conflicto político en Catalunya. Un conflicto que se agravó con otra decisión del tribunal adoptada ya hace doce años, la declaración de inconstitucionalidad del Estatut de Catalunya.
De la relevancia de la composición del Constitucional habla igualmente un pasado no tan lejano. La decisión del tribunal de declarar inconstitucional el estado de alarma con el que el Ejecutivo se enfrentó a la crisis sanitaria del Covid fue un mazazo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La reforma del delito de malversación es la última polémica legislativa del actual Gobierno. La penúltima fue la prohibición de realizar nombramientos de jueces al CGPJ si tiene el mandato caducado, como ocurre con el actual, cuya mayoría conservadora seguía eligiendo a jueces afines para puestos clave pese a haber dejado de tener legitimidad para ello hacía años. Sobre esta reforma también habrá de pronunciarse el nuevo Constitucional.
No son las únicas. El tribunal resolverá sobre el recurso de Vox a la Ley Celáa por dejar de sufragar con dinero público a los colegios que segregan a niños por sexos. O el recurso de la formación ultraderechista contra la Ley de Protección de la Infancia. Y también el que quiere impugnar la toma de posesión de los diputados que facilitaron la mayoría de Pedro Sánchez por la forma en que juraron o prometieron sus puestos.