Sánchez se reafirma en el mando único ante la presión autonómica para controlar la desescalada

“Estamos haciendo un proceso de integración que entiendo que pueda ser incómodo, pero tenemos la responsabilidad de coordinar la desescalada y no vamos a rehuir esa responsabilidad. Hemos hecho un ejercicio de incorporar todas las medidas que habéis puesto encima de la mesa en todos los medios de comunicación y ruedas de prensa. Lo que nosotros presentamos el martes tiene mucho de lo que habéis adelantado”. Así de contundente se ha mostrado Pedro Sánchez ante la presión de los presidentes autonómicos por controlar la desescalada a partir del próximo 1 de mayo. El presidente se aferró así al “mando único” para impedir una carrera entre comunidades para ver quién llega antes a la “nueva normalidad”.

La desescalada, según expuso el presidente del Gobierno, se planteará no tanto por sectores económicos, sino por las garantías sanitarias de cada autonomía en relación al cumplimiento de cuatro marcadores (asistencia sanitaria reforzada en UCIs y atención primaria, detección focos y aislamiento y normas colectivas de protección).

La séptima conferencia de presidentes telemática desde que empezó el confinamiento ha dejado constancia de que la tensión entre Gobierno y autonomías va en aumento porque cada una trata de imponer su criterio de acuerdo a los datos epidemiológicos de sus respectivos asesores técnicos. Y, aunque Sánchez se mostró optimista con los datos -ya hay más curados que nuevos infectados-, quiso ser prudente y afirmó que las cifras siguen siendo “inasumibles”. “Tenemos que ser muy prudentes porque ningún país ha completado un proceso de desescalada. Todos nos guiamos por los expertos y por la OMS. La desescalada será gradual, asimétrica y coordinada, y todos debemos regirnos por las mismas reglas”. Todo el proceso ha de integrarse en “un mismo cuadro de mando hasta que haya vacuna o tratamiento para la COVID-19”, subrayó antes de destacar la importancia de reforzar la asistencia sanitaria -tanto en UCIs como en atención primaria- para la fase que llegará la próxima semana. Del mismo modo, anunció que Sanidad se coordinará con las autonomías para acordar los marcadores con el propósito de que estos sean homogéneos (identificación y contención de fuentes de contagio y aislamiento en domicilio o instalaciones preparadas para ello).

Luego, habló de nuevo de la necesidad de un acuerdo interinstitucional de reconstrucción social y económica. “La ciudadanía, y probablemente tampoco las distintas fuerzas de la oposición, no tienen los datos que tenemos todos nosotros respecto a las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia, que serán terribles”, afirmó. De ahí, su insistencia en la vocación de unidad en las semanas y los meses que vienen por delante y en las que, además de prudencia, pidió a los presidentes autonómicos que no bajen la guardia.

“La experiencia lo que nos indica de otros países es que hay brotes y nuevos rebrotes y en consecuencia tenemos que garantizar esas capacidades estratégicas. Es muy importante que no traslademos a la ciudadanía que como consecuencia de que los datos son cada vez mejores, ya podemos hacer una desescalada rápida”, concluyó.

Ayuso se va a misa y Torra rechaza la centralización

A diferencia de reuniones anteriores en la de este domingo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió alterar el orden de intervenciones para poder asistir a misa de 12 en la catedral de La Almudena. El suyo fue un parlamento breve. Tan solo para pedir que se declare y reclamar que las videoconferencias se trasladen a la Comisión General de las Autonomías. Luego, siguió el president de la Generalitat catalana para lamentar que todas las decisiones se tomen desde Madrid y decir que “si algo ha quedado claro en este confinamiento es que la centralización no ha funcionado”>. Defendió de nuevo que cada comunidad autónoma gestione esa desescalada y planteó para ello que se modifique el estado de alarma para que las decisiones las tomen las Autonomías.

“Queremos recuperar la capacidad de gestión de la pandemia en Catalunya. Queremos sentirnos responsables y la mejor manera, como dijo Miguel Ángel Revilla la semana pasada, es que las decisiones se tomen atendiendo a la realidad demográfica y social. Los que mejor conocemos nuestros países somos nosotros”, insistió. La respuesta de Sánchez no se hizo esperar: “No vamos a renunciar a gestionar la desescalada. Los datos nos avalan. Niego la mayor, la cooperación y la coordinación se puede mejorar, claro que sí, pero estamos aprendiendo entre todos”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, siguió la misma senda que Torra y reclamó “más criterios y menos tutelas”. Apostó por el modelo de co-decisión de Alemania y reclamó igualmente que las comunidades tengan capacidad para gestionar la desescalada. Luego, demandó la planificación del Gobierno para el envío de material sanitario en los próximos seis meses y un horizonte presupuestario claro para saber qué medidas económicas a adoptar. “Es necesario -prosiguió- compartir las líneas de financiación y las ayudas. Vamos a tener que incrementar el gasto público, pero también la reactivación económica y del empleo. Y debemos hacerlo con rigor, para disponer de recursos y poder endeudarnos también”. En esta línea, planteó un nuevo pacto de estabilidad económica porque “la situación requiere acuerdos bilaterales con plenas garantías y seguridad jurídica”. También solicitó clarificación respecto a la propuesta del ingreso mínimo vital.

