La Abogacía del Estado evita pronunciarse sobre la legalidad de los avales a los encausados por el procés

La Abogacía General del Estado no va a pronunciarse sobre la legalidad de los avales que facilitó el Govern a los exdirigentes y funcionarios encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés para cubrir las fianzas por valor de 5,4 millones de euros que les impuso el ente fiscalizador. Considera que “no procede” que, en el marco de la función consultiva que la legislación atribuye al Servicio Jurídico del Estado, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría, ha informado en una nota de prensa el Ministerio de Justicia.

Es la respuesta que el órgano dependiente del departamento que dirige Pilar Llop ha dado al ente fiscalizador, que el pasado julio le pidió un informe “a la mayor brevedad posible” ante “las dudas sobre suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF). 

Según la Abogacía General del Estado, en esas actuaciones previas “deben observarse los principios de imparcialidad y objetividad, así como también los principios de contradicción e igualdad entre las partes que necesariamente han de respetarse en los procedimientos y actuaciones administrativas”. Según el órgano del Ministerio de Justicia, la solicitud de un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses de las demás puede sugerir la predisposición del Tribunal a seguir los criterios de esa parte.

A su juicio, también se verían afectados los principios de “contradicción e igualdad”, al requerir el informe a una sola de las partes personadas sin audiencia de las demás.  El informe indica, finalmente, que el enjuiciamiento de los actos que se dicten debe realizarse conforme al Decreto-ley autonómico de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya, ya que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia.

Más allá de la negativa de la Abogacía a pronunciarse sobre el aval de 5,4 millones, la Fiscalía de Barcelona mantiene abierta una investigación sobre la fianza que ha prestado el Govern a los dirigentes y funcionarios encausados por los gastos exteriores del procés. Además, según han informado fuentes jurídicas este martes, el Ministerio Público tiene pendiente informar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre si debe admitirse la querella por el aval que interpusieron Vox y la entidad Convivencia Cívica Catalana contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.