El Gobierno aspira a “consolidar” a los aliados de la investidura y “ampliar los apoyos” con Ciudadanos

Pedro Sánchez ha asumido que tendrá que “volver a empezar” en la negociación de la prórroga del estado de alarma que el Gobierno ve inevitable al menos hasta finales de junio, cuando se podrá reactivar la movilidad interprovincial con la entrada de España en la “nueva normalidad”. Ante la pérdida de apoyos en las últimas semanas, el Gobierno pretende “consolidar” a los socios de la investidura, entre ellos a ERC, que votó en contra del estado de alarma el pasado miércoles, pero también “ampliar apoyos” para distintas iniciativas, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado, con otras formaciones, especialmente con Ciudadanos, que ha manifestado su disposición a llegar a entendimientos con el gabinete.

El cambio de estrategia de Inés Arrimadas desmarcándose de PP y Vox al sentarse a negociar con Sánchez ha permitido al Gobierno contar con un nuevo aliado en el Congreso, al mismo tiempo que le sitúa en una situación delicada con sus socios parlamentarios, que le han advertido de que tendrá complicado mantener su respaldo si vira hacia el partido neoliberal. Por ahora el Ejecutivo sostiene que no hay un cambio en la política de alianzas si bien amplía el foco para poder llegar a entendimientos con Ciudadanos. De hecho, el presidente y Arrimadas mantendrán este martes una conversación, tal y como quedaron en el acuerdo para la prórroga del estado de alarma, en la que Sánchez pretende conseguir de nuevo el respaldo de sus diez diputados.

El Gobierno pretende que esa 'geometría variable' no le impida seguir contando con los apoyos de ERC, PNV o Más País, entre otras de las formaciones que hicieron posible la formación de Gobierno en enero. “Nuestro diálogo con las fuerzas que votaron la investidura es constante y fluido. Podemos coincidir o no en algún tipo de legislación que se plantee, pero nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras fuerzas políticas a que puedan poner su capacidad y talento a disposición de la ciudadanía y entre todos seamos capaces de conseguir el mayor consenso en leyes que están por venir como en los presupuestos”, ha afirmado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros. “Ojalá podamos ampliar esa esa mayoría”, ha expresado Montero, que ha celebrado que eso significaría que “la mayoría de fuerzas están mirando por el interés general” y “aparcando” cuestiones “partidistas”.

Durante la reunión de la Ejecutiva del PSOE este lunes, el ministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, defendió la necesidad de “reforzar” la relación con los aliados parlamentarios, especialmente con ERC. También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que los republicanos catalanes siguen siendo su aliados prioritario al descartar que haya un cambio de política de alianzas. No obstante, Montero ha dejado claro que el resto de formaciones están “invitadas” a buscar entendimientos y especialmente aquellas que ya han mostrado esa disposición, en referencia a Ciudadanos.

Con la llamada entre Sánchez y Arrimadas, el Gobierno retoma los contactos para negociar la quinta prórroga del estado de alarma que el PP ya ha anunciado que rechazará con su voto en contra. “No hay excusa para mantener a toda España en situación de excepcionalidad constitucional -ha asegurado Pablo Casado-. No se puede seguir confinando a toda la población sin tener alternativa jurídica”. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que el estado de alarma es la fórmula “más garantista” de mantener la limitación a derechos fundamentales como la movilidad o la reunión dado que tiene que contar con el visto bueno del Congreso mientras que otras fórmulas se decretarían únicamente desde el Ejecutivo. Hasta ahora en Moncloa aseguraban que la única manera de impedir los movimientos entre provincias -no previstos hasta la fase de “nueva normalidad” que no llegará antes de finales de junio- es el estado de alarma. Así, Montero ha confiado en el “sentido común” de las formaciones políticas para apoyar la próxima prórroga, que en la última votación salió adelante con 178 síes, aunque discursos muy críticos por parte de los aliados y una negociación contra reloj con Ciudadanos y PNV.

“No sé si lo que quiere decir es que se aleja del consenso internacional en que es fundamental poder salir del confinamiento de forma reglada y ordenada que permita prevenir la aparición de rebrotes -ha respondido Montero al líder del PP-. Se está produciendo una salida ordenada que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos; la forma más garantista que la Constitución prevé para que se puedan poner en valor los derechos a la salud con la restricción de los movimientos es el estado de alarma”.

Montero se ha preguntado “cómo puede ser que el principal partido de la oposición se niegue a usar” ese mecanismo: “Será porque entiende que mañana podemos salir sin orden ni control o bien porque entiende que tiene que ser el Gobierno y no el Congreso el que decrete la restricción de derechos fundamentales”. “El Gobierno no lo comparte”, ha zanjado.

Además, la portavoz ha trasladado la presión a los presidentes autonómicos del PP, que el Gobierno sostiene que tienen una sensibilidad distinta a la de Casado dado que están gobernando. “Imagino que los presidentes del PP que gobiernan comunidades saben perfectamente que este instrumento es fundamental, sino ellos tampoco serían capaces de restringir, de hacer posible que el comportamiento de la ciudadanía se adapte a la fase de desescalada que hemos ido planteando”.

En su intento por rebajar la tensión con las comunidades autónomas, la ministra de Hacienda ha asegurado que el fondo de 16.000 millones no reembolsable tendrá en cuenta a la hora del reparto la población y también el número de PCR realizadas, independientemente de que fueran positivas o no, tal y como le habían reclamado algunos gobiernos regionales. Así, ha añadido, se tendrán en cuenta aquellas comunidades que han atendido en domicilio o a las personas mayores que se han atendido en las residencias medicalizadas.

En el caso de la desescalada, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado a las comunidades a hacer propuestas de restricciones en la misma línea que ha hecho Euskadi, que tras pasar a fase 1 ha reducido las actividades previstas en el plan del Gobierno. “Cualquier comunidad que plantee restringir las medidas puede hacerlo y el Gobierno como principio general, permitirlo”, ha afirmado.