Aguirre deja en la estacada a Ignacio González en solo tres minutos
Esperanza Aguirre ha tardado algo más de 24 horas en hablar sobre la detención de Ignacio González, su mano derecha durante una década y a quien dejó en herencia la Comunidad de Madrid. Con la voz rota, entre lágrimas, ha lamentado que esté envuelto en la investigación sobre las irregularidades del Canal de Isabel II.
Pero antes de esquivar las preguntas de los periodistas, Aguirre ha lanzado tres dardos para desmarcarse de González y responsabilizarle únicamente a él de lo que pueda destapar la Operación Lezo, por la que está detenido.
Entre el inicio de su declaración a la salida del juicio de Gürtel -“he venido a decir toda la verdad”- y el final -“lo de Ignacio González sería muy lamentable”-, transcurren poco más de tres minutos en los que Aguirre ha tenido tiempo de levantar un barrera contra las posibles sospechas sobre su gestión. Ella ya no estaba, cuando estuvo no se hizo nada mal y nunca asociarán su nombre con una ilegalidad.
En tres minutos, Aguirre ha girado el foco del interrogatorio hacia su sucesor. “El fondo del asunto parece ser una empresa que el Canal de Isabel II ha comprado en Brasil”, explicó Aguirre. Se refiere a la adquisición de Emissao por parte de Inassa, filial del Canal en Colombia, una operación ruinosa en la que se cruzaron sociedades uruguayas y panameñas.
“Yo quiero dejar muy claro que mientras yo fui presidenta, hasta el 17 de septiembre de 2012, nunca quise que ni el Canal ni el Metro de Madrid estuviesen en las adjudicaciones del extranjero”. A este primer dardo siguió uno disparado directamente hacia la gestión de González: “De lo que pasó después de irme yo, no puedo hablar”.
La expresidenta madrileña remató el alegato en defensa propia: “Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta”. La voz rota no le ha dejado contestar a las preguntas de los periodistas, que le pedían que aclarase si sigue poniendo la mano en el fuego por su sucesor. Esta vez no ha habido, como en otras ocasiones, confianza en su inocencia, ni siquiera ha cuestionado su detención, como hizo con Francisco Granados.
González no encontró el jueves en su mentora política ningún tipo de apoyo. La década que pasó a su lado no le ha servido para que Aguirre le defendiese públicamente. La ahora portavoz en el Ayuntamiento, que vive uno de sus momentos más frágiles, ha preferido salvar su figura, su legado. Lo había estado haciendo durante las dos horas anteriores, en las que respondió a la fiscal, las acusaciones y los abogados del caso Gürtel.
Aguirre defendió dentro de la sala su gestión como lo hizo luego fuera. Sus años al frente del gobierno regional estuvieron centrados en mejorar la vida de los madrileños, dijo, sin preocuparse de las menudencias del día a día, en las que Gürtel encontró un lucrativo negocio. Presumió de inauguraciones de hospitales, ampliaciones de Metro y hasta de la colocación de primeras piedras de grandes proyectos. Pero la corrupción aflora tras cada capítulo de ese relato sobre el éxito de sus años de gobierno.
Los hospitales de los que ha hablado Aguirre son un ejemplo. El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, investiga si las partidas de publicidad de los macrocontratos se amañaban en favor de las empresas de Daniel Mercado. Este, a cambio, asumía el coste de los actos de campaña del PP de Madrid.
Las primeras piedras de las que ha hablado la expresidenta madrileña tampoco se han librado de la sombra de la corrupción. Una de las más sonadas fue la del Campus de la Justicia. Sobre esa primera piedra se edificó la única construcción de las 15 que había proyectadas. Más de 100 millones de euros invertidos en un descampado.
El acto de la primera piedra costó 1,4 millones de euros y ayudó a ese despilfarro. De parte de la organización se encargó un constructor de Gürtel que ganaba concursos públicos en municipios gobernados por el PP. En la promoción del Campus de la Justicia también se coló la Púnica a través de Daniel Mercado.
Las ampliaciones de Metro de las que ha presumido Aguirre tampoco estuvieron libres de corrupción. Los empresarios de Púnica hicieron negocio con las fiestas de inauguración que organizaba Francisco Granados. Más de 700.000 euros pagados por parte de FCC, Sacyr y Dragados a una de las empresas centrales de la trama.
En definitiva, nueve años de gobierno regional de los que Aguirre ha glosado las luces sin reparar en las sombras. En su comparecencia como testigo no se ha salido del guión previsto: ella estaba a lo importante sin reparar en la logística de los actos que se fraccionaban para Gürtel. Las ilegalidades, si las hubo, fueron cosa de sus “ranas”.
