La absolución de Gbagbo genera un debate sobre el papel de la CPI

La absolución esta semana del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado dudas sobre la estrategia de la Fiscalía y el papel de los jueces, aunque varios expertos han recordado la independencia del tribunal para dictar las sentencias.

“No deberíamos asumir siempre que algo ha ido mal porque se dictó una absolución, nadie quiere ver a un inocente entre rejas”, dijo hoy a Efe la representante permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la CPI, Amal Nassar.

El juez presidente de la sala que absolvió a Gbagbo, Cuno Tarfusser, apuntó directamente a la Fiscalía el pasado miércoles, cuando calificó las evidencias presentadas por los investigadores como “excepcionalmente débiles”, a pesar de que la acusación presentó a 82 testigos.

“Si no tienes por escrito las órdenes para cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, tienes que basarte en los testimonios”, indicó el coordinador de la ONG Coalición por la CPI, William Pace.

Algunos de ellos eran generales que obedecían las órdenes de Gbagbo durante la crisis postelectoral de 2010, que dejó unos 3.000 muertos en Costa de Marfil, pero en La Haya se retractaron de declaraciones hechas anteriormente a los investigadores de la Fiscalía.

La razón más probable, según fuentes consultadas por Efe que han seguido el juicio, es que los testigos lo hicieran para ocultar su propia responsabilidad penal en los hechos juzgados.

Una de las críticas más comunes contra la Fiscalía de la CPI es que procesa directamente a los más altos cargos, en lugar de intentar imputar en primer lugar a otras figuras medias, como comandantes o sargentos que hayan participado en los supuestos crímenes.

La confesión de estos para obtener una reducción de sentencia serviría como evidencia para condenar posteriormente a sus superiores, algo que de momento no se ha intentado en la CPI.

“Deberíamos preguntarnos si la estrategia de la Fiscalía está siendo la correcta o si se debería revisar”, dijo Nassar.

“Es una crítica legítima”, reconoció Pace, aunque pidió buscar las posibles “deficiencias” del tribunal no solo en la Fiscalía, sino también en “la calidad judicial de los fallos”.

El coordinador de Coalición por la CPI calificó de “controvertido” que los jueces que han absuelto a Gbagbo en primera instancia no hayan dado a conocer “el razonamiento de su decisión”, pues la sentencia completa aún no se ha hecho pública.

En cualquier caso, la Fiscalía ya ha dicho que presentará un recurso de apelación contra la decisión, por lo que los jueces mantendrán encarcelado al exmandatario hasta al menos el 1 de febrero.

Desde su puesta en marcha en 2002, la Fiscalía de la CPI solo ha conseguido tres condenas por crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Dos fueron contra señores de la guerra congoleños, Thomas Lubanga y Germain Katanga, y una contra un yihadista de Mali, Ahmad al Faqi al Mahdi, pero todos los intentos de condenar a altos cargos políticos o jefes de Estado han sido, hasta el momento, un fracaso.

A la reciente absolución de Gbagbo se le suma la del exvicepresidente de Costa de Marfil Jean-Pierre Bemba, en junio de 2018 en fase de apelación, y la retirada de cargos en 2014 contra el actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta.

“Cuanto más alto es el rango, más distante está de los crímenes y de las evidencias”, añadió la experta en derecho penal internacional Marta Bo, que en el caso de Kenyatta recordó que “un factor decisivo” para el derrumbe del caso fue “la falta de cooperación de Kenia y la intimidación de testigos”.

Otra de las dificultades de la CPI es que, a diferencia de otras cortes con un “alcance geográfico limitado”, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) o para Ruanda (TPIR), la CPI puede aplicar su jurisdicción en al menos 123 países, lo que supone “un reto único”.

No obstante, los expertos consultados han recordado que la CPI es el único tribunal permanente que persigue a los criminales de guerra y de lesa humanidad que no son procesados en sus propios países.

Por David Morales Urbaneja