El PP usa la Eurocámara para cuestionar el confinamiento por la crisis del coronavirus con los votos de la extrema derecha

Algunos, con no poco desdén y un alto grado de severidad, le llaman la Corte de los Milagros cuando quieren referirse a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el único órgano al que llegan las quejas directamente de la ciudadanía europea, el único espacio en el que se atienden las iniciativas ciudadanas para intentar que las instituciones europeas presten atención a asuntos que suelen pasar inadvertidos.

Y, lo cierto, es que, a menudo, es la comisión en la que se reproducen querellas nacionales y se llega buscando amparo después de llamar a multitud de puertas. Si en la anterior legislatura se aprobaron peticiones para investigar la inmersión lingüística en Catalunya y el tratamiento informativo de TV3, en esta las peticiones empiezan a circular en relación con la gestión del Gobierno español de la crisis del coronavirus. 

La presidenta de la comisión de Peticiones es Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, y este martes se ha debatido una petición presentada por un ex diputado autonómico del PP catalán –la misma federación a la que pertenece Montserrat–. 

La petición, de un tenor similar a otras que están en camino alentadas por la derecha y la extrema derecha, permanecerá abierta, gracias a los votos de los populares europeos, ECR –Vox– y Renew –Ciudadanos–, con el fin de que la Comisión Europea y la comisión de Libertades del Parlamento Europeo “monitoricen” la situación y, en un futuro próximo, relaten sus conclusiones.  Socialistas y la Izquierda Unitaria han votado en contra de que la petición siguiera abierta, mientras que lo Verdes han hecho lo propio corrigiendo el voto inicial de su eurodiputada Margrete Auken a favor de mantener abierta la petición.

Sergio Santamaría Santiagosa, en su petición criticaba la “regresión en el ejercicio de los derechos fundamentales en España” por el estado de alarma; “las limitaciones en la libertad de movimientos por el estricto confinamiento de sus ciudadanos en sus casas” y  “una serie de decisions que afectan a la transparencia y el buen gobierno”.

El peticionario afirma en su queja que el Gobierno cerró el portal de Transparencia, reabierto hace dos semanas; que “se ha limitado severamente el control parlamentario por la ausencia de sesiones de control”, pero no dice que cada estado de alarma se ha ido votando cada 15 días en el Congreso; afirma que “la prensa ha sido limitada y las preguntas censuradas”, sin tener en cuenta que ese sistema de envío de preguntas previo de los periodistas tan criticado concluyó, más o menos, al tiempo que también hacía lo propio en la Comisión Europea.

En su discurso, Santamaría Santiagosa, como hizo también la portavoz de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, y la de Vox, Magali Aguilar, cuestionó la cifra de fallecidos oficial, si bien culparon de ella al Gobierno y no a las comunidades autónomas, que son las que las facilitan.

Una línea discursiva la del ex diputado autonómico que va de la mano de la pregunta que presentó la propia Montserrat hace una semana a la Comisión Europea.  “Dolors Montserrat denuncia ante la Comisión Europea el descuadre de cifras de fallecimiento por parte del Gobierno de España”, titulaba el PP la nota de prensa del 11 de junio pasado: “En una pregunta escrita enviada al Ejecutivo de la UE, Montserrat ha señalado que 'el gobierno español ha comunicado cifras sobre el número de fallecidos por Covid-19 que no coinciden con las cifras oficiales comunicadas por la OMS y por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades [ECDC, siglas en inglés]', agencia que depende de la Comisión Europea, y que 'estas cifras también difieren sustancialmente de las manejadas por instituciones públicas españolas como el Instituto de Salud Carlos III o el INE”.

Durante el debate en la comisión de Peticiones, la eurodiputada socialista, Cristina Maestre, ha afirmado: “La petición obvia el rigor científico y yo creo que es bueno preguntarle a los profesionales sanitarios si el quédate en casa no ha conseguido doblegar o doblar la curva de la pandemia. Dice que se limita el acceso a la información y la comunicación, pero e n poco más de 90 días, el presidente del Gobierno y sus ministros han realizado más de 180 comparecencias ante los periodistas, respondiendo a más de 1.600 preguntas en directo a todo tipo de medios nacionales e internacionales”.

La portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego, ha insistido: “Nos hallábamos ante una dicotomía gravísima en la que estaba en riesgo la vida de muchísima gente, y lo que han hecho muchos gobiernos de muchos países europeos ha sido pensar en el interés de sus pueblos, de nuestros pueblos, y tomar las medidas oportunas. Según un estudio reciente del Imperial College, gracias a estas medidas se ha conseguido evitar que hayan fallecido hasta 450.000 personas. Si tenemos un problema en España no es un problema de falta de libertad de prensa. Tenemos un problema con los bulos y con las fake news, que en muchos casos han estado sustentadas por algunos de los partidos de la derecha y de la extrema derecha”. 

Mazaly Aguilar, la eurodiputada de Vox, quien ha criticado al mando de la Guardia Civil reprendido por decir que se investigaba “las informaciones negativas” al tiempo que defendía los informes llenos de inexactitudes sobre el 8M, ha sido fiel al argumentario de su partido: “Es un clamor que el gobierno social comunista ha aprovechado la pandemia para vulnerar derechos básicos de los ciudadanos. Pido que antes de señalar a gobiernos con un respaldo enorme de sus ciudadanos, como son el de Hungría y Polonia, miren lo que hace un gobierno que ganó por la mínima y que sustenta su débil mayoría parlamentaria en los votos de fuerzas políticas anti españolas, terroristas y separatistas que sólo quieren destruir mi nación, España”. 

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa (UPyD) ha apoyado así la petición: “En una situación tan grave como la que hemos vivido en todo el continente, pero de forma especialmente grave en España por el número de fallecimientos, el Gobierno tiene que ser especialmente cuidadoso. En este caso creemos que las prácticas han sido deficientes y desde luego, en lo que se refiere al Centro de Investigaciones Sociológicas ['se ventilaba la posibilidad de un ministerio de la Verdad', ha dicho el peticionario] y a las cifras reales de fallecidos hay un déficit claro y creo que sólo por ese motivo convendría mantener la petición abierta”.