El PSOE fija sus retos tras los primeros cien días: derogar lo más lesivo de la reforma laboral y la cárcel para piquetes

El Gobierno de Pedro Sánchez se lanza a conmemorar sus primeros cien días en el Gobierno y su propia supervivencia en un escenario imposible. Con solo 84 de los 350 diputados ha logrado sacar adelante sus tres primeros decretos en el Congreso, el más relevante para devolver la sanidad universal que el Gobierno del PP quitó a los inmigrantes sin papeles en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Los socialistas celebran que siguen vivos y que su líder sigue en La Moncloa, algo que ni siquiera soñaban hace cuatro meses. Conscientes de esa fragilidad parlamentaria, el partido se fija un programa de mínimos para sacar adelante durante el próximo período de sesiones. El foco está puesto está puesto en la recuperación de los derechos laborales cercenados en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Además de la estrategia que establezca Moncloa a través de los ministerios, y la negociaciones que se han acelerado con Podemos para lograr un acuerdo para noviembre, los socialistas pretenden impulsar propuestas en materia de derechos de los trabajadores que ya están tramitándose en el Congreso a través del grupo que dirige Adriana Lastra.

La primera y más relevante es la reforma laboral. El presidente, Pedro Sánchez, admitió al poco de llegar al poder que no cuenta con suficiente respaldo para derogar al completo la implantada por el PP pero se comprometió a acabar con sus “aspectos más lesivos”. Los socialistas esperan recabar apoyos para lograr que los trabajadores de las empresas subcontratadas tengan las mismas condiciones que los contratados y acabar con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los demás.

Esas dos iniciativas ya están en el Congreso y hay bastantes bases para el acuerdo. Solo el PP se opuso a la tramitación en el Congreso de la iniciativa para obligar a las empresas a dar los mismos derechos a todos los trabajadores (contratados y subcontratados). Ciudadanos se abstuvo.

Para restablecer la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa hay también bastante consenso. Igual que para recuperar la ultraactividad de los convenios –la reforma laboral supuso una desprotección para los trabajadores cuyos convenios caducaban y la Justicia se ha posicionado en contra de esa medida en la que los agentes sociales han tenido bastantes puntos de entendimiento–. Para esas medidas, es necesaria una modificación legislativa que afecta al propio Estatuto de los trabajadores.

Otro de los objetivos fundamentales que se ha fijado el PSOE es la eliminación de las condenas de cárcel para los piquetes. El Gobierno de Rajoy se limitó a rebajar esas penas en la reforma del Código Penal que llevó a cabo en el año 2015 forzado por la presión ante las acusaciones contra algunos piquetes, como los 'ocho de Airbus' para quienes la Fiscalía pidió ocho años de prisión por participar en un piquete en la huelga general de 2010. Finalmente fueron absueltos en 2016.

La eliminación del artículo 315.3 del Código Penal está ya en tramitación en el Congreso, donde la iniciativa de Unidos Podemos contó con el respaldo de PSOE, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV y Bildu mientras que Ciudadanos se abstuvo a pesar de que la medida formaba parte del acuerdo de Albert Rivera y Sánchez para su investidura fallida.

Otras de las reformas que el PSOE espera sacar adelante es la de la 'ley mordaza'. El Ejecutivo ha abordado junto a la dirección parlamentaria socialista la modificación de los aspectos clave y remitirá próximamente al Congreso su propuesta. Los socialistas tenían dos opciones: actuar vía decreto o elegir la vía parlamentaria.

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana está en tramitación parlamentaria desde marzo de 2017, cuando se admitieron sendas propuestas de PSOE y PNV. Ahora los socialistas tienen que negociar, fundamentalmente con los nacionalistas vascos, la redacción final.

Sortear el bloqueo del Senado

El Gobierno trabaja ya en varios anteproyectos de ley, como el de lucha contra la violencia infantil que anunció la ministra Carmen Montón tras el Consejo de Ministras del viernes, pero reconoce que actuará por la vía del decreto si los consensos parlamentarios se estiman complicados. Por ejemplo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que optaría por esa vía antes de final de año en favor del autoconsumo energético en caso de que no salga adelante en el Congreso la proposición de ley presentada el pasado mes de mayo por una mayoría de los grupos parlamentarios.

El plan del Gobierno para sobrevivir en este escenario pasa por minimizar el Senado, que el Partido Popular trata de resucitar usando su mayoría absoluta para convertirlo en el principal instrumento de oposición a Sánchez.

Fuentes socialistas admiten que usarán la tramitación por lectura única siempre que haya una amenaza de bloqueo. Además, pretenden que la modificación de la Ley de Estabilidad para eliminar la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit esté lista cuanto antes, aunque temen no llegar en plazo a los Presupuestos Generales del Estado por lo que tendrían que elaborarlos siguiendo la senda que aprobó Rajoy y que les deja unos 1.000 millones menos de margen en un momento en que sus acuerdos con Podemos le van a exigir estirar al máximo la capacidad de gasto.