La ministra Delgado y el Consejo de la Abogacía chocan por pagos extra al turno de oficio para defender a acusados de Gürtel
Las supuestas irregularidades detectadas en los pagos de los abogados de oficio de varias empresas y particulares procesados en la trama Gürtel que no tenían derecho a asistencia letrada gratuita –el cabecilla, Francisco Correa durante un pequeño período, y varias de sus sociedades, entre ellos– han abierto un cisma entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía (CGAE).
El anterior equipo al frente del Ministerio con Rafael Catalá (PP) suscribió en junio de 2016 un convenio de colaboración con el CGAE y el Colegio de Abogados de Madrid para pagar las minutas de los abogados de oficio designados oficialmente para 19 procesados en esa causa. Ese documento establecía que cada letrado cobraría como máximo 30.000 euros, para lo cual se libró un pago con cargo a la Administración de 570.000 euros.
No era la primera vez que se llegaba a un acuerdo similar entre ambas partes. Ya se había hecho en 2006 cuando Juan Fernando López Aguilar (PSOE) estaba al frente del Ministerio para compensar a los letrados de oficio que defendieron a acusados sin recursos en una causa de gran complejidad como fue la del 11-M. Ni las personas físicas cuya unidad familiar superen un cierto nivel de ingresos ni las sociedades pueden acceder al servicio de asistencia letrada gratuita.
El problema es que, en esta segunda ocasión, Justicia detectó un pago de 591.297 euros “sin cobertura legal alguna” realizado en virtud del convenio, explican en el departamento que ahora dirige Dolores Delgado. Se había financiado con dinero público la asistencia letrada a personas que no tenían derecho a ello y también a sociedades. Además, algunos abogados cobraron más de los 30.000 euros estipulados. Por ejemplo, tres letrados de oficio que representaron a Correa durante una parte del pleito recibieron 67.506 euros, según publicó El País.
El equipo de Dolores Delgado ha abierto una investigación interna al respecto y el organismo del Ministerio que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio en la época de Rafael Catalá.
Cambio de criterio en Justicia
Tras descubrir las presuntas irregularidades del convenio de Gürtel, el Ministerio informó de que no asumiría el pago de los abogados de oficio designados judicialmente para representar a personas a las que finalmente se les denegara o archivara la solicitud. Según las mismas fuentes, hasta ahora, todos los litigios eran abonados a pesar de que la ley no lo permitía en algunos casos.
Esta decisión afecta a los abogados de oficio cuyas minutas dependen del Ministerio porque trabajan en las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia –Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares–, además de los que habían llevado pleitos en la Audiencia Nacional, el Supremo o el Constitucional.
El cambio de criterio en el Ministerio es consecuencia de sendos informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención delegada de Justicia que alertaron de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio a abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado. Hacerlo, explica un portavoz de Justicia, sería incumplir Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
De hecho, respecto a las minutas de octubre, el departamento que dirige Dolores Delgado ha anunciado que no abonará 228.500 euros de los cuatro millones reclamados por los colegios de abogados porque no corresponden a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida.
Es sólo el 5% del importe total reclamado por los letrados, aunque el Consejo de la Abogacía anunció este viernes que exigirá en los tribunales esa cantidad. “Los abogados están entre la espada y la pared porque no pueden negarse a prestar asistencia a un investigado cuando son designados por el juez”, explica un portavoz de este organismo.
“El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años”, añaden en el Consejo de la Abogacía. Su dirección confía en que los tribunales acaben dándoles la razón, porque entienden “fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez”.
“Esclavización”, según los abogados
El cambio de criterio en el Ministerio supone “admitir de facto la esclavización de un cuantitativo y cualitativo sector de la ciudadanía española”, según un comunicado de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Y es que, aunque en caso de denegación o archivo de la solicitud de justicia gratuita la ley permite a los abogados reclamar sus honorarios a la persona física o jurídica beneficiaria de su asistencia, la posibilidad real de cobrar es una “quimera”, según esta entidad.
El letrado José Muelas, miembro de la Red de Abogadas y Abogados de España, cree que la solución pasaría por cambiar la ley o firmar un convenio específico entre el Consejo de la Abogacía y el Ministerio de Justicia para garantizar que cuando un juzgado obliga a un abogado de oficio a hacer un trabajo, reciba la remuneración justa por ello. Así ocurre en algunas comunidades autónomas, que luego buscan la forma de reclamar esas cantidades a quienes tuvieron asistencia letrada gratuita sin tener derecho a ello.
En el Ministerio de Justicia aseguran haber trasladado al Consejo de la Abogacía su “total disposición” para estudiar qué se puede hacer en estos casos, aunque todavía no hay ninguna reunión prevista entre ambas entidades. Lo que sí tiene fecha es la concentración que Altodo, el colectivo que agrupa a los letrados del turno de oficio, ha convocado para el próximo 20 de diciembre ante la sede principal de los juzgados de cada población española y que en Madrid será ante el departamento que dirige Dolores Delgado. La asociación anima a los letrados a acudir a esa movilización ataviados con sus togas.
