El despacho de abogados de Pedro Muñoz Lorite, activista ultra que ha sido condenado por discriminar a una empleada musulmana, disfruta desde 2021 de una segunda concesión del Ayuntamiento de Madrid, en este caso para la asesoría jurídica municipal en materia de extranjería y ante supuestos casos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. El consistorio de José Luis Martínez-Almeida (PP) acaba de renovar la concesión de otra adjudicación para LaBE abogados, en este caso para la asesoría en matería jurídica de las personas sin recursos que no pueden pagar un abogado.
El Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico especializado en materia de extranjería y en supuestos de racismo e intolerancia. El colectivo al que va dirigido, según publica el Área de Servicios Sociales, son las “personas inmigrantes”.
Este segundo contrato del que informa hoy elDiario.es se formalizó el 1 de junio de 2021 por un plazo de 12 meses y estipula que se puede ampliar hasta tres años más, junio de 2025. El contrato asciende a 179.615,64 euros anuales. Fuentes municipales aseguran que ahora no hay ninguna licitación en marcha y que el contrato ha sido prorrogado y sigue vigente.
El contrato fue licitado en agosto de 2020 y entonces se excluyó al Colegio de Abogados, que venía prestando el servicio, por presentar su oferta 12 minutos fuera de plazo. El recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales fue desestimado, por lo que finalmente se adjudicó a LaBE como único licitador admitido.
Un Juzgado de lo Social condenó en abril de este año a Pedro Muñoz Lorite por los comentarios que le dirigió a su empleada Rabea M. M, de origen marroquí, nacida en Ceuta y con nacionalidad española. La sentencia del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid declaró nulo el despido de Rabea “por vulneración del derecho fundamental a la Igualdad y a la Tutela Judicial Efectiva en su vertiente de Indemnidad” y condenó a Law Business Enterprises Worldwid (LaBE) a compensar los daños morales causados con 20.000 euros.
En la sentencia citada se recogen varios mensajes que Muñoz Lorite dedicó a su empleada. El 23 de agosto le escribió un correo electrónico: “Es lo mismo ser un moro de mierda, cabrón, perro, ladrón, ladrón que quiere cobrar más aunque su puta responsabilidad profesional sea la misma en mi empresa, que por salvar el culo de mi empresa con un ayuntamiento concreto (…)”. El 12 de julio pasado, la sentencia devino en firme al constatar la magistrada en un auto que ninguna de las partes había presentado recurso en el plazo establecido.
La adjudicación obtenida por LaBE en junio de 2021 supone que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las personas migrantes sin recursos al despacho de Muñoz Lorite para que le asesore en temas de racismo y xenofobia, derecho de asilo, visado, nacionalidad y expulsión, o arraigo social, entre otras materias.
En otro mensaje dedicado a su empleada, Muñoz Lorite escribió: “A mi me da igual que trabajes conmigo o para alguna ayatolá del paseo de La Castellana, siempre y cuando que cumplas en tu trabajo cuando llegues a tu casa, puedes rezarle a Satanás o a buda, sinceramente, a mi me importa una puta mierda a quien respete (sic) pleitesía en un foro interno, tan solo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte (…)”.
Cuando elDiario.es desveló la condena al abogado ultra acompañó su información del hecho de que el despacho que administra gozaba de la concesión del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Ayuntamiento de Madrid y que el contrato público concedía a esos servicios un “valor estimado” de 1.367.398,00 euros anuales. El consistorio madrileño informó de que la adjudicación acababa de ser renovada y que estaba en fase de “formalización”.
El segundo contrato al que alude esta información se especializa en las materias aludidas, discriminación por razón de raza u orientación sexual, principalmente, y se presta en los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Consultada por esta adjudicación, una portavoz del Consistorio ha señalado que es la Ley de Contratos del Sector Público la que establece los supuestos de prohibición para contratar con las administraciones públicas y que en la documentación presentada por LaBE para participar en la licitación del contrato “figuran las declaraciones negativas respecto a estos motivos de exclusión”.
Con motivo de la primera información, fuentes autorizadas del equipo de José Luis Almeida aseguraron que la renovación del Servicio de Orientación Jurídica, el primer contrato, respondía al criterio de “personal técnico en base a criterios objetivos y subjetivos”. “Respecto a la parte subjetiva, se refiere a aspectos recogidos en el proyecto presentado y, en ningún caso, a otras circunstancias ajenas a esa propuesta”, añade la portavoz municipal en referencia a la condena al adjudicatario Muñoz Lorite. Las mismas fuentes aseguran que con este segundo contrato para asesoría contra el racismo se han aplicado los mismos criterios.
Desde la oposición, Más Madrid reaccionó exigiendo la ruptura “cuanto antes” del contrato con el despacho de Pedro Muñoz Lorite. “El Servicio de Orientación Jurídica, que nos cuesta 1.367.398 euros no puede estar en manos de un ultra que no respeta los derechos humanos”, aseguró Rita Maestre al conocer la sentencia por vulneración de derechos fundamentales contra Muñoz Lorite y LaBE.
Muñoz Lorite representó en el pasado a Manos Limpias en varias querellas contra políticos de la izquierda, caso de Manuela Carmena, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, y tiene un canal de Youtube donde vuelca contenido ideológico, como una entrevista ficticia al dictador fallecido Francisco Francisco. elDiario.es ha consultado a LaBE abogados sobre esta segunda adjudicación del consistorio, pero ni Muñoz Lorite ni el despacho han contestado.