Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- Activistas LGTBI de Chile expresaron este miércoles su preocupación por la falta de avances en la tramitación del matrimonio igualitario y dijeron que temen un nuevo “estancamiento” del icónico proyecto.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) aseguró que el proyecto lleva discutiéndose ininterrumpidamente desde junio, pero que desde que fue aprobado el pasado 12 de octubre en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados “no ha experimentado avances”.
La iniciativa fue aprobada el pasado 21 de julio en el Senado y ahora debe sortear al menos una discusión en la Comisión de Hacienda y otra en el pleno de la Cámara Baja para su entrada en vigor.
“Solicitamos a su Comisión (de Hacienda) poner en tabla en el breve plazo el matrimonio igualitario”, instó el Movilh.
La aprobación del proyecto, agregaron, “solo viene a terminar con una histórica discriminación que afecta a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales, además ser un compromiso asumido por el Estado de Chile en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Se trata de una iniciativa que en los últimos años se ha convertido en una de las mayores lucha de los colectivos LGBTI en Chile, donde los homosexuales solo pueden unirse desde 2015 bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, donde se espera que cuenta con una mayoría de apoyos, Chile se sumaría a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos.
La iniciativa fue retomada a mediados de junio a petición del presidente Sebastián Piñera, luego de ser presentada originalmente durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018).
Dando un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario y en contra de lo que defienden algunos de sus socios de Gobierno, el gobernante solicitó sorpresivamente a los legisladores durante su última cuenta pública tratar el proyecto con “urgencia”, un mecanismo que permite apurar su tramitación y al que se había negado en 2019.