La derrota del 28A obliga a Casado a sacar a Levy y Lacalle del Congreso para dar sueldos a Echániz y Mari Mar Blanco
En el Partido Popular colean los estragos de la derrota de las elecciones generales, tras lograr el peor resultado de su historia al quedarse con 66 diputados en el Congreso –menos de la mitad de los 134 que obtuvo en 2016– y perder la mayoría en el Senado. Dos semanas después de los comicios y a 12 días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, Pablo Casado se ha visto forzado a reorganizar el reparto de escaños para asegurar un salario público a algunos de sus fichajes que no lograron representación el 28A.
La dirección popular ha decidido este jueves sacrificar a dos personas de la máxima confianza de Casado que fueron en los primeros puestos de la candidatura por Madrid, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy –fue la número seis–, y el gurú económico del partido, Daniel Lacalle –el cuatro–, que casi simultáneamente anunciaban a través de las redes sociales su renuncia al acta que lograron en las generales.
Con su salida se incorporarán al nuevo hemiciclo el exconsejero madrileño José Ignacio Echániz –que iba en el octavo puesto– y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco –en el decimosegundo–, porque así lo ha decidido la dirección popular, que ha pedido a Levy y Lacalle que les cedan sus actas.
Echániz y Blanco cobrarán, como mínimo, el salario base que corresponde a todos los diputados y que asciende a 2.842,01 euros mensuales, una cantidad que podría incrementarse en el caso de que la dirección del Grupo Popular decidiera darles algún puesto de responsabilidad en el nuevo Parlamento, bien presidiendo o bien formando parte de las portavocías de las distintas comisiones.
“Madrid es mi prioridad”
A diferencia de los nuevos diputados, tanto Levy como Lacalle tienen asegurado un sueldo. La primera cobra del PP como vicesecretaria y, además, concurre a las elecciones municipales como número dos de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid –“Madrid es mi prioridad”, aseguraba, en un mensaje en su página personal de Facebook– que encabeza José Luis Martínez Almeida, por lo que su elección está asegurada. Levy pasa así de ser diputada en el Parlament de Catalunya a apostar su carrera a la política local madrileña.
Lacalle compagina, por su parte, el trabajo como economista jefe en Tressis Sociedad de Valores con la docencia en distintos institutos privados y como consultor para varias empresas, además de ser el responsable económico de la Fundación Concordia y Libertad. Esta fundación depende del PP, fue creada por Casado y la preside Adolfo Suárez Illana. Considerado del sector aznarista y ultraliberal del partido, Lacalle es también el principal asesor económico del líder popular.
Echániz y Blanco, en cambio, se habían quedado sin sus respectivos sueldos de diputados al no lograr entrar en el nuevo Parlamento. Ambos llevan lustros ligados a la política, donde han ejercido distintos puestos.
Médico de profesión, Echániz acumula cargos públicos desde 1987, cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara. Posteriormente fue diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha y asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado (V Legislatura). Entre 1996 y 1999 fue diputado por Madrid en el Congreso, renunciando en julio de ese año al escaño al pasar a formar parte del gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, en el que ocupó la Consejería de Sanidad.
De hecho, conseguir escaño de nuevo le librará por ahora de ser imputado en la Audiencia Nacional por el caso Lezo. La investigación por la compra de la empresa colombiana Inassa durante el Gobierno de Gallardón derivó en la imputación de todos sus consejeros porque aprobaron esa operación, pero Echániz se libró al ser aforado en el Tribunal Supremo.
Consejero en Madrid y Castilla-La Mancha
En 2003 concurrió en las listas del PP a la Asamblea de Madrid, y resultó elegido diputado. En las elecciones generales de 2004 se presentó como número dos de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Guadalajara y obtuvo escaño, siendo además elegido como portavoz popular en la comisión del Pacto de Toledo. En 2008 volvió a lograr ser diputado por Guadalajara y fue designado portavoz del grupo popular en la comisión de Trabajo y Empleo.
En 2011, tras el triunfo del PP en Castilla-La Mancha, fue designado por la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, consejero de Sanidad, cargo que mantuvo hasta 2015 cuando volvió a concurrir a las elecciones generales logrando de nuevo escaño, al igual que en 2016.
Blanco, hermana del exconcejal popular Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA en 1997, es diplomada en Turismo y su primer cargo político lo logró hace diez años. En 2009 fue elegida diputada del Parlamento vasco, escaño que mantuvo hasta 2012. Dos años después fue nombrada presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo en sustitución de Maite Pagazaurtundua y desde 2016 era diputada en el Congreso.
Ambos estaban convencidos de que resultarían reelegidos en las generales del 28A, pero el batacazo de su partido especialmente en Madrid, donde el PP quedó relegado a tercera fuerza, les dejó fuera del nuevo hemiciclo hasta la renuncia de este jueves de Levy y Lacalle que les permitirá volver a ser diputados.
Las pérdidas
Sus casos evidencian las estrecheces económicas que ya nota el PP tras la debacle en las urnas y que afectan también a un centenar de dirigentes que contaban con ser elegidos como diputados o senadores.
Las cuentas del partido se verán dañadas por la derrota. Los populares perderán 257.430 euros al mes resultantes de las subvenciones que obtenían en el Congreso y el Senado por cada representante en cada una de las cámaras. Si desde las últimas generales de 2016 ingresaba 225.432 euros al mes por sus 137 diputados, ahora le llegarán 108.602 euros, 1.645,49 por cada uno de sus 66 escaños en la Cámara Baja.
En cuanto al Senado, que otorga una subvención de 1.900 euros al mes por senador, pasa de 130 a 56, con lo que cae de 247.000 a 106.400 (pierde 140.600 euros).
Esta situación pone en peligro la permanencia de los 451 trabajadores que el PP aseguraba mantener en nómina en las últimas cuentas anuales colgadas en su página web, correspondientes a 2017.
