La legalización de las 'devoluciones en caliente' está ocasionando varios quebraderos de cabeza al Gobierno. Las presiones de diferentes organismos internacionales han obligado al grupo del Partido Popular en el Senado (donde se tramita ahora la Ley de Seguridad Ciudadana) a añadir una coletilla en la enmienda que busca regularizarlas: “En todo caso, respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur) celebra el “avance” pero recuerda al Gobierno “el Principio No-devolución, que prohíbe el retorno forzoso a lugares en el que la persona pudiera temer por su vida o por su integridad física”.
Las 'devoluciones en caliente' se refieren a las expulsiones sumarias en las las autoridades devuelven a una persona que ha entrado de manera irregular a España sin las obligadas garantías legales, de manera inmediata. Sin identificación, sin asistencia letrada y, por tanto, sin derecho a pedir asilo, como reconocen las leyes nacionales e internacionales.
El Grupo Popular en el Senado ha introducido una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que matiza la legalización de estas expulsiones sumarias, en frontera, para recoger que esta práctica, “en todo caso, se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Hasta el momento, la redacción aprobada por el Gobierno recogía que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. El nuevo texto establece, a continuación de este artículo, un nuevo punto con la mencionada coletilla.
Más cambios del PP
Asimismo, los senadores del PP recogen la previsión de que “las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”. Y, por último, añaden en un párrafo que “el Ministerio del Interior aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos”.
En este sentido, Acnur insiste en que todo el que necesite pedir asilo a España debe poder hacerlo en las oficinas de Ceuta y Melilla, con independencia de su nacionalidad. La agencia de la ONU recuerda que desde septiembre, cuando las oficinas de asilo empezaron a recogerse solicitudes en la frontera de Melilla, se han recibido cerca de un millar, la mayoría de ciudadanos sirios. De momento, los subsaharianos no están teniendo acceso a estas salas.
Acnur señala la impotancia de “tener en cuenta el cambio significativo de perfiles de las personas que llegan a estas ciudades, y el aumento considerable de la proporción de aquellas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución, también de varios países de África”.
Los miembros del PP argumentan que se pretende “hacer explícita la garantía del respeto a la normativa internacional en materia de derechos humanos y, específicamente, de la reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, explicitando que, no obstante el rechazo de quienes intenten la entrada ilegal en España, podrán éstos solicitar, en su caso, el reconocimiento de la condición de refugiado o la protección subsidiaria en los lugares habilitados al efecto en los puestos fronterizos”.
La oposición rechaza las expulsiones
El PSOE, CiU, Entesa y Grupo Mixto han pedido en el Senado la supresión de la disposición adicional que legaliza, vía ley de Extranjería, la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Así consta en las enmiendas parciales presentadas al texto por estas formaciones en la Cámara Alta.
En el caso del PSOE, que ha mostrado su oposición a la integridad del proyecto, se pide la supresión por considerar que esta previsión “supone, en la práctica, la derogación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”. Explican que “entra en conflicto con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (...) y con el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales”.
CiU se extiende más en la justificación de su enmienda y cita tanto la doctrina constitucional y la Ley de Extranjería como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando dice que los Estados deben ejercer su derecho a controlar las fronteras “de conformidad con las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)” sin que la presión migratoria les exima de esta obligación.
Asimismo, argumentan que “por más que se quiera negar, las personas extranjeras a quienes se 'rechace en frontera' están bajo jurisdicción del Estado español”, a propósito del argumento del ministro del Interior de que estas personas, pisen territorio nacional, no están aún en España hasta que no superan a los efectivos policiales.
Desde el Grupo Mixto se alega la conculcación, además de estos principios, de la propia ley de Extranjería y de las directivas europeas al respecto para pedir la supresión, argumentario similar al esgrimido por Entesa. Para los senadores de IU, “se pone en riesgo la protección internacional”. Este sentir lo resume ERC en su enmienda de supresión: “Nuestro grupo se opone a la legalización de las devoluciones ”en caliente“ en las fronteras de Ceuta y Melilla por ser contrarias a los Derechos Humanos y a la legalidad internacional”.