Juan Ignacio Campos, un especialista en corrupción a punto de jubilarse, dirigirá la investigación al rey Juan Carlos

El teléfono de Juan Ignacio Campos sonó hace una semana para recordarle que tenía por delante el encargo más importante de su dilatada carrera. Al otro lado de la línea estaba Dolores Delgado, su compañera de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que esta vez le llamaba como jefa, desde la Fiscalía General para encomendarle una delicada misión: investigar si el rey Juan Carlos I cometió blanqueo de capitales y delito fiscal tras dejar el trono el verano de 2014.

Quienes han tratado a Campos describen a un técnico especializado en corrupción y delitos económicos, de perfil discreto, poco dado al protagonismo. En las últimas horas su nombre saltó a todos los medios de comunicación a través de una escueta nota de la Fiscalía para informar de que había sido designado por la propia Delgado para una tarea crucial. De “innegable complejidad técnica”, resumía en su habitual jerga institucional el comunicado del Ministerio Público.

Acostumbrado a lidiar con casos y protagonistas muy mediáticos, ahora Campos deberá husmear en las finanzas del exjefe del Estado, un territorio inexplorado en el que han asomado últimamente fundaciones panameñas, cuentas suizas y supuestos regalos millonarios a amantes. Una investigación a la persona cuyo nombre encabeza la redacción de la Constitución española. Al hombre que ha dado el visto bueno a todas las leyes que se han promulgado durante los primeros 40 años de la democracia, incluidas las que ahora servirán para investigarlo a él.

Los que han trabajado a su lado destacan, además de su discreción y de una gran inteligencia, su profundo conocimiento sobre los delitos económicos, en los que es un referente al que sus compañeros acuden a consultar.

El encargo le llega tras 42 años dedicado a la carrera fiscal, en la que ingresó en 1978, y cuando ya atisba la jubilación en el horizonte, sin mucho tiempo para hacer méritos en la institución.

Comenzó su andadura en Barcelona y se trasladó a Madrid en 1982, donde tras ocupar cargos en la Fiscalía provincial y en la Secretaria Técnica fue ascendido al Supremo en 1996. En 2005 fue nombrado fiscal de Sala de ese tribunal, el más alto escalafón en la carrera fiscal. Desde 2012 es el delegado para asuntos económicos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que Delgado lo ha puesto al frente de este caso precisamente por eso, por ser el especialista en delitos económicos en la cúspide de la Fiscalía. “Es un asunto económico y enrevesado”, apuntan, y por eso lo señalan como la mejor opción. Destacan su costumbre de estar “encima de todo”, que ha intervenido de una manera u otra en casi todos los grandes casos con delitos económicos que han pasado por el Supremo y hasta en los que ni siquiera han llegado a ese tribunal porque “es habitual que sus colegas le consulten, porque es un referente en estos temas”.

Un miembro poco activo de la UPF

Campos es miembro de la UPF de donde han salido Dolores Delgado y su número dos en la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, pero nunca ha sido un miembro activo en la asociación que agrupa a la corriente más progresista de una carrera con fama de conservadora. Una compañera suya destaca que no ha sido de los que más se ha significado en las reivindicaciones de la Unión Progresista de Fiscales en los últimos años. Otro colega subraya su “perfil más institucional” y su participación en algunos congresos y jornadas, poco más.

Durante sus cuatro décadas de ejercicio ha ido progresando con gobiernos de todo color. Fue Cándido Conde Pumpido quien, como fiscal general del Estado con el PSOE, le ascendió a fiscal jefe de Sala de lo Penal cuando decidió apartar de ese puesto a Eduardo Torres Dulce por “pérdida de confianza”. La maniobra convulsionó la carrera fiscal, la UPF tuvo que salir en defensa de su nombramiento y el PP llegó a denunciar “una limpieza ideológica”.

Las aguas pronto volvieron a la calma y Campos desarrolló su carrera en el Supremo y se mantuvo con fiscales generales de PSOE y PP. Es más, el ya fallecido José Manuel Maza le confirmó en su puesto a pesar de no ser el más votado en el Consejo Fiscal celebrado en febrero de 2017.

