El PP fracasa en todas las estrategias para frenar a Ciudadanos a un año de nuevas elecciones

En la sexta planta de Génova 13, la sede nacional del PP, ya no saben qué hacer. Todas las estrategias planeadas para remontar tras la debacle electoral en Catalunya y frenar el ascenso de Ciudadanos o se han torcido o han encontrado en el partido de Albert Rivera al verdadero beneficiario. Su apuesta por marcar distancias con Ciudadanos en el asunto de la prisión permanente revisable al calor de casos muy mediáticos como el de Diana Quer o el pequeño Gabriel no ha calado. La aplicación del artículo 155 en Catalunya la capitaliza Ciudadanos y el mensaje de la recuperación económica no es suficiente, tal y como evidencian los sondeos.

El entorno del presidente Mariano Rajoy se aferra al principal activo del PP, la militancia, esa base social con la que de momento no pueden soñar los nuevos partidos. “Ni el PSOE ni el PP pueden derrumbarse ni por Ciudadanos ni por Podemos, tienen una militancia que no la tiene el resto de partidos”, aseguran en la dirección nacional. “El PP es un partido con mucho músculo, va a aguantar todo y va a salir adelante”, defienden las mismas fuentes.

El mensaje se lanza pocos días después de la dimisión de Cifuentes, el último lío -usando la terminología del propio Rajoy- que ha sacudido al partido sumiéndolo en una profunda depresión. El espectáculo del máster arruinó la convención de Andalucía que pretendía ser el lanzamiento de la precampaña hacia las municipales y autonómicas, donde el PP se juega gran parte del poder territorial que aún mantiene. Uno de sus feudos claves que gobierna desde 1995 está ahora amenazado. En apenas un mes, Cifuentes ha pasado de estar en las quinielas para relevar a Mariano Rajoy a ser un cadáver político.

La economía

Rajoy inició el curso político con la firme decisión de agarrarse a la mejora económica como idea fuerza sobre su capacidad de gestión en tiempos difíciles. Frente a este argumento, el PP ha encarado el debate de presupuestos con dudas. insinuando que podrían gobernar sin necesidad de llevar unas cuentas nuevas al Parlamento. A principio de año, la formación conservadora tanteó las opciones de tirar hacia delante sin someter sus plantes económicos al duro examen de un Parlamento en el que sin Ciudadanos no son nada. En febrero, los asesores de Rajoy empezaron a difundir la idea de que podrían superar el año a base de decretos-ley y sin necesidad de un nuevo plan presupuestario. La opinión pública se les vino encima.

La oposición extendió la idea de que no presentar presupuestos era una manera de sortear la Constitución. Moncloa tardó unas semanas en variar su estrategia y Montoro se vio en la obligación de redactar un proyecto económico. Tras el cambio de opinión, los argumentarios de la formación conservadora se llenaron de palabras como “estabilidad”, “crecimiento”, “responsabilidad” para involucrar a Ciudadanos. La formación que lidera Rivera asumió el encargo y se ofreció una vez más como apoyo imprescindible para un Rajoy a quien cada vez que va a una votación le recuerdan el exiguo resultado obtenido en las últimas elecciones generales.

Ciudadanos, siempre dispuesto a que el PP no se ahogue del todo para no ahuyentar a ese electorado que baila entre las distintas opciones del centro-derecha, exigió primero a Rajoy la cabeza de una senadora casi desconocida, a cambio de su apoyo a las cuentas. Tras muchas dudas, la dirección del partido envió a Pilar Barreiro al grupo mixto. La parlamentaria del PP estaba marcada por la investigación del Caso Púnica y Rivera aprovechó la ocasión para tratar de venderse como la regeneración que necesita el país sin amenazar los Gobiernos populares.

En la tramitación del proyecto de presupuestos, que finalmente sí llegó a la Cámara, el PP se acabó encontrando otro obstáculo inesperado: los pensionistas. Las cuentas de Montoro planeaban una pequeña subida para las pensiones mínimas, mientras la oposición pedía una subida generalizada, paralela al IPC. El Partido Popular no supo anticipar las multitudinarias protestas organizadas por abuelos de media España en las principales ciudades. En Génova saltó otra alarma más: “Eran nuestros votantes y estaban enfadados”, asegura uno de los dirigentes de la formación conservadora. Finalmente, ha tenido que hacer un gesto en las cuentas de 2018, revalorizando de acuerdo con el IPC, algunas de esas pensiones. Ciudadanos y PNV, que se ha abierto a apoyar las cuentas a la vista de que puede haber un nuevo Gobierno en Catalunya el próximo mes y el previsible levantamiento del artículo 155, se disputan la autoría intelectual de la propuesta.

