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El Gobierno argumenta que “no hay alternativa jurídica” al estado de alarma e inicia una última negociación con PNV y ERC

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Iñigo Aduriz / Irene Castro / Fátima Caballero

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El Gobierno está apurando los tiempos para tratar de salvar la votación de la nueva prórroga del estado de alarma prevista para mañana miércoles en el Congreso de los Diputados. Después de que el PP haya anunciado que no apoyará esa ampliación de la excepcionalidad –si bien no ha aclarado aún si su voto será un 'no' o la abstención–, todos los esfuerzos del Ejecutivo están centrados en intentar que los socios que le garantizaron la investidura le vuelvan a apoyar en el Parlamento, aunque también hay contactos con presidentes autonómicos del PP. El Gobierno sostiene que “no hay alternativa jurídica” al estado de alarma para restringir el derecho a la movilidad por el territorio español que recoge el artículo 19 de la Constitución, según el borrador de la solicitud de prórroga que aprueba este martes el Consejo de Ministros al que ha tenido acceso la Cadena Ser.

Fuentes gubernamentales explican que en las últimas horas se han intensificado las conversaciones especialmente con ERC y el PNV, una tarea que, según explican en Moncloa, está realizando directamente la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El Ejecutivo confía así en poder salvar la votación para mantener el mando único al menos hasta finales de mes.

Una de esas fuerzas, ERC, acordó el lunes votar 'no' durante la reunión de su dirección, al considerar que “el estado de alarma no es el mecanismo adecuado” y que “la centralización ha sido un error”. El PNV ha puesto condiciones para su apoyo. El líder del PNV, Andoni Ortuzar, se ha abierto a “un mando único compartido”, de forma que haya una cogestión con las comunidades autónomas, un pacto de aplicación del plan de desescalada adaptada a las diferentes autonomías, y una tutela por las autoridades autonómicas.

Gobierno: el estado de alarma permite reducir movilidad

Hasta ahora el Gobierno se ha negado a renunciar al mando único, pero se ha ido mostrando cada vez más abierto a estudiar las propuestas que lleguen de las autonomías con la intención de que las decisiones sean “consensuadas”, según figura en el BOE. No obstante, la última palabra la tendrá el Ministerio de Sanidad. El Gobierno también ha rechazado otras propuestas alternativas, como la del lehendakari Iñigo Urkullu de tramitar la desescalada a través de otras leyes, como la se salud pública de 1986, porque el Ejecutivo sostiene que no da el sustento jurídico necesario para restringir la movilidad entre provincias, algo que considera clave para reducir la expansión de la pandemia. Esa ley sí permite controlar a lo enfermos y a las personas que hayan estado en contacto. “El estado de alarma es el único instrumento constitucional que tenemos para poder garantizar la restricción de la movilidad”, afirmó Pedro Sánchez este sábado.

Y el resto de fuerzas nacionalistas e independentistas, cuyo voto sería decisivo si se confirma el 'no' de los populares, vinculaban su respaldo a que Moncloa garantice una mayor coordinación con las comunidades autónomas y ponga fin a la “recentralización” en competencias en materia de sanidad o educación –EH Bildu ha anunciado que negocia con otros grupos una enmienda al respecto– que a su juicio se ha llevado a cabo por parte del mando único del Gobierno. También han mostrado sus reticencias las comunidades autónomas no gobernadas por el PSOE.

Contacto con algunos barones del PP

Calvo se ha puesto en contacto con algunos gobiernos autonómicos gobernados por el PP. Fuentes gubernamentales sostienen que el partido de Pablo Casado no es un “bloque monolítico” sino que existen “distintas sensibilidades” y ven en los jefes de los ejecutivos regionales una actitud más proclive al entendimiento, a excepción de a la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así, también consideran que en las reuniones sectoriales del Gobierno con los ejecutivos autonómicos la actitud dista de lo que se traslada luego públicamente. En las filas socialistas dan por hecho que Casado se acabará absteniendo porque, como expresó este lunes el ministro José Luis Ábalos, tumbar la prórroga supondría “el caos” en plena pandemia.

Esta mañana, el PP confirmaba que no apoyará la prórroga del estado de alarma en la votación que se producirá mañana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el PP no ha decidido aún si el sentido de su voto será el 'no' o la abstención. “Ese anuncio lo hará el presidente Casado en el Congreso de los Diputados”, ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una entrevista en Telecinco.

Montesinos ha lanzado además un mensaje al Gobierno: “Este partido no va a aceptar amenazas, no vamos a aceptar chantajes del Gobierno. Somos leales a España y a los españoles. Menos amenazas, menos chantajes y más desligar los ERE del estado de alarma”, ha zanjado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha vuelto a rechazar la continuidad del estado de alarma pero se ha abierto a que siga activo 15 días más con el objetivo de “proteger a los ciudadanos” para que “la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías”. Ayuso ha asegurado que el estado de alarma debe acabar “lo antes posible” pero “con seguridad”.

Ayuso pide “un tiempo prudencial” para el Gobierno

La presidenta madrileña cree que el gobierno debe procurar “garantías” como evitar las aglomeraciones, “más flexibilidad para no tener que ir todos a las mismas horas y los mismos sitios”, limitar aforos y exigir medidas de autoprotección. El uso de la mascarilla debería ser obligatorio, ha defendido Ayuso. “Yo entiendo que la decisión del Partido Popular es o ahora o dentro de 15 días para dar un tiempo prudencial al Gobierno”, ha señalado Ayuso en una entrevista en esRadio en pleno debate interno en el partido.

La dirigente popular ha defendido, no obstante, que ya hay distintas leyes de Salud Pública de control sanitario para abordar la situación actual. “Hay normativa para seguir mientras tanto controlando la epidemia y que todo vuelva a la normalidad, sino, insisto, esto sí que es el caos. El caos ya existe. Cuando el Gobierno dice o esto o el caos, ¿de dónde se cree que venimos? Lo único que el caos está calladito y amordazado en casa”, ha criticado la presidenta madrileña.

Si finalmente todos estos partidos cumplen con sus amenazas y el Ejecutivo no consigue los votos necesarios para convalidar la nueva prórroga –lo que según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, generaría un “caos sanitario y económico”–, expertos constitucionalistas consultados por eldiario.es ya han advertido de que el Gobierno, además de perder ese mando único, se quedaría también sin la facultad para limitar los movimientos en toda España o para mantener el cierre de comercios.

Los analistas matizan, no obstante, que el rechazo del Parlamento no implicaría la derogación de los decretos económicos para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus aprobados en las últimas semanas por los sucesivos Consejos de Ministros.

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