Sánchez vive su peor día de campaña tras chocar con la Fiscalía por insinuar que ordenó traer de vuelta a Puigdemont

Pedro Sánchez vivió este miércoles el peor día de su campaña electoral. El endurecimiento de su posición frente al independentismo llevó al presidente en funciones y candidato a sugerir que había dado instrucciones a la Fiscalía para que se solicitara al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la reactivación de la euroorden contra Carles Puigdemont. 

Sus palabras, en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que recordó que la Fiscalía depende del Gobierno para explicar cómo pretendía cumplir su promesa de traer e Puigdemont de vuelta, cayeron como un jarro de agua fría a los fiscales y el pánico se adueñó durante horas de las filas socialistas hasta que el presidente en funciones se vio obligado a matizar sus palabras a través de Twitter. El PSOE trata de zanjar la polémica y dejar atrás el peor error de una campaña que ha pretendido en todo momento escenificar el perfil presidencial de Sánchez. 

Todo había empezado en el debate televisado del pasado lunes donde Sánchez decidió competir con PP y Ciudadanos en firmeza contra el independentismo dentro de su estrategia para captar a los votantes que huyen de Ciudadanos. “A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española”. En la entrevista radiofónica de este miércoles, Sánchez sugirió que había dado órdenes a la Fiscalía para que se activara la euroorden para la extradición. “¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está”, respondió visiblemente incómodo. 

La afirmación revolvió a los fiscales, que a través de las asociaciones emitieron comunicados muy críticos con el presidente en funciones. “El Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al/a la Fiscal General, que quede claro”, dijo la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La propia Fiscalía General del Estado salió a reivindicar su autonomía en una nota informativa: “Todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales [en la causa del procés] se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.

Para ese momento, Sánchez ya había matizado sus palabras a través de un tuit en el que mostró su respaldo a la actuación del Ministerio público. 

Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019

Antes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, había tratado de explicar sin mucho éxito la posición de Sánchez. “Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que, encuadrado en el ámbito del Poder Judicial no es Poder Judicial –explicó–. El Fiscal General del Estado, ¿quién lo nombra? El Gobierno, y en el resto de democracias, también. Tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal de las democracias de todo el mundo”. La propia Calvo había ido un paso más allá hace unos días al asegurar que “no se entendería” que Bélgica no extraditara al expresidente catalán y que el Gobierno español estudiaría “decisiones” si eso ocurriera. 

La posición expresada estos días por el Ejecutivo contrasta con la que mantuvo hace unos meses, cuando se escudaba precisamente en la autonomía de la Fiscalía para explicar que no podía hacerle cambiar de posición respecto a la acusación por rebelión a los líderes independentistas. A diferencia de la Abogacía del Estado, que sí debe obediencia al Gobierno, y a la que dio instrucciones para acusar por sedición, la tesis que finalmente se ha impuesto en la sentencia del Supremo.

“Un error”

En las filas del PSOE, las palabras de Sánchez se consideran una “metedura de pata”, según varios dirigentes consultados, en un mal momento por la cercanía de las elecciones, en las que temen que cualquier error penalice. Y la declaración cayó todavía peor cuando se conoció que el Reino Unido había rechazado tramitar la euroorden contra la exconsellera Clara Ponsatí al considerar la petición “desproporcionada”. “Se ha puesto en primera línea de fuego respecto a decisiones judiciales extranjeras que no dependen del Ejecutivo y sobre las cuales no hay margen de maniobra”, lamenta un alto cargo socialista el resbalón de su candidato. 

En la cúpula del PSOE tratan de pasar página y reconocen que Sánchez cometió un “error”, que atribuyen al cansancio, al pronunciarse en esos términos en la radio pública y que sus rivales han aprovechado. Pablo Casado ha asegurado que entiende la “indignación lógica” de los fiscales, pero a renglón seguido ha preguntado a Sánchez por qué no actúa contra Quim Torra si presume de que el Gobierno “manda sobre la Fiscalía”. Albert Rivera ha acusado al socialista de “echar por tierra el trabajo” de jueces y fiscales. 

Sánchez ha mantenido su agenda de campaña ajeno a la polémica, que ni siquiera ha mencionado en los mítines que ha protagonizado en Córdoba y Málaga. “Tenemos que quitarnos el principal problema de nuestro país que es el bloqueo”, dijo sin salirse del guión que despliega estos días. “Si algo ha quedado meridianamente claro después del debate es que votar al PSOE significa votar útil y votar valiente”, expresó en un acto en el hotel Hesperia de Córdoba ante unos 200 militantes: “Eso es el voto al PSOE, un voto útil para tener Gobierno. Votar al resto de formaciones es impedir que haya Gobierno en España”.

El PSOE ha asumido, no obstante, que sus resultados serán similares a los del 28 de abril y los socialistas ven ya que tienen poco margen de maniobra, aunque sus esfuerzos están dirigidos desde el debate electoral a convencer a los indecisos moderados que creen que pueden inclinar la balanza en su favor. 

El PSOE cree que el crecimiento del PP se ha estancado ante el auge de Vox en la recta final de la campaña, aunque temen también que la extrema derecha acabe quedándose con algunos escaños en lugares como Castilla y León que creían que podían caer de su lado por la debacle de Ciudadanos. Por eso Sánchez centra sus intervenciones en el despegue de la “ultraderecha” para activar a los suyos –fue el principal elemento de movilización de la izquierda hace seis meses– y para atacar a Casado y Rivera por “blanquear” a la formación de Santiago Abascal. 

“Votar al PSOE es un voto útil y valiente porque frente a una ultraderecha envalentonada por sus pactos con la derecha vemos a PP y Ciudadanos acobardados”, agregó. “Esa valentía contra la ultraderecha la vamos a demostrar los socialistas”, zanjó Sánchez, que puso rumbo a Madrid para afrontar las 48 horas que quedan de campaña y que le llevarán a Los Álcázares (Murcia), Castellón, Alcalá de Henares y Barcelona, donde cerrará por primera vez la campaña.