La juez Alaya: la condena al PP en Gürtel no es equiparable al juicio de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha asegurado este lunes que el juicio de los ERE de Andalucía y la condena al PP en la Gürtel como partícipe a título lucrativo no son supuestos equiparables porque, al contrario de lo que acontece en el primer procedimiento, en el caso del Partido Popular no hay una responsabilidad penal.

En una comida coloquio, organizada por el Club Siglo XXI, la juez instructora del caso de los ERE falsos en Andalucía ha dicho que tener a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados en el banquillo de los acusados no guarda similitud alguna con la condena del PP en la Gürtel, informa Efe.

“No me parece que sean dos supuestos semejantes”, ha dicho la magistrada al recordar que en el caso de los ERE se trata de “una concesión ilícita de subvenciones públicas de hasta 850 millones de euros” mientras que la condena al PP, como partícipe a título lucrativo, “no es una responsabilidad penal”.

El PP ha sido condenado por la Audiencia Nacional como responsable civil a título lucrativo al pago de 245.492 euros. El PSOE andaluz no está imputado como tal en el caso ERE, lo están 22 ex altos cargos de la Junta, incluidos los dos ex presidentes. Sin embargo, el PP intentó, como acusación particular perdonada en el caso, que Chaves y Griñán fueran juzgados, además de por prevaricación y malversación, por el delito de asociación ilícita, el mismo que está siendo juzgado en “la trama criminal” de la Gürtel que salpicó al ex Gobierno del PP en Valencia. Pero la Fiscalía y el tribunal de los ERE se negaron por falta de fundamentos jurídicos, y reprocharon a los populares que intentaran “politizar” el juicio.

En el caso ERE, La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda al que pide diez años de inhabilitación por prevaricación.

La jueza sí que ha evitado pronunciarse sobre qué responsabilidad política conllevaría una sentencia del caso ERE para el PSOE al tratarse de un caso que se está juzgando, por lo que ha abogado por “dejar tranquilo al tribunal”, como tampoco ha hecho comentario alguno sobre la sentencia de la Gürtel al no haberse leído la resolución. Chaves y Griñán ya asumieron responsabilidades políticas cuando dimitieron de sus cargos -uno era diputado en el Congreso, otro senador-, entregaron el carné del PSOE -en el que militaban desde la adolescencia- y abandonaron la política.

Alaya no ha querido pronunciarse sobre la corrupción que ha destapado la sentencia de la Gürtel, pero sí lo ha hecho en el caso de los ERE de Andalucía que ha calificado de “importantísima numéricamente”, ya que “afecta a los altos, medios y bajos estamentos de la sociedad andaluza”.

En su opinión, esta causa ha destapado “el clientelismo político” que impera en esta comunidad autónoma, que es la causa, según Alaya, de que Andalucía no haya conocido otro gobierno que el PSOE, donde no entiende cómo la Junta ha renunciado a recuperar los 850 millones que se repartieron en ayudas en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y para eludir controles administrativos.

Lo que ocurre, ha matizado, es que “es evidente que Andalucía no tiene la misma trascendencia que Madrid y por eso (el procedimiento judicial) no trasciende al resto de España como la Gürtel”.

Tras las críticas políticas -de hecho ha desmentido rotundamente el rumor de entrar en política-, la juez ha tenido tiempo de reprochar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su falta de apoyo cuando instruía la causa de los ERE.

“Los primeros meses de instrucción me sentí acompañada por el CGPJ pero pasada esa primera época ni me he sentido defendida ni arropada por el CGPJ ni el TSJA”, ha señalado Alaya, quien considera que ambas “se equivocaron” cuando no le concedieron la comisión de servicio para seguir con los ERE desde la Audiencia Provincial de Sevilla.

Y aunque la magistrada ha insistido en las presiones que recibió durante la instrucción no ha querido personalizarlas en ningún político en concreto, como hizo recientemente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque “las presiones se reciben a través de titulares de los medios”, un sistema que “utilizan los políticos desde hace décadas”.

Por todo ello, Alaya ha apostado por reforzar la independencia judicial ya sea mediante la participación de jueces en la designación de los vocales del CGPJ para acabar con “ese miniparlamento” de partidos políticos y sus cuotas, como también con la elección del fiscal general del Estado por consenso de las cuatro principales formaciones políticas y no por el Ejecutivo.

Ha añadido que entregar las investigaciones a la Fiscalía “sería un hachazo a la independencia judicial” porque, por ejemplo, en un procedimiento contra la corrupción sería “como tener al lobo metido dentro del gallinero”, aunque “la culpa no es de los fiscales” sino de “la obediencia debida” que funciona en el Ministerio Público.

Caso Manada

Alaya también ha criticado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al asegurar que sus declaraciones sobre la sentencia de La Manada la “incendiaron”, al tiempo que ha considerado las críticas de políticos a esta resolución y a la de la Gürtel como una “deslealtad institucional”.

La jueza ha reconocido que uno de los motivos por los que se ha decidido a hablar ahora, cuando ella es poco dada a entrevistas o manifestaciones públicas, fueron precisamente las palabras de Catalá. En referencia al voto particular del magistrado del tribunal de La Manada, Catalá indicó que, cuando un juez habla de “jolgorio o regocijo” de una víctima, no hay un “problema de leyes”, sino de cultura, de formación y sensibilización.

“Lógicamente las manifestaciones del ministro me incendiaron y espero que jamás se vuelvan a producir manifestaciones de este tipo”, ha dicho Alaya, que se suma de esta forma a las críticas unánimes de jueces y magistrados ante las palabras del ministro.

Sí que ha coincidido con Catalá en la necesidad de reformar los delitos contra la libertad sexual porque “la legislación actual es laberíntica y cuesta trabajo llevarla a la práctica”.

Aunque, acto seguido, ha vuelto a criticar al ministro de Justicia al defender que “lo que se necesita es una reforma seria y con rigor y esas nunca se producen en caliente”.

La juez no solo ha cargado contra el titular de Justicia sino contra los partidos y políticos que han criticado las sentencias de La Manada y de la trama Gürtel al destacar que “cualquier crítica a resoluciones judiciales no es que esté mal, es que es una deslealtad constitucional e institucional” pues, en su opinión, lo que tiene que haber es un “absoluto respeto” hacia ellas.