La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no comparecerá ante la Comisión de Incompatibilidades del Senado para explicar su millonario incremento patrimonial y por qué no lo reflejó en su declaración de bienes hasta que fue desvelado por elDiario.es. En un nuevo escrito dirigido a la presidenta de la comisión, Muñoz reitera las explicaciones que ofreció en otro documento remitido a la Cámara Alta hace un mes y que no satisficieron a los portavoces de los grupos, que apoyaron la decisión del PSOE de pedir la comparecencia de la también senadora del PP. En la nueva misiva, a la que ha tenido acceso este medio, Muñoz no solo no aporta nueva información, sino que se sitúa como víctima de un “linchamiento político”.
Muñoz, quien se juega la reelección como alcaldesa el próximo 28 de mayo, se enroca así en su decisión de no comparecer ante la Comisión de Incompatibilidades, cuyas sesiones se celebran a puerta cerrada. La senadora del PP insiste en el escrito, datado el 3 de mayo, en su patrimonio, que supera los 12 millones de euros, procede de “una donación” de su marido, Lars Gunnar Broberg. Y que todo está pertinentemente reflejado ante la Agencia Tributaria y la Junta de Andalucía.
La alcaldesa insiste, además, en que no actualizó el único documento público que podría permitir rastrear este incremento patrimonial, su declaración de bienes ante el Senado, porque pensaba que no tenía que hacerlo hasta el final de la legislatura, pese a que las normas internas de las Cortes Generales son claras al respecto.
“No existe ninguna irregularidad, tal y como puede comprobarse en los citadas declaraciones y registros, y sí una modificación que se lleva a cabo en cuanto me indican que es preceptivo hacerlo durante la legislatura y no a su término”, apunta Muñoz en el documento.
Lo que no dice es que fue advertida justo después de que elDiario.es revelara tanto la transferencia del patrimonio por parte de su marido (ya fallecido) como la investigación judicial que la Audiencia Nacional dirigió tanto contra Broberg como contra su hijo (e hijastro de Muñoz), Joakim Broberg, por organización criminal y blanqueo del narcotráfico.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesó a ambos, junto a otros supuestos integrantes de la organización, pero posteriormente levantó el procesamiento contra el marido de Muñoz por su mal estado de salud. El juicio contra el hijastro está todavía pendiente de celebrarse.
Muñoz, que ha amenazado con llevar a este medio a los tribunales, califica en su escrito de “apreciaciones difamatorias, mentiras y comentarios deshonrosos” los hechos que la comisión parlamentaria le señala. “Tienen como único objetivo intensificar la campaña de acoso del PSOE hacia esta senadora y la estrategia electoral de intentar enturbiar la imagen del Gobierno municipal, del Ayuntamiento y de la ciudad de Marbella no deben tener amparo en esta Cámara”. Algo que califica como “linchamiento político”.
La donación millonaria que no reflejó en su declaración
Muñoz presentó el pasado mes de marzo un escrito de poco más de dos páginas para intentar zanjar la petición de explicaciones por no informar en su momento de una millonaria donación realizada por su marido y evitar así una sesión de la comisión con ella como protagonista en mayo, a pocas semanas de las elecciones. La Comisión de Incompatibilidades pretende dilucidar si se ha producido alguna colusión con el artículo 9 del Código de Conducta de las Cortes Generales y determinar si se ha producido alguna infracción por conflictos de intereses.
Pero ni aquel documento ni el remitido este mes de mayo resuelven las incógnitas abiertas sobre su gran patrimonio y el de su familia, e incluía algunas falsedades relacionadas con cómo y cuándo se produjo la actualización de su declaración de bienes en el Senado.
Un mes después, Muñoz insiste en que se registró [la donación] en su “Declaración de Patrimonio del ejercicio 2020. (Presentada el 21 de junio de 2021)”. Es decir, que declaró la donación ante Hacienda, así como el incremento patrimonial. Pero lo que no hizo la alcaldesa de Marbella, ratificada por el PP como candidata para el 28 de mayo, fue modificar en tiempo y forma su declaración de bienes ante el Senado.
Cuando se produjo la donación entre marido y esposa la familia ya sabía que dos de sus miembros estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional. Broberg recibió un chivatazo que no se investigó . El comisario Villarejo informó en 2014 al por entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de la trama en la familia de la alcaldesa de Marbella. “Pegan unos palos de la hostia”, le dijo. La alcaldesa de Marbella condecoró al expolicía ese mismo año, hoy juzgado en decenas de causas por fabricar y destruir pruebas a las órdenes del PP, entre otras cuestiones.
La Mesa de la Comisión de Incompatibilidades, en la que todos los grupos tiene voz pero solo el PSOE y el PP voto, no vio del todo satisfactorias las explicaciones y en una breve reunión determinó reclamar la comparecencia de Muñoz en persona para recabar la información de primera mano.
El Ayuntamiento, fuera del procedimiento
Muñoz insiste también en este nuevo escrito en que “las resoluciones de la Fiscalía y la Audiencia Nacional, (...) reiteran que no existen indicios ni 'en ningún momento puede atribuirse participación' al Ayuntamiento de Marbella y a sus cargos municipales en la causa judicial”.
Efectivamente, el juez instructor denegó abrir una línea de investigación sobre el Ayuntamiento de Marbella pese a que la Policía Nacional apuntó en un informe: “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg [el hijastro] se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.
Incluso un policía de Marbella aseguró ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro. El ya fallecido marido de la alcaldesa conocía la investigación secreta y avisó a su hijo: “Tu teléfono está intervenido”.
Pero, además, tal y como ha informado elDiario.es, la Fiscalía del Supremo investiga a la alcaldesa de Marbella por negarse a demoler un edificio ilegal.