Los ocho días de negociación bipartidista en los que estalló la renovación del Poder Judicial
Las negociaciones comenzaron hace meses y se cerraron la segunda semana de noviembre. Aunque algunas fuentes apuntaban a un pacto entre PP y PSOE para que una mujer presidiera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), finalmente ambos partidos acordaron poner al magistrado Manuel Marchena al frente. El Gobierno aceptó el nombre propuesto por los negociadores del PP a cambio de tener mayoría de vocales progresistas (11 frente a 10). Este martes Marchena ha presentado su renuncia y los populares han dado por roto el pacto. El controvertido Carlos Lesmes tiene todas las papeletas para seguir al frente del órgano de Gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo.
Entre la noticia del acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos -con el nombre del presidente incluido- y su ruptura han pasado ocho días. Durante ese tiempo ha quedado en evidencia que el Consejo General del Poder Judicial se decide en pactos secretos entre partidos. La imagen de la injerencia política en la Justicia, en vísperas del juicio a los líderes del procés, y solo unas semanas después de la polémica sentencia sobre las hipotecas, ha dañado la credibilidad de una Justicia en horas muy bajas.
Por la parte del PSOE encabezó la negociación la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por el PP, Rafael Catalá, su antecesor en el puesto. Los contactos para renovar el CGPJ después de cinco años de mandato de Carlos Lesmes se intensificaron en la primera quincena de noviembre. Esta vez, en contra de lo ocurrido en otras renovaciones, el PP y el Gobierno decidieron cerrar el pacto en solitario sin contar con otras fuerzas políticas. Los negociadores del Ejecutivo se aseguraron 11 vocales progresistas de los 20 a cambio de que el conservador Marchena fuese el sucesor de Lesmes.
Marchena, una exigencia del PP que el Gobierno aceptó
El PP, que ahora achaca al Ministerio de Justicia la filtración del nombre de Marchena, se apresuró a alabarle ese mismo día en que se supo que optaba a presidir el CGPJ. “Marchena es uno de los mejores juristas de España”, dijo el presidente del PP, Pablo Casado. Su partido acababa de cerrar un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, que unos días antes había anunciado que rompía relaciones con el propio Casado por llamarle golpista. “El PP nunca romperá relaciones por responsabilidad con el partido que ahora está al frente del Gobierno”, contestó Casado.
Los dos grandes partidos acordaron el nombramiento del presidente del CGPJ cuando la ley reserva esta facultad los vocales de ese órgano y cuando estos ni siquiera habían tomado posesión. PP y PSOE volvieron a retorcer la norma, como ya habían hecho en otras ocasiones, para dar a los nuevos integrantes del CGPJ el nombre de a quien, en teoría, debían proponer y votar ellos.
Las asociaciones judiciales salieron entonces en tromba a criticar la negociación partidista -reivindican desde hace años que los propios jueces elijan a los vocales del CGPJ- y en concreto la elección anticipada del presidente del Poder Judicial. La Asociación de jueces Francisco de Vitoria anunció incluso que recurriría ante la Justicia el nombramiento de Marchena.
Goteo de nombres y exclusión de Rosell
El mismo lunes en que se conoció el nombre de Marchena finalizó el plazo para presentar los nombres de los ocho vocales que tiene que aprobar el Congreso y también se conocieron, con cuentagotas, algunos de los propuestos para ser validados por el Senado. Entre los nombres, el ponente de la sentencia de Gürtel -José Ricardo de Prada-, propuesto por el PSOE, y los exportavoces de Justicia del PP en el Congreso y en el Senado.
El PSOE se comprometió en un inicio a incluir a un vocal propuesto por Podemos entre sus 11 nombres. Los de Pablo Iglesias habían criticado duramente el sistema de elección del CGPJ, pero ante la imposibilidad de cambiarlo decidieron tratar de colocar a Victoria Rosell, jueza y exdiputada de Podemos, además de dar su visto bueno a otros nombres. Sánchez e Iglesias se reunieron el mismo día 12 en Moncloa. Aunque no se cerró nada, fuentes del Ejecutivo mantenían abierta la posibilidad de incluir a Rosell en la lista del Senado.
