El constructor del Perla Negra implica a la Consejería de Hacienda castellanoleonesa y asegura que le impuso el precio

El caso Perla Negra dio en la mañana del lunes un giro importante. El administrador de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo, imputado en la causa, declaró este lunes ante el juez y reveló que la negociación sobre el precio del inmueble la realizó con personal de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Castilla y León, toda una sorpresa teniendo en cuenta que la consejera Pilar del Olmo declaró hace unos meses que no había tenido nada que ver en el asunto puesto que delegó todas las competencias en la Consejería de Economía. Martín Giraldo explicó cómo mantuvo al menos dos reuniones con el secretario general de Hacienda, Francisco Javier de Andrés, imputado también en el caso.

Siempre según su versión, cuando la Junta ya había decidido comprar el edificio en lugar de alquilar, De Andrés le mostró una tasación de Inmoseguros por valor de 52 millones de euros, y le indicó que ese debía ser el precio. La negociación previa de alquiler con opción de compra en 15 años cifraba el precio en 100 millones. Martín Giraldo comentó que el inmueble le había costado a él 52 millones y que venderlo por ese precio eliminaba no sólo su beneficio como constructor, sino que también le hacía asumir a él la carga financiera que había soportado en su momento para levantarlo. A pesar de todo, aceptó quedarse sin el beneficio aunque sí que acordó que la Junta le pagaría 3,8 millones de carga financiera, un dinero que quedó fuera del contrato de compra según le dijeron “por problemas técnicos”.

Así, la sociedad pública que era quien iba a pagar el inmueble, Gesturcal, se mostró conforme con el pago de los 52 millones puesto que había una tasación que despejaba las dudas, y descartaba  el pelotazo que detectó uno de los consejeros, Pablo Trillo, quien advirtió al presidente de la Junta, y que motivó que se optase por la compra y no por el alquiler. Pero los consejeros nunca supieron que además de los 52 millones más IVA había otros 3,8. La suma se abonó previa autorización del secretario general de Hacienda, por el consejero delegado, de Gesturcal, Rafael Delgado.

Esta revelación pone en una situación muy complicada a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que declaró como testigo y aseguró desconocer cualquier detalle sobre la compra del edificio Perla Negra. Es difícil explicar que De Andrés firmase el contrato de compra sin el conocimiento de Del Olmo un mes después de que esta lo hubiese nombrado. Pero es que además De Andrés, que declaró también como imputado hace unos meses, negó saber nada sobre la compra. Ocultar los cuatro millones de carga financiera supone, según fuentes jurídicas consultadas, un presunto delito de fraude a la administración y otro malversación de fondos.

Además, Martín Giraldo declaró que desconocía las otras tasaciones encargadas por Hacienda y desveladas por este diario, que estipulaban un precio de entre 39 y 41 millones de euros. Desmintió además lo declarado por uno de los responsables del prestigioso estudio de arquitectos Lamela, que diseñó el Perla Negra, y que admitió haber accedido al pliego de condiciones antes de que se hiciese público. “Se equivocó”, comentó Martín Giraldo, que además añadió que Urban estaba pensando en hacer un edificio de oficinas antes de saber del concurso y que barajó hasta tres parcelas.

El administrador de Urban Proyecta también tuvo que explicar por qué Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que modificó la sede del PP en Génova con dinero negro, y que obtuvo a dedo el contrato de 4,4 millones para dividir interiormente el edificio, pagó a la constructora y a varias sociedades de sus administradores 1,5 millones. Su versión es que Urban tuvo que encargarse de la obra civil cuando algunos responsables de la Junta decidieron que el edificio tenía que tabicarse y no ser un espacio abierto. Así, tuvieron que poner otras tomas de luz, nuevas salidas de aire acondicionado y otras mejoras. Pero Martín Giraldo no aportó un contrato con Unifica que justificase lo que decía. Tampoco Unifica ha remitido documentación semejante. Es más, los pagos fueron detectados por la UDEF.

Sobre el otro gran negocio realizado con la Junta, el alquiler de un palacete en Bruselas para establecer allí una sede comercial del Gobierno regional, Martín Giraldo no dio demasiados datos. Unos meses antes de firmar el alquiler, se encontró “en la puerta de embarque de Barajas” con el que era director general de Economía de la Junta, Víctor Valverde. Martín Giraldo le comentó que iba a Varsovia (es socio en una sociedad de polaca con Alberto Esgueva, imputado también en Perla Negra y además en la Trama Eólica, de la que obtuvo 47 millones) y Valverde le dijo que iba a Bruselas, dónde buscaba una ubicación para unas oficinas de la Junta. Casualmente, Martín Giraldo tenía allí un palacete, bajo el paraguas de una sociedad belga que compró un mes antes. Valverde nunca podrá confirmar la versión de Martín Giraldo, se suicidó hace unas semanas en el jardín de la finca familiar.

También desmintió haberse relacionado nunca con el consejero de Economía, Tomás Villanueva, al que quiso ver una vez en el despacho para firmar una renuncia al proyecto cuando se hicieron cambios con los que no estaba de acuerdo. Según Martín Giraldo Villanueva no le recibió, le entregaron el documento firmado. Villanueva, que iba a declarar el 27 de noviembre tampoco podrá aclarar si esto es cierto, falleció súbitamente el pasado 7 de septiembre.

Por último, a Germán Martín Giraldo le preguntaron si en alguna ocasión había efectuado pagos o regalos y aludieron a los correos que recibió del supuesto testaferro de Rafael Delgado en los que éste pedía la entrega de 220.000 euros antes de la compra de un piso. Los correos llegaron además a administradores y socios de empresas relacionadas con Martín Giraldo quién aseveró que no llegó a leerlos y que se los enviaron “por error”.

Martín Giraldo está representado por el exfiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, quien le amonestó en plena declaración por haber dado demasiados datos a preguntas que deberían  haberse formulado sólo para recibir una contestación positiva o negativa. La mayoría de las preguntas las realizó el juez instructor.