Ciudadanos sufre dos varapalos judiciales en apenas dos semanas y en plena campaña
Mientras Albert Rivera sigue con su agenda de actos de campaña de cara al 28A, la dirección nacional del partido ha sufrido dos varapalos judiciales casi seguidos y ha visto cómo los tribunales dictaban dos sentencias a favor de sendos militantes expulsados, a los que tendrán que restituir ahora como afiliados “de pleno derecho”.
El primer caso, como adelantó el diario.es, afecta a un militante de Madrid, Enrique Boto, que tendrá que ser readmitido como afiliado tras ser expulsado del partido en 2015. Fue acusado de cometer una “falta muy grave” por compartir datos del censo con otros compañeros por correo electrónico. Después de varios años de litigio, Boto ha ganado su pulso al partido. La sentencia del juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid obliga ahora a Ciudadanos a restituirlo como “afiliado de pleno derecho”.
La semana pasada, apenas unos días después, un exdirigente de la antigua cúpula en La Rioja, Enrique Echazarra, lograba también su readmisión definitiva en el partido como afiliado después de ser expulsado, acusado de enviar correos electrónicos contra la formación.
En este caso, la Audiencia Provincial es la que ha desestimado el recurso presentado por la dirección de Ciudadanos contra la sentencia dictada en junio de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Logroño a favor de Echazarra. Este juzgado declaró entonces “nula” su expulsión, que tuvo lugar en marzo de 2016, pero el partido no se dio por vencido. Ahora ya no caben más recursos.
Echazarra ofreció una rueda de prensa la semana pasada para mostrar su satisfacción y exigir “dimisiones” -como reclama también Boto-, por las responsabilidades derivadas de todo por lo que ha tenido que pasar.
Señala a una candidata al Congreso y a Hervías
El exdirigente riojano cree que una de las personas que tendrían que abandonar su cargo es María Luisa Alonso, exdelegada del partido en La Rioja y ahora candidata al Congreso. Echazarra la acusa de haber pedido su expulsión justo “al día siguiente” de que la Junta Directiva de Ciudadanos, de la que él formaba parte, exigiera información sobre la contratación de Alonso como auxiliar administrativo con cargo a los fondos del grupo municipal de Ciudadanos en 2015, algo que prohíbe a ley.
También pide la dimisión del secretario de Organización nacional, Fran Hervías, por ser el responsable de los expedientes que se abren a los afiliados.
El caso de Echazarra fue publicado también por eldiario.es, tanto cuando fue expulsado junto a sus compañeros de la cúpula del partido, como cuando decidió presentar una demanda contra Alonso por “malversación de caudales públicos”.
Entonces le reconocieron de “forma cautelar” como militante. Ahora, al perder el recurso, el partido debe readmitirlo. Además, exige que se reabran “todos los procesos electorales en los que, a todos los efectos, hubiera podido participar como afiliado, tanto de forma activa como pasiva”. Por su parte, Echazarra, se ha comprometido incluso a pagar “todas las cuotas que tiene pendientes”.
