Un día hace algunos años, Álvaro García Ortiz fue el fiscal más votado de España en las elecciones de la carrera. Una anomalía partiendo de la Unión Progresista de Fiscales, que no es ni mucho menos mayoritaria en una institución eminentemente conservadora. De aquello ha pasado más de un lustro. En 2022 llegó a la cima del Ministerio Público, tras ser el número dos de Dolores Delgado. Su propuesta de nombramiento de la anterior fiscal general para que ascendiese a la máxima categoría de la carrera fue corregida por el Tribunal Supremo, que atribuyó a García Ortiz desviación de poder. Él defiende el nombramiento y subraya que la sentencia le provocó indefensión (no fue parte en el procedimiento que anuló el ascenso de Delgado).
Desde entonces, la derecha judicial y mediática lo convirtió en diana de sus ataques. Esta semana El Mundo publicó una información en la que se le acusaba de haber influido en un fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, para que cambiase un informe inicial en el que pedía investigar a Puigdemont por terrorismo. El propio Redondo, un fiscal conservador de 68 años que ejerció durante los años 80 en Euskadi, negó por escrito y reiteradamente que en su decisión de no imputar al expresident por terrorismo, tuviera algo que ver el fiscal general. García Ortiz también lo niega tajantemente. Asegura que nunca conoció ningún informe previo del fiscal del Supremo y que la primera noticia que tuvo sobre su decisión se la trasladó el propio Redondo en su despacho: defendió que no veía indicios para acusar de terrorismo al expresidente catalán, pese a que en un borrador anterior había defendido que sí los había.
La junta de Fiscales del Supremo decidió por 11 votos a cuatro que se debe investigar a Puigdemont por terrorismo, pero como los dos jefes de la sala discrepan, la calificación final le corresponderá a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, persona de la confianza de García Ortiz. El fiscal general asegura que él no ha intervenido en este procedimiento, que ha seguido los cauces ordinarios de la institución. Alega que quien le acuse de presionar o influir en un fiscal no conoce la institución ni la dignidad de sus miembros. Evita posicionarse sobre la amnistía, ni sobre la posible imputación de Puigdemont y defiende que la Fiscalía en la que él cree solo se pronuncia en los procedimientos.
¿El expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont, es el líder de una organización terrorista?
Eso tendrá que decidirse en su momento, si es que se decide. El fiscal general del Estado no tiene opinión al respecto. Serán los tribunales, las fiscalías, quienes tomen alguna determinación. De momento yo no tengo opiniones como tales. Será la Justicia la que lo diga.
De lo que se conoce hasta ahora en estos cuatro años de investigación, ¿en la causa hay indicios para investigarlo, al menos?
Como fiscal general del Estado no he intervenido, hasta ahora, en un examen o un análisis de los hechos, ni de sus consecuencias jurídicas. Todo ha seguido un camino normal en la Fiscalía y son los fiscales encargados de cada caso los que los han analizado. En primer lugar, en la Audiencia Nacional, en la que hemos tenido una postura acerca de todo lo que usted me está preguntando; y, por otro lado, en la Fiscalía del Supremo, donde todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
Defiende que no presionó, no influyó para que un fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, cambiase su criterio y descartara los indicios de terrorismo contra Puigdemont. Se ha publicado que sí.
En absoluto. Quien diga eso no conoce el funcionamiento interno de una Fiscalía ni la dignidad ni la profesionalidad de todos y cada uno de los fiscales que la integran, empezando por el fiscal de la Audiencia Nacional, con su libertad de criterio y desde luego, con el señor Álvaro Redondo, a cuyas críticas solo hