Las empresas públicas de Madrid sirvieron al PP para lucrarse: controles más laxos y presupuestos millonarios

La 'administración paralela' de la Comunidad de Madrid se convirtió en un sumidero que engulló millones de euros de dinero público durante la época en la que la recién imputada Esperanza Aguirre fue presidenta regional (2003-2012). La investigación del caso Púnica que se sigue en la Audiencia Nacional ayuda a componer el retrato de cómo la corrupción, además de en las principales áreas del Gobierno autonómico, se inmiscuyó en empresas y organismos públicos dependientes de las consejerías. A pesar de sus presupuestos millonarios, estos entes tienen controles más laxos y, en ocasiones, su fiscalización tiene notables lagunas. Sus responsables desfilarán en calidad de imputados ante el juez Manuel García-Castellón en las próximas semanas.

Por otro lado, investigaciones periodísticas han destapado operaciones irregulares en Avalmadrid, la empresa semipública dedicada a la concesión de créditos sobre la que pesan sospechas de tratos de favor y uso de información privilegiada por parte de la hoy presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Aunque este caso no está judicializado, sí será objeto de una investigación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Los diputados fiscalizarán los créditos concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, incluido el concedido a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso por valor de 400.000 euros y que nunca se devolvió.

En las últimas semanas también se ha puesto en entredicho la entidad público-privada Madrid Network, considerado otro de los chiringuitos de Aguirre, y que tuvo en nómina como asesora entre 2008 y 2011 a Díaz Ayuso con un sueldo neto de 4.219 euros mensuales, según El País. Aurelio García de Sola, que fue presidente de esta entidad, acaba de ser imputado en Púnica por su gestión en otro de estos entes, el instituto público Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo, dependiente de la Consejería de Economía). El juez considera que cuando era gerente de esta entidad la utilizó como tapadera para recaudar dinero para las campañas electorales de Aguirre. Imade es también el organismo que controlaba Avalmadrid hasta 2010, cuando pasó a depender directamente la Consejería de Economía.

Pero Imade no es la única empresa pública sobre la que el juez García-Castellón ha puesto la lupa. El sumario que instruye en la Audiencia Nacional aporta indicios de desvío de fondos para “gastos particulares del PP” en la empresa pública de aguas (Canal de Isabel II), la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma) o la firma también 100% pública Arpegio, que está en el epicentro del caso desde el inicio de la investigación, que se remonta a 2014. El dinero público malversado habría acabado supuestamente en el PP de Aguirre, que ganó tres elecciones de forma consecutiva con mayoría absoluta (2003, 2007 y 2011).

Aunque las numerosas causas judiciales apuntan a que los mecanismos para desviar dinero al PP fueron distintos, la herramienta que dio cobertura al “saqueo”, siempre según el auto, fue la contratación de publicidad institucional. El “plan” que ha situado a Aguirre como imputada en esta causa tenía como piedra angular el amaño de contratos de promoción a favor de empresas que, a su vez, eran proveedoras de servicios electorales el PP madrileño. Esos contratos eran la coartada perfecta para establecer un sistema de facturas falsas con supuestos pagos por servicios no prestados que permitía desviar fondos hacia el partido.

El juez tiene indicios deque parte del dinero desviado nutrió la caja B del PP, gestionada entre 2006 y 2012 por el entonces gerente del partido en la Comunidad de Madrid, el también imputado Beltrán Gutiérrez. Otras cantidades habrían pagado “encubiertamente” actos de campaña o anuncios electorales en medios de comunicación que escaparon de la fiscalización del Tribunal de Cuentas e incluso acabaron directamente en el bolsillo de las personas que se situaron detrás de las “adjudicaciones amañadas” desde los distintos entes.

Presupuestos millonarios y laxos controles

Se trata en todos los casos de entidades con partidas millonarias y laxos controles. La de mayor presupuesto es el Canal de Isabel II, con un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros. El juez García-Castellón está investigando el amaño de contratos en sus campañas de publicidad, para lo que requerirá la declaración como imputado del expresidente regional Ignacio González, que presidió la empresa pública de aguas ente entre 2003 y 2012. El que fuera colaborador de Aguirre también está siendo investigado en el marco del caso Lezo, que le llevó a prisión durante seis meses por irregularidades en este mismo ente.

El magistrado también investiga irregularidades en la agencia de informática (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional. Este ente manejó presupuestos anuales de más de 150 millones de euros durante los mandatos de Aguirre y González. Según la investigación, su consejero delegado, José Martínez Nicolás, también imputado, recibió la consigna de recaudar fondos públicos amañando contratos a favor de empresas dispuestas a pagar por conseguir adjudicaciones.

Entre esas sociedades está Indra, que resultó beneficiada en las adjudicaciones de ICM con más de 15 millones de euros. El juez define a la tecnológica como “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido” y mantiene que camufló 1,13 millones de euros para campañas electorales de los populares. El auto del juez aporta indicios de que Martínez Nicolás se enriqueció gracias a estas prácticas y escondió sus “ganancias ilícitas” en paraísos fiscales. Los investigadores aportan como prueba una cuenta a su nombre en Liechtenstein que realizó un movimiento de medio millón de euros a otra a nombre de un empresario en en Suiza.

El juez también analiza irregularidades en la sociedad pública Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente), que recibía fondos de la Unión Europea. Según la investigación, se habría producido un quebranto de 923.736 euros para las arcas públicas por un contrato amañado de publicidad adjudicado a una firma Horacio Mercado, uno de los empresarios a los que el juez sitúa en el epicentro de la trama de financiación irregular del PP. Por esta adjudicación está imputado el gerente Carlos Rivero y Alfonso Granados –hermano de Francisco Granados– y que como trabajador del ente presidió la mesa de contratación.

Por otro lado, el sumario aporta indicios de desvío de fondos hacia el PP desde la Fundación Arpegio, entidad dependiente de Arpegio, la empresa pública que gestionaba el suelo de la Comunidad de Madrid y que estaba dirigido por Francisco Granados. La fundación manejaba un presupuesto anual de ocho millones de euros. Granados, que entonces era también consejero de Presidencia, aprovechó la inauguración de la Casa de Madrid en Argentina para desviar a través de este fundación 230.000 euros a una empresa de la trama utilizando facturas por conceptos “irreales” y “publicidad no realizada o sobrefacturada”.