De LexNET a 'la manada': los tropiezos verbales del ministro Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado esta mañana en una entrevista en la cadena COPE que el juez del voto particular del caso de 'la manada', Ricardo González debería haber sido inhabilitado previamente por el CPGJ por tener un “problema personal”. El Consejo ha afirmado más tarde que no hay constancia de que dicho magistrado, que pedía la absolución para los acusados, tenga abierto ningún expediente ni investigación interna.
Esto ocurre después de que el ministro haya realizado cierto viraje en su opinión sobre la sentencia: comenzó calificando la sanción de 9 años a los cinco miembros del grupo de “alta”, pero el sábado se sorprendía de que los jueces no apreciasen intimidación ni violencia. Aunque este mismo lunes el exministro Margallo le ha descrito como una persona con “mesura”, Catalá, en el cargo desde 2014, ha intentado eludir responsabilidades y hablado de más en varias ocasiones. En unas, con información falsa o cayendo en contradicciones para, como le han acusado hoy, echar balones fuera. En otras, simplemente, apresurándose con tropiezos verbales.
Defensa de imputados
A veces estos errores se han producido en privado, como el sms que envió de agradecimiento a Ignacio González, tras éste, ya imputado, felicitarle por ser renombrado titular de Justicia a principios de noviembre de 2016 tras su periodo en funciones. “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”, le respondió en un mensaje que fue recuperado porque el teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid estaba pinchado.
Catalá, que en mayo de 2017 se convirtió en el primer ministro reprobado por el pleno de la Cámara de la democracia, ha mostrado simpatías por otros corruptos o incluso puesto de su lado, también de manera pública. Durante el 18º Congreso Nacional del PP, se reunió con Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, un día antes de que el juez de Púnica emitiese un auto que le acusaba de cohecho, fraude y revelación de secretos. En una entrevista más adelante le quitó importancia a su caso y reprendió a las fiscales por haber discrepado del criterio de sus jefes, contrarios a acusar a Sánchez.
Días después redujo a “una mera investigación” el caso Auditorio, por el que el expresidente regional fue imputado. En esa misma época, Catalá acudió la celebración de cumpleaños de Manuel Torreblanca, un empresario condenado a dos años de cárcel por siete delitos fiscales.
Contradicciones con la libertad de prensa
Catalá ha incurrido, también, en varias contradicciones al pronunciarse sobre la libertad de prensa según el caso al que se refiera, en entrevistas o sede parlamentaria. Cuando el PP aprobó en la anterior legislatura la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos justo tras el arresto de Rodrigo Rato, afirmó que el derecho a la información no era “absoluto”. En esa etapa había llegado a proponer multar a los medios que publicasen filtraciones y “abrir el debate” para proteger la confidencialidad.
A finales de 2017, a las explicaciones que le pidió la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre las conversaciones en el marco de la operación Lezo entre González y el exministro Eduardo Zaplana, argumentó que el Gobierno no se dedicaba al “cotilleo” ni a comentar “conversaciones privadas”. Apenas unos meses después, en febrero de 2018, su discurso acerca de esto cambió completamente. Pasó cuando se publicaron imágenes de mensajes entre Carles Puigdemont y el exconseller Jordi Comín. Sobre ello, Catalá aseguró que, en el conflicto entre el derecho a la intimidad y a la información, “suele prevalecer el derecho a la información”.
Acusaciones tras el fallecimiento de Rita Barberá
El mismo día de la muerte de Barberá, el 23 de noviembre de 2016, fue el titular de Justicia quien dijo que “cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación”. La exalcaldesa de Valencia había fallecido de un infarto en Madrid a causa de lo que luego la autopsia reveló como una cirrosis hepática que derivó en un fallo multiorgánico.
Catalá destacó de la senadora que fue una persona que trabajó “durante muchísimos años por el interés general y por el servicio público”. “Y por tanto yo lo que siento muchísimo es que haya tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada en mi opinión. Yo he hablado siempre de la presunción de inocencia”, zanjó. Barberá había declarado dos días antes en el Tribunal Supremo como imputada en el caso Taula.
Defensa de la jueza homófoba María Elósegui
eldiario.es reveló a principios de este año informaciones sobre María Elósegui, la nueva jueza enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas, que falseó su currículum afirmando que colaboró en la Ley de Igualdad de Zapatero –en cuya participación nadie la recuerda– o la vinculación que hizo durante años de homosexualidad y patologías en escritos, libros y conferencias. Tras ello, el ministro dijo que lo que molestaba de ella era que era mujer y creyente.
“No acabo de entender que les molesta; ¿que sea mujer?, ¿que no sea progresista?, ¿que tenga creencias religiosas?. ¿Van a seguir dando ustedes carnés de demócratas en este país?, ¿durante cuántos años más?”, les respondió al diputado socialista Artemi Rallo al ser cuestionado en el Congreso por el caso. Para Catalá, las críticas del PSOE a la jueza eran una “torpeza” y una “mezquindad”.
Apoyo a Gallardón nada más ser imputado
El pasado jueves, el mismo que se conocía la sentencia de 'la manada', volvía a mojarse a favor de un imputado: su predecesor, el dimitido Alberto Ruiz Gallardón. El ministro consideró que el también expresidente de la Comunidad de Madrid, citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional ese mismo día por supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación dentro del Canal de Isabel II en el año 2001, “podrá aclarar y aportar todas las pruebas” en la vía judicial.
Añadió que le ha “oído decir en ocasiones que la compra de la sociedad se hizo con total transparencia, con una valoración adecuada del coste de la sociedad y que tuvo sentido en términos de negocio para el Canal” y atribuyó el proceso “a la normal actuación de los tribunales”.
Caso LexNET
El caso LexNET es quizá el que más ha dado que hablar durante esta etapa de su Ministerio. En un principio, defendió el sistema tras el fallo que dio acceso a miles de archivos. “Es más seguro que un fax o una carta”, aseguró en el Congreso al comparecer un mes después por la brecha de seguridad en documentos de Justicia. Trató de minimizar los daños de aquel 27 de julio de 2017, reconociendo que “no es infalible”.
En noviembre, eldiario.es supo en exclusiva que en esta ocasión el ministro no había hablado de más sino ocultado información. Concretamente, que el error propició más de 400 descargas de documentos confidenciales a través de incursiones ilegales en buzones ajenos, incluidos de procesos judiciales. Solo lo mencionó en una reunión privada acaecida después de esa intervención parlamentaria de finales de verano.
Venezuela para responder por la corrupción en el PP
En febrero de 2018, Íñigo Errejón preguntó a Catalá en el Congreso si los procesos judiciales que afectan al PP impiden al Gobierno ejercer su labor. “Ustedes han presentado más recursos judiciales que proyectos de ley en esta cámara”, le recriminó el diputado de Unidos Podemos.
“Deberíamos garantizar que en España se aplica la presunción de inocencia y que esperamos a las sentencias” para tomar decisiones, le contestó entonces. A continuación, sacó a colación los falsos informes sobre la supuesta financiación de Podemos de origen en Venezuela para responder por la corrupción de su partido.