Prisión permanente revisable

A comienzo de año los estrategas del PP decidieron rescatar uno de los debates que más les convenía, según todas las encuestas. Su defensa de la la prisión permanente revisable, que introdujo en solitario en 2015 y que está pendiente de un recurso en el Constitucional, fue la baza que esgrimió el PP para castigar a Ciudadanos, que en su acuerdo para investir al PSOE había reclamado su derogación urgente. Mientras medio país asistía en vilo a las noticias sobre las pesquisas sobre la detención del presunto asesino de Diana Quer, los populares llevaban a los padres de víctimas de jóvenes asesinados al Congreso de los Diputados. En aquella comparecencia se anunciaron manifestaciones y críticas feroces a la postura de la izquierda en torno a la derogación de una medida que estaba en vigor cuando se produjeron alguno de aquellos brutales crímenes.

Ciudadanos pasó entonces de pedir la supresión de la ley a abogar por su endurecimiento mientras la oposición persiste en su derogación en el Congreso. El debate no llegó a calar en la sociedad española. Y esta misma semana los populares han intentado sumarse a la ola de indignación que recorre España tras la sentencia que absuelve de agresión sexual al grupo La Manada, cinco hombres que violaron a una joven en los Sanfermines en 2016. El Gobierno ha reaccionado de inmediato: se anunció una revisión del código penal, culpando al PSOE de Felipe González por la tipificación de delitos sexuales de 1995. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, evitó en su comparecencia cualquier alusión a todas las veces en las que su partido reformó el Código Penal sin tocar la calificación de dichos delitos. De momento no ha detallado en qué consiste su propuesta. El resto de los principales partidos se han abierto a colaborar en esa modificación.

Catalunya

La gestión del problema político con Catalunya, un asunto que siempre ha beneficiado electoralmente al PP, esta vez se le ha torcido en favor de Ciudadanos. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las elecciones de diciembre situaron a la formación de Rivera como la preferida por el electorado, sin lograr deshacer la hegemonía del bloque independentista. El PP quedó por detrás de la CUP. Otro fracaso de Rajoy.

Tras meses de bloqueo, la ingobernabilidad en Catalunya es medida en Moncloa como otra losa para el partido. Como con el 155 vigente, el PNV no está dispuesto a aprobar los presupuestos del Gobierno, el PP es ahora el primer interesado en que el independentismo se ponga de acuerdo y eche a andar un Gobierno en el Palau de la Generalitat.

En medio de todo eso, las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que afirma que la Generalitat no usó dinero público para financiar el referéndum, el argumento que esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena para pedir la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, por malversación, ha abierto otra brecha más con Ciudadanos, que carga contra el Gobierno porque en su opinión ha allanado la estrategia legal de los independistas.

Esta última polémica se suma al revés judicial después de que un tribunal alemán se negase a extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión.

Cifuentes, en el peor escenario

Pero lo peor estaba por llegar. El caso del máster falsificado de Cristina Cifuentes le ha llegado al Partido Popular cuando trataba de empezar la maniobra de despegue hacia la campaña de las autonómicas y municipales de 2019. Tras aguantar casi un mes, Mariano Rajoy acabó por decidirse y exigió la cabeza de la dirigente madrileña. El PP se aventura en Madrid a preparar las elecciones autonómicas desde una gestora, sin candidato conocido y, una vez más, con Ciudadanos como actor fundamental de las cosas que le suceden a Rajoy.

Los populares asumen desde el pánico, lo que queda hasta las elecciones autonómicas. La situación en el que ha sido uno de sus principales graneros de votos durante 30 años es catastrófica.“Estamos tan mal que va a ser imposible convencer a un ministro para que se sacrifique y encabece la candidatura. La victoria se presenta muy difícil”, asegura uno de sus dirigentes.

Las elecciones autonómicas tienen su peso específico pero, además, marcan el inicio de la campaña hacia las generales. Con Ciudadanos creciendo en cada encuesta y sin haber abordado el problema sucesorio, el Partido Popular se aventura en un tiempo político en el que tienen una única certeza: ninguna de sus estrategias anteriores ha servido de nada. Y alguna de las más ambiciosas se le ha vuelto en contra.