La jueza Alaya desmantela de un plumazo la rama catalana de los ERE andaluces y deja en evidencia a Ruz
Tras seis meses de baja, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha regresado a su puesto con energías renovadas. El pasado miércoles 20 de marzo dio curso a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para detener a 22 personas en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.
A pesar de que la jueza ha afeado en sus autos judiciales la actuación de la Junta de Andalucía, el Gobierno que preside el también presidente del PSOE, José Antonio Griñán, ha alabado la labor de Alaya en su intento de evitar que se dilate el proceso y que algunas de las pruebas intervenidas por la Guardia Civil el pasado miércoles se desvirtúen.
Pero Alaya fue aún mucho más lejos, al judicializar la investigación que la Guardia Civil inició en 2011 sobre las empresas aseguradoras que se beneficiaron de los ERE fraudulentos, esencialmente Vitalia y el grupo de aseguradoras vinculado al desaparecido banco catalán Eurobank, controlado por el oscuro financiero Eduardo Pascual Arxé, y cuya quiebra investiga el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ocupado, desde que Baltasar Garzón fuera inhabilitado, por el juez Pablo Ruz. El mismo sábado 23 Alaya ordenó el ingreso en prisión de Pascual y de su principal colaboradora, María Vaqué, por recibir comisiones de los ERE fraudulentos, a través de la aseguradora Vitalia.
Ruz se encuentra en las últimas semanas en el centro de la polémica por su enfrentamiento con el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, tras admitir a trámite una querella de IU contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros, se considera competente para investigar la financiación del partido del Gobierno. Competencia que se atribuye también Ruz, por el hecho de ser el instructor de l caso Gürtel.
En la batalla, sin embargo, y a pesar de que es más que evidente que el Gobierno quiere que los papeles de Bárcenas sean investigados por Ruz –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedir que el caso quede en manos del sustituto de Garzón–, Alaya ha dejado en evidencia al titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Porque ya en junio de 2012, los accionistas de Eurobank le pidieron que investigara las actividades de Pascual y de su aseguradora Vitalia, que heredaron buena parte de las actividades de Eurobank, con los más de 13 millones de euros que, según la acusación particular, expoliaron de la entidad catalana. Y el escrito, en realidad, no era más que un recordatorio de una petición realizada ya en 2007, sobre la necesidad de investigar el grupo de empresas de Eduardo Pascual.
Corrupción transversal
A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal. Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.
En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.
La operación impulsada por Alaya se ha saldado, de momento, con el ingreso en prisión de siete personas. Varias de ellas no eran sorpresa alguna, a la luz del informe elaborado por los propios técnicos de la UCO, que cifran el dinero desviado de la partida de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo en 50 millones de euros: el exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, que ya había pasado siete meses en prisión por haber autorizado la salida de los fondos, y el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Mucho más sorprendente ha resultado el encarcelamiento de Pascual y de su mano derecha, María Vaqué.
Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo, rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
