La admisión a trámite por parte de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de una demanda de paternidad por parte de Ingrid Jeanne Sartiau contra Juan Carlos I coloca al monarca a las puertas de una vista pública en el Alto Tribunal. El requisito para que el rey tenga que acudir en persona y que no baste con la presencia de su abogado es que la otra parte reclame su comparecencia en calidad de testigo y que el tribunal admita ese testimonio, según explican fuentes jurídicas.
Una cuestión distinta es que el testimonio del rey pueda ser captado por las cámaras o presenciado por quien acuda como público. El artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina la posibilidad de que, al afectar este tipo de causas a la vida privada, las vistas sean a puerta cerrada. Las mismas fuentes señalan que así suelen actuar los tribunales.
La decisión adoptada por el Pleno de la Sala de lo Civil será trasladada a las partes, incluido el rey, que deberá contestar en el plazo de 20 días. Podrá oponerse o no a la demanda. En este último caso, se practicará la prueba de ADN y después un juicio ante el pleno de la Sala de lo Civil. Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el único modo que tiene Juan Carlos I de evitar el juicio es acordar con la demandante hacerse las pruebas de ADN.
Por otra parte, los magistrados de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal han rechazado otra demanda presentada en el mismo sentido contra el rey por Albert Solà. Los magistrados admiten a trámite la demanda de Sartiau y rechazan la de Solà de acuerdo al artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde”, señalan. Esto significa que, independientemente de lo que vaya dilucidando la instrucción, existen indicios en la demanda de la mujer para al menos investigar.
Ambos demandantes han recurrido a los tribunales a pesar de que el rey no puede ser juzgado. Sin embargo, ellos creen que su demanda se refiere a conductas privadas del anterior jefe del Estado y que eso queda fuera de lo que marca la ley. La decisión de los magistrados de admitir a trámite la demanda de Sartiau se produce en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó rechazar las dos demandas.
El Parlamento aprobó la Ley Orgánica 4/2014 el pasado julio para extender el aforamiento del que goza el actual jefe del Estado a su antecesor, la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias. De este modo, las demandas que se encontraban en la Audiencia de Madrid fueron trasladadas al Supremo.
En una entrevista a eldiario.es, Solà declaró el pasado junio que sus pretensiones no eran económicas y que retiraría su demanda con una simple llamada de Juan Carlos I. Solà tiene 56 años, es decir, es mayor que Felipe VI, por lo que un supuesto fallo favorable cuestionaría la reciente sucesión al trono.