Urkullu y Feijóo precipitan un nuevo ciclo electoral en España tres meses después de las generales

Vuelve a ser precampaña. 34 días después de la sesión de investidura que hizo presidente a Pedro Sánchez y zanjó un período de inestabilidad –cuatro elecciones generales en cuatro años– hay dos comicios convocados en Euskadi y en Galicia, comunidades históricas que manejan su propio calendario.

“Ahorramos a la ciudadanía una campaña permanente de ocho meses”, ha dicho Iñigo Urkullu para anunciar que los comicios vascos, previstos para octubre, se celebrarán el 5 de abril. Solo unas horas después, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado el mismo camino con un argumento similar: “La disyuntiva era una campaña de 54 días o de seis o siete meses”. Ambos anticipan así el inicio de un nuevo ciclo electoral en España cuando apenas han pasado tres meses de las elecciones generales.

Tras los adelantos anunciados por Urkullu y Feijóo se encuentra el deseo de que sus urnas no se abran a la par que las catalanas. Al apretar el botón electoral se diferenciarán de la campaña en el territorio que ha marcado la vida política española en los últimos años, pero también acortan al mínimo el ciclo sin elecciones en el que se había instalado el país desde el pasado 10 de noviembre.

Esa circunstancia va a obligar a los partidos a recalcular sus estrategias: el periodo de negociación de las reformas legislativas que llevan años pendientes va a estar afectado por una nueva campaña electoral. Algunas, aquellas que implican grandes consensos, serán directamente inabordables hasta que se cierre el nuevo carrusel de elecciones. Y ahí están esperando cambios en Radio Televisión Española o el Poder Judicial, por citar algunos de los más urgentes.

Urkullu ha confirmado el adelanto electoral en una comparecencia a las 16.00 horas de este lunes, tras un fin de semana de reflexión en el que han pesado varios factores. Por un lado, el deseo de distanciarse de las elecciones en Catalunya; por otro, el día a día en el parlamento vasco. PNV y PSE gobiernan en minoría y los jeltzales se han encontrado en las últimas semanas con una oposición feroz que se ha agarrado a sus últimos casos de corrupción para atacar al Gobierno.

El clima electoral que “se ha instalado en Euskadi” hace “muy difícil” aprobar los proyectos en tramitación, ha argumentado Urkullu en su rueda de prensa, después de informar de su decisión a Pedro Sánchez y a los presidentes catalán y gallego, los únicos que tenían en su mano la llamada a las urnas.

La decisión termina de trastocar el calendario de un año electoral en el que también estaban fijadas las gallegas y a las que se ha sumado Catalunya, aún sin fecha, pero cuyos comicios –los quintos en una década– se convocarán una vez aprobados definitivamente los presupuestos autonómicos, un trámite previsto para el próximo 18 de marzo.

Así lo anunció Quim Torra en su comparecencia del pasado 29 de enero, después de que el Govern se rompiera por el choque entre Junts per Catalunya y ERC sobre cómo responder a la inhabilitación del president como diputado autonómico tras su condena por desobediencia: los primeros partidarios de desobedecer, los segundos dispuestos a acatar. La ruptura precipitó un adelanto electoral que todos daban por supuesto en un territorio que no vive una legislatura completa desde la del tripartito, entre 2006 y 2010.

El lehendakari ha querido separar sus comicios de los de Catalunya y Alberto Núñez Feijóo ha decidido seguir ese camino. Como en Euskadi, las elecciones gallegas estaban previstas para después del verano. Los comicios en ambas comunidades autónomas han coincidido en la misma fecha en 2009, 2012 y 2016, y Feijóo no ha querido romper esta vez con esa costumbre. El presidente gallego ha dicho que convocaba para el 5 de abril “pensando en lo que es mejor para Galicia” y para “reducir al máximo el periodo electoral”. Hace solo unas semanas el dirigente del PP insistía en que era preferible repetir las generales que una coalición del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno central.

Así, primero Torra y ahora Urkullu y Feijóo han activado ya un nuevo ciclo electoral que prolonga el impás político en el que vive España, que no ha vivido un año sin elecciones de algún tipo desde las europeas de 2014. Este no iba a ser una excepción porque los comicios de Euskadi y Galicia ya estaban previstos, pero el adelanto ha acortado el periodo de estabilidad que se había abierto tras la investidura de Pedro Sánchez el pasado 7 de enero y el catalán ha añadido una nueva cita electoral.

Nuevo impás para la agenda legislativa

Ahora, las reformas pendientes desde hace años se verán afectadas de nuevo por tres comicios que obligan a las formaciones a tener un ojo puesto en su electorado. De nuevo la necesidad de ganar (o al menos no perder) apoyos en las urnas que se abrirán los próximos meses condicionará cada negociación pendiente.

El Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos ya ha fijado algunas de sus prioridades para los próximos meses. Ahora, ese Ejecutivo obligado a consensuar cada texto legislativo con una disparidad de partidos para conseguir superar las votaciones del Congreso tendrá que negociar con tres elecciones a la vista. Unos y otros se sentarán a la mesa tratando de conjugar sus intereses en la Cámara Baja con lo que sea mejor de cara a sus votantes.

Además de las iniciativas ya presentadas en el Congreso, los partidos tenían pendiente abordar en los próximos meses las reformas que necesitan de amplios consensos. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, que exige mayoría de tres quintos del Congreso, es decir, que hace necesario el concurso del PP. Lo mismo pasa con la renovación de RTVE, paralizada dede hace años.

Los de Pablo Casado, ya poco propicios a un acuerdo con un Gobierno contra el que iniciaron una ofensiva total desde que fue elegido, tendrán ahora que afrontar una nueva campaña electoral donde la oposición al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, y la connivencia del que le acusan con independentistas y nacionalistas, será el eje principal de su campaña.

Su voluntad negociadora para los próximos meses es improbable, al igual que Ciudadanos. El partido que Albert Rivera dejó bajo mínimos afronta su proceso de renovación con tensiones internas y dos tareas principales para los próximos meses: buscar un hueco en la oposición de las derechas al Gobierno y sumar fuerzas con el PP para los elecciones que vienen.

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso y que ya actúa como la sucesora de Rivera, puso en marcha ese proceso para coaligarse con el PP en Catalunya, País Vasco y Galicia, que también se verá afectado por el cambio de fechas de los comicios. Ciudadanos y PP tienen ahora solo diez días para decidir si se presentan juntos a las elecciones vascas. En Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y Ciudadanos es un partido residual, no hay visos de llegar a un acuerdo. La decisión recaerá en una gestora con una credibilidad bajo mínimos y a la que le crecen los críticos, molestos con que el partido haya decidido mantener el rumbo tras la hecatombe del 10 de noviembre.

Una mesa de diálogo pendiente de las elecciones

El nuevo ciclo electoral que se abre ahora en España también afectará a las conversaciones sobre Catalunya, que Gobierno y Generalitat van a abrir una vez se habían superado todas las citas con las urnas.

De hecho, la mesa de diálogo que iba a comenzar después de la investidura a punto estuvo de saltar por los aires con el anuncio de que las elecciones se convocarían tras los presupuestos. Una reunión en la Moncloa entre Sánchez y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, evitó que las conversaciones entre Gobierno y Generalitat se pospusieran sin fecha.

El presidente del Gobierno y el de la Generalitat acordaron el pasado jueves que esa mesa para abordar “el conflicto político” eche a andar este mismo mes. A pesar de la buena voluntad mostrada por Sánchez y Torra, lo cierto es que las conversaciones empezarán en un clima preelectoral con una tensión palpable entre los socios del Ejecutivo catalán.