Ana Garrido es célebre contra su voluntad. Trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), donde empezó a observar que algunas cosas no funcionaban como deberían. Decidió reunir todas las irregularidades en un dossier de 300 páginas y entregarlo a la justicia. Así nació el caso Gürtel.
Mientras algunos de los implicados en esa trama de corrupción esperan sentencia, Garrido vive su propia penitencia. Siete años después de destapar uno de los mayores escándalos de corrupción está arruinada. Ha perdido su trabajo y su casa, y subsiste vendiendo pulseras y collares por internet después de haberse desecho de buena parte de sus objetos personales. Vive como okupa en un piso embargado por un banco y paga su defensa jurídica con ayuda de un crowfunding.
Una plataforma pelea desde entonces para que eso no vuelva a ocurrir, para que quienes denuncian casos de corrupción no sufran consecuencias personales. Para que denunciar los desmanes de los políticos desde dentro de la administración compense y animar así a más gente a atreverse.
Plataforma X la Honestidad (PXLH) nació con el objetivo de apoyar a Ana Garrido. “Decidimos que podíamos ampliar nuestros objetivos y defender y asesorar a más personas que hayan denunciado corrupción, o que quieren hacerlo y no se atrevan”, explica el portavoz Pedro Arancón en conversación con eldiario.es. Eso sí, para hacerlo necesitan juristas y especialistas en contratación pública. Cualquier colaboración es bienvenida, explica Arancón.
Así, han ampliado sus objetivos y se ha convertido en una asociación que busca hacer ‘lobby’ para impulsar una legislación que proteja a quienes deciden dar el paso y denunciar. Como el teniente Luis Segura.
Este militar atraviesa un calvario desde que publicó la novela Un paso al frente en la que denunciaba casos de corrupción en las Fuerzas Armadas españolas. Sufrió varios arrestos injustificados, mantuvo una huelga de hambre como propuesta y finalmente fue expulsado por el Ejército de Tierra.
Los 'whistleblowers'
Garrido y Segura son lo que en Estados Unidos se conoce como whistleblowers, una figura que en ese país han popularizado recientemente nombres como Edward Snowden, escondido en Rusia desde que destapó el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) o Chelsea Manning, que cumple una condena de 35 años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks.
PXLH reclama una regulación específica en España para estos filtradores o denunciantes. En su web han esbozado el contenido que debería tener una ley en este sentido. No son los únicos que lo piden. La OCDE ha llamado la atención sobre este asunto colocando a España a la cola de países en este aspecto. El 88% de estados cuentan con algún tipo de regulación y España no está entre ellos.
La regulación que PXLH reclama pone el foco en garantizar el empleo a las personas que denuncian casos de corrupción y darles asistencia jurídica desde el momento de la denuncia. La plataforma también quiere que los filtradores de información estén apoyados médica y psicológicamente.
“Cuando alguien denuncia un caso de corrupción, lo primero que hacen es ir a por él, como le ha ocurrido a Ana Garrido”. Arancón recuerda que la justicia condenó al Ayuntamiento de Boadilla a indemnizarla por acoso laboral. El Consistorio se resiste, y ha recurrido la sentencia.
Además, recuerda que “estas personas se ven inmersos en procesos larguísimos que tienen que costear de su bolsillo después de haber perdido incluso su trabajo, por lo que esta defensa debe ser gratuita”. También reclaman que se proteja el anonimato de quienes no quieran que sus nombres salgan a la luz.
“Es un asunto de derechos humanos, lo asemejamos a las mujeres maltratadas. Es fundamental proteger a estas personas, también porque creemos que sería una de las principales medidas en la lucha contra la corrupción”, explica.
Una ley antes de un año
La regulación que reclama esta plataforma podría avanzar con la constitución de las nuevas cortes. PXLH ha conseguido que varios partidos se pronuncien a favor de la ley que proponen y su intención es que se apruebe en el primer año de legislatura. Arancón señala que Unidos Podemos ha asumido el contenido íntegro de su propuesta, Ciudadanos buena parte de ella y el PSOE ha adquirido “un compromiso muy amplio”, pero ha puesto reparos con uno de los puntos.
El documento que propone PXLH prevé la creación de un Observatorio de la Corrupción integrado por funcionarios públicos independientes que se ocupe de mantener “la confidencialidad del denunciante al objeto de evitar que comportamientos actuales de acoso, moobing, difamación, injurias o calumnias”.
“A mí me parece fundamental, creemos que esta ley debe administrarla un ente independiente, porque las personas que dirigen las estructuras del Estado son compañeros más o menos afines de las personas que están denunciadas”, apunta Arancón, que cifra en 48.000 millones el dinero desviado a través de fraudes en las contrataciones públicas.
A pesar de que el PSOE rechaza el punto concreto del Observatorio, la legislación tiene muchas posibilidades de salir adelante, porque el grueso de la norma es compartido por los tres partidos. Además, su mayoría permite que no sea necesario sumar al PP. Arancón lamenta que es el único partido con el que no han conseguido atraer a su propuesta: “Ni siquiera nos han recibido”.