Tampoco es un habitual de la mesa-camilla del Supremo ni de los reservados con periodistas que frecuentan algunos de sus compañeros con altas responsabilidades en el ministerio público. “Es el mejor”, defiende un fiscal de larga trayectoria que conoce a Campos desde hace décadas. Sostiene que Delgado ha elegido la mejor opción posible: “Ha seguido el criterio más acertado, lo que no hicieron sus antecesores”. Se refiere a ponerlo al frente de la investigación con fiscales de apoyo “para que preparen papeles e interrogatorios”. Esos fiscales son su equipo habitual en el Supremo, entre los que están Jose Luis López Coig o Antonio de Cerro.

Tiene “una gran altura profesional”, sostiene otro fiscal, que ha ocupado altas responsabilidades en la carrera, y que defiende que Campos se ha encargado de coordinar en el Supremo todos los asuntos de delincuencia económica y que es un gran experto en corrupción. “Es el más progresista que hay en el Supremo”, añade, y defiende que “va a hacer una investigación seria y en profundidad”.

“No le va a temblar la mano”

Esa opinión sobre cómo será la investigación de Campos la comparte otro compañero de carrera, quien destaca que este encargo le llega “en el mejor momento posible”: pasa de los 70 años y está en el final de una carrera al que llega como uno de los máximos expertos de su materia. “No le va a temblar la mano sea cual sea la decisión que tiene que tomar”, señala esta fuente.

Insiste en su perfil discreto, alejado de esa figura del fiscal -o juez- estrella ávido de ganarse titulares periodísticos. “Es una persona muy tranquila”, “el mejor” fiscal posible para ocuparse de un caso tan delicado como este “por la persona a la que se investiga y por lo que supone para el país”.

Esa investigación se va a centrar en los hechos delictivos que hubiese podido cometer el rey Juan Carlos con posterioridad al año 2014, cuando abdicó en favor de su hijo. Todo lo anterior, por muy castigado que esté por la ley, no existe para la Justicia. El rey era inviolable y no se le puede investigar por nada que hiciera desde el trono.

La Audiencia Nacional, con el visto bueno del Ministerio Público, dejó claro en septiembre de 2018 que todos los actos y acciones previos a la fecha de su abdicación no están sujetos a responsabilidad penal. Así lo escribió el juez Diego de Egea en el auto en el que archivó la pieza del caso Villarejo en la que se investigaban las grabaciones en las que Larsen atribuye al monarca el cobro de comisiones por el AVE a la Meca y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.

Tendrá enfrente a otro fiscal

Por tanto, Campos y los fiscales de su equipo deben centrarse básicamente en los movimientos de dinero que se produjeron después de junio de 2014. Los delitos que rastrearán son blanqueo de capitales y delito fiscal. “Siempre en el plano teórico” y “de formar indiciaria”, sostiene fuentes judiciales, que se muestran especialmente cautelosas por lo delicada de la investigación y el sujeto de las pesquisas.

En caso de que la investigación prospere Campos ya sabe que tendrá enfrente a un excolega. Javier Sánchez-Junco ejerció como fiscal en la Audiencia Nacional hasta que decidió dar el salto a un despacho privado de abogados. El día que la Casa Real anunció que Felipe VI renunciaba a su herencia y le quitaba la asignación constitucional a su padre -casi 200.000 euros anuales, el comunicado también informaba de que Sánchez-Junco había sido designado como abogado del rey.

No es la primera vez que Campos se enfrenta a un caso de investigado ilustre con abogado de renombre. Como fiscal del Supremo se ha ocupado de coordinar acusaciones como la del caso Gürtel, tanto en la parte que se instruyó en un inicio en ese tribunal como en el recurso a la sentencia de la primera época. También se encargó del interrogatorio a Rita Barberá -cuya causa se cerró cuando falleció- o de coordinar el recurso sobre el caso Noos.