Gallardón declarará en la Audiencia Nacional por su “pacto de silencio” con Ignacio González
Dos de cuatro. La mitad de los presidentes autonómicos de Madrid que ha tenido el Partido Popular ya tienen la condición de imputados por la Justicia. El juez Manuel García-Castellón citó este jueves a Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo, el mismo por el que fue a prisión provisional y permanece investigado Ignacio González. Ambos, a juicio del anterior fiscal del caso, firmaron “un pacto de silencio y cooperación” para ocultar presuntas operaciones fraudulentas en Latinoamérica con el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas, la gallina de los huevos de oro de la administración madrileña.
Ruiz-Gallardón apostó por que no tendría que ir a declarar como imputado y ha errado. “Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso”, dijo el pasado 15 de diciembre, después de comparecer durante una hora y media ante la comisión de investigación al PP de la Asamblea de Madrid. Ante los diputados autonómicos concluyó: “Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar”.
La respuesta de la Fiscalía Anticorrupción llegaba justo una semana después con un escrito anunciando que solicitaba la imputación de todo el Consejo de Administración de la empresa pública de aguas en la época de Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, incluidos sus consejeros de Economía y Medio Ambiente, Juan Bravo y Pedro Calvo, respectivamente, éste último también presidente entonces del Canal.
Del propio Gallardón decía que no podía decidir en ese momento porque no disponía del acta redactada en el Consejo de Gobierno que dio luz verde a la compra de Inassa, ni tampoco de la documentación que manejaron para adoptar esa decisión. El Ejecutivo autonómico autorizó en noviembre de 2001 la compra por parte del Canal de una empresa colombiana de aguas, Inassa, por 83 millones de euros, cuando su valor, sospechan los investigadores, era mucho menor. El cauce para la adquisición, el entonces paraíso fiscal de Panamá, abunda en las sospechas de fraude. De los 42 millones en plusvalías, 25 podrían haber ido a manos de los responsables de la operación.
Indicios reforzados tras el viaje a Latinoamérica
Ahora, la fiscal dispone de todos esos documentos, las primeras declaraciones ante el juez de varios consejeros de Gallardón y otras evidencias obtenidas durante su viaje de la semana pasada a Latinoamérica para investigar la compra de la colombiana Inassa.
El juez Manuel García-Castellón, la fiscal Ana Cuenca y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se desplazaron a Colombia, República Dominicana y Panamá para cerrar los flecos que permiten a la Fiscalía concluir provisionalmente que la compra de Inassa se realizó con un sobreprecio no justificado y que el Consejo de Gobierno, con Gallardón al frente, era al menos conocedor de las irregularidades, han informado a eldiario.es fuentes de la investigación.
El anterior fiscal del caso, Carlos Yáñez, había solicitado en noviembre de 2016 al entonces juez del caso, Eloy Velasco, que dirigiera el procedimiento contra Gallardón y su equipo de Gobierno para evitar la prescripción de los delitos. Bajo esa fórmula, los investigadores podían seguir indagando en las presuntas responsabilidades por la compra de Inassa sin que expirara la responsabilidad penal. Un año después, Yáñez solicitó volver a su plaza de Granada y el caso quedó en manos de su compañera Ana Cuenca, quien ha estudiado en solitario la causa desde el principio. Ahora, Cuenca ha respaldado la citación de Gallardón.
El caso Lezo arranca en Ignacio González y se retrotrae hasta la época de Ruiz-Gallardón. De tal manera que la investigación inicial sobre la compra inflada en 2013 de una empresa brasileña en tiempos de González lleva a los investigadores hasta 2001 y la adquisición de Inassa, en un operativo con el que establecen semejanzas. Gallardón niega haber abordado asunto alguno del Canal con Ignacio González desde que dejó la política, pero la Guardia Civil registró una reunión entre ambos enemigos irreconciliables el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, el responsable del Canal en Latinoamérica.
“Robaron 25 millones”
La investigación está trufrada de conversaciones telefónicas que apuntan a Gallardón, como la que mantienen González y Eduardo Zaplana el 11 de noviembre de 2016, ya siendo investigado el primero. “Gallardón compró una empresa en Panamá por 100 millones que no valía ni 30”, le dice el primero a su interlocutor. O la que mantiene Rodríguez Sobrino con un empresario colombiano apodado ‘Yuyo’ en un hotel de Madrid, mientras son grabados por la Guardia Civil. “A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao” (…) “A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10”.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”. Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario.
La citación de Ruiz-Gallardón se produce cuando Anticorrupción debe decidir aún si cita a Esperanza Aguirre en esa misma causa, en su caso por la adjudicación del campo de Golf del Canal de Isabel II en el centro de Madrid. Cristina Cifuentes es la única presidenta madrileña del PP que escapa al escrutinio de la Fiscalía en el caso Lezo, pero no en Púnica, causa instruida también por García-Castellón y en la que la Guardia Civil aprecia prevaricación y cohecho en la recién dimitida. Queda por ver hacia donde dirige otra Fiscalía, la madrileña, las investigaciones por la falsificación del máster de Cifuentes y si terminan afectándola.