La negociación se truncó. Un día después de ese encuentro, eldiario.es publicó que Victoria Rosell se quedaba fuera del nuevo CGPJ. El Gobierno daba por cerrada la lista de 20 nombres en la que no estaba la magistrada. Rosell contó públicamente que su nombre había estado hasta el último momento sobre la mesa y lamentó el desenlace de las negociaciones: “Me decepciona más el que cede que el que presiona”.
Ciudadanos, por su parte, renunció desde un inicio a participar en la negociación. El partido de Albert Rivera siempre han criticado “el reparto de puestos” del Poder Judicial entre partidos y de hecho, en su pacto de gobierno que firmaron con el PP en 2016 acordaron sustituir ese sistema por uno de elección entre los propios jueces. Nunca se avanzó en esa reforma.
Un mensaje con argumentario que echó todo al traste
El acuerdo se cerró finalmente entre PP y PSOE sin dar entrada a ningún otro partido. Los votos de estas dos formaciones son suficientes para alcanzar la mayoría de tres quintos y renovar el Poder Judicial sin concurso de ningún otro grupo. El pasado viernes comparecieron los candidatos que debe votar el Congreso en una comisión en la que tan solo De Prada recibió algún ataque moderado por parte de los diputados del PP.
Algunos medios de la derecha vieron en ese pacto una cesión a la izquierda y a los independentistas. Parte de ese argumentario se basaba en la mayoría progresista que iba a tener el CGPJ. Los mensajes en esa línea también aludían a la salida de Marchena del tribunal que tiene que juzgar el 1-O. “Golpe en el Supremo” o “soviet judicial” son algunos de los comentarios con los que Federico Jiménez Losantos ha resumido la conclusión que una parte de la derecha mediática sacó del acuerdo.
Con todo encarrilado, el español.com publicó este lunes el WhatsApp que Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Cámara Alta, había enviado a los senadores del partido. En el mensaje, enviado a un grupo en el que había decenas de parlamentarios, Cosidó explica las bondades del acuerdo para tratar de enterrar cualquier atisbo de cesión en las conversaciones con el Ministerio de Justicia. Una parte del partido no las tenía todas consigo.
Por eso a través de ese sistema de mensajería, Cosidó contaba al resto de senadores que su partido había renegociado un acuerdo que en principio era perjudicial para ellos hasta conseguir un presidente que iba a controlar “la Sala Segunda desde detrás”. Se refiere a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que investiga, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan a políticos aforados y que actualmente preside Marchena que juzgará a los líderes independentistas. Además, Cosidó se felicitaba por haber sacado a De Prada de la Audiencia Nacional y haber conseguido más vocales de los que correspondían a su partido.
El mensaje de Cosidó constituía una respuesta clara a las informaciones que publicaron algunos medios -que influyen mucho en el PP- sobre el acuerdo. “Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado”, escribió al resto de senadores uno de los hombres más cercanos a Casado. El mensaje acabó en un medio de comunicación y agravó la crisis generada por el reparto político del CGPJ.
Marchena renuncia y se rompe el pacto
Este martes Marchena ha anunciado que se aparta. En la carta señala que nunca ha entendido “la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política”. El presidente de la Sala segunda renuncia así a ser el candidato de PP y PSOE a presidir el CGPJ una semana después de conocerse su nombre y 24 horas después de la publicación del WhatsApp de Cosidó.
La consecuencia de esa renuncia es que todo el pacto ha saltado por los aires. El PP da por roto el acuerdo con el PSOE y acusa a la ministra de Justicia de haber filtrado los detalles de la negociación, nombres incluidos. Hasta que no dimita, ha afirmado Javier Maroto, no habrá acuerdo. El presidente del Gobierno ha contestado que es Cosidó quien debe dimitir.
Con la negociación rota entre ambos partidos, el Congreso mantiene para el jueves la votación de los ocho candidatos a vocales del CGPJ. El PP ha retirado su firma de esa lista, pero si el PSOE la mantiene se someterá a votación. Los populares también han presentado en el Senado una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales de la carrera judicial sean elegidos directamente por los jueces, en contra de lo que recogía el pacto firmado por ambos partidos hace tan solo una semana.
