La disputa entre la Abogacía del Estado y la jueza del 8M: de la “causa general” al reproche por demorar la investigación

Abierta hace poco más de dos meses, en los días más duros de la pandemia, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha feminista del 8M y otras 76 manifestaciones acumula en sus cuatro tomos varios folios de severos reproches. Son principalmente los que hace a la jueza instructora la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, imputado por prevaricación y pendiente de declarar en el juzgado de instrucción 51 de Madrid.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, está siendo especialmente crítica en sus escritos. Sostiene que la magistrada pretende “convertir” esta investigación en una “causa general” contra el Gobierno. Y critica que en su “afán de encontrar indicios” ha solicitado información no solo del imputado José Manuel Franco, sino de “otras autoridades” a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones.

También cuestiona el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada sobre “meras sospechas e hipótesis” que la jueza “trata de suplir” con la extensa batería de diligencias acordadas, asegura Seone. Entre ellas, la que ha dado lugar al polémico informe de la Guardia Civil que incluye en sus 80 páginas multitud de errores, bulos y documentos públicos mutilados. Ese atestado es el principal documento conocido que, al menos hasta ahora, avala la denuncia que presentó el letrado Víctor Valladares.

La magistrada objeto de estas críticas es Carmen Rodríguez-Medel, que fue la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al actual líder del PP. También por su parte ha habido algún reproche a la Abogacía del Estado.

En una providencia del 27 de mayo, la jueza ve “sorprendente” la petición de Seoane de aplazar la declaración de Franco como imputado alegando que “necesita tiempo para instruirse” cuando asegura que tardó más de un mes en acudir al juzgado a hacerse con una copia de la investigación. La jueza aceptó posponer la declaración, pero lo hizo sin dejar pasar la oportunidad de reprochar a la defensa su intento de demorar la causa. Finalmente, la citación es para el próximo 10 de junio.

La abogada del Estado ha resaltado en sus escritos precisamente lo contrario: la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por la situación de excepcionalidad.

“La apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma”, dice el escrito del 20 abril con el que la Abogacía del Estado recurrió el auto que dio lugar a la apertura de la causa.

Seoane critica que tanto el forense como la Guardia Civil hayan ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de “defenderse”. El citado recurso del 20 de abril sigue pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid. Y tampoco la Fiscalía se ha pronunciado “oportunamente” antes de que se pusiera en marcha la extensa batería de diligencias acordadas. El Ministerio Público no ha hecho ningún posicionamiento sobre esta causa por la suspensión de los plazos, que se levanta el próximo 4 de junio.

Estos son los elementos que llevan a la abogada del Estado a afirmar que Franco está siendo víctima de una “palmaria indefensión” que es “reiterada y continuada”, según detalla en sus escritos. Su tesis es que si las actuaciones no eran urgentes —como dijo la propia jueza— no deberían haberse iniciado. Pero, una vez abiertas, genera “una clara indefensión” al investigado mantener suspendidos los plazos para recurrir.

La Abogacía del Estado también cuestiona el “afán” de la jueza por intentar ampliar la causa con el delito de lesiones imprudentes que descartó hace unas semanas. Así, califica de “inútil, innecesaria e impertinente” la petición de que el forense, si lo considera “preciso”, amplíe el informe que le pidió en el inicio de la causa y con el que pretendía tener más información sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”.

El forense, en un informe que adelantó El Español, confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero también aseguró que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Es precisamente en esta última afirmación, y no en la anterior, en la que se basa la jueza para pedir una ampliación de ese informe.

La Abogacía del Estado se opone frontalmente. E insiste en que ese empeño solo se explica por el “afán” de la jueza de “agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”.