Urkullu dijo tener para Euskadi un plan de desescalada para la nueva normalidad, que está dispuesto a compartir con el Gobierno español, y que pasa por la apertura progresiva de la actividad comercial con limitaciones, tomando como referencia el modelo alemán. Así, propuso compartir criterios en torno a cuestiones de incidencia social, fiestas, eventos, actividad física y deporte, o playas y piscinas. “Parece que las decisiones están tomadas, nuevamente, por el mando único. Pero, recuerdo que los presidentes de las comunidades somos las autoridades competentes”, concluyó.

Sánchez respondió en la misma línea que a Torra: “Estamos haciendo un proceso de integración, que entiendo que pueda ser incómodo, pero tenemos la responsabilidad de coordinar la desescalada y no vamos a rehuir esa responsabilidad. He de deciros, sobre vuestros plantes de desescalada, hemos hecho un ejercicio de incorporar todas las medidas que habéis puesto encima de la mesa en todos los medios de comunicación y ruedas de prensa. Lo que nosotros presentaremos el martes tiene mucho de lo que ya habéis adelantado muchos de vosotros”.

El gallego Alberto Núñez Feijóo reclamó una “cláusula de salvaguardia territorial” para que en el caso de que haya “dudas” se puedan acordar las decisiones entre la Comunidad y el Gobierno de España, a lo que Sánchez le contestó que el criterio de los expertos es que “la unidad de actuación más razonable sean las provincias. No obstante, se avino a estudiar otras propuestas en función de las garantías sanitarias y económicas. Lo que ocurra en mayo tras la primera fase de la desescalada, según dijo Sánchez, determinará la longevidad que va a tener el estado de alarma. En Moncloa dan por hecho que habrá una nueva prórroga a partir del 10 de mayo. ”El tiempo que haga falta“, señalan fuentes gubernamentales.

Puig: “Más Europa o más miseria”

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que considera que Andalucía puede encabezar la desescalada tras no registrar ingresos en UCI en las últimas 24 horas y plantea que se autoricen las celebraciones religiosas a partir del 3 de mayo, el comercio el día 11 y los bares y restaurantes, a partir del 25. Moreno Bonilla se quejó de que la contratación pública esté parada y pidió que, aunque el cuadro de mandos lo tenga el Gobierno, se consulte a los gobiernos regionales. La misma crítica hizo el cántabro Miguel Ángel Revilla, que defendió que los ciudadanos puedan hacer actividades al aire libre, a lo que Sánchez le contestó que si algo ha demostrado el virus “es una extraordinaria capacidad de contagio”. El presidente volvió a defender un cuadro de mandos integrado, con indicadores que serán “muy razonables”. Y dijo que el Gobierno “no pedirá a las comunidades cosas imposibles de ejecutar”, pero sí capacidades sanitarias “esenciales para poder anticipar focos de contagio”.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha reclamado que los acuerdos de reconstrucción sean “pactos de la sociedad”, que no se trate solo de acuerdos en el ámbito político para que de este modo sean un elemento clave en la reactivación económica y social. También ha pedido una “revolución en el ámbito administrativo”, un cambio de concepto en la forma que tenemos de trabajar. “Las administraciones han de ser mucho más rápidas que las respuestas burocráticas que se dan muchas veces, afirmó. También defendió un Plan Marshall en el marco de la respuesta de Europa: ”Es más Europa o más miseria“, afirmó. Y, por último, sobre la desescalada, ha destacado que haya ”un marco común, adaptado y ejecutado localmente“, si bien sostuvo que la unidad de acción ha funcionado.

Un “acuerdo de vecindad” entre Autonomías

El castellano-manchego, Emiliano García-Page, defendió que el Gobierno escuche las propuestas de las comunidades, “pero aquí todos dependemos de todos, y aunque la irradiación de la pandemia ha sido asimétrica, el virus no lo es”. Defendió por ello que exista coordinación entre administraciones para afrontar la desescalada y que se atiendan las circunstancias de cada zona, pero con una especie de “control de vecindad” para que las decisiones de una autonomía no puedan tener consecuencias en los territorios vecinos. “A nosotros -subrayó- nos afecta mucho más, en términos de movilidad y contacto, cualquier decisión que se pueda tomar en Madrid que cualquier decisión que podamos tomar en Castilla-La Mancha”.

Insistió en la participación de las autonomías en el acuerdo de reconstrucción nacional y dudó sobre el papel en el que quedan los gobiernos regionales ahora que la posibilidad de ese gran acuerdo se ha llevado al ámbito parlamentario. En ese sentido, abogó por reunir ya al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También Javier Lambán ha expuesto algunas propuestas para la desescalada, como que se tenga en cuenta el tamaño de los municipios y se arranque con los de menos de 5.000 habitantes. Además de reclamar que se acelere todo lo posible la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el presidente aragonés ha vuelto a defender un “rescate nacional al sector turístico” y “medidas de reactivación” de la automoción para impulsar su capacidad exportadora. “Tras la vuelta a la normalidad de la actividad industrial, precisa de la apertura de los concesionarios de coches para canalizar la producción”, expresa el Gobierno aragonés.

Lambán ha defendido la colaboración público-privada en la recuperación económica para lo que ha reclamado cambios normativas al igual que para la contratación del sector público que, a su juicio, perjudica a las pequeñas empresas.

La navarra María Chivite ha pedido que “se articulen mecanismos de cobertura para los sectores y trabajadores que, una vez se levante el estado de alarma, sigan viéndose afectados por su falta de actividad o una caída de la misma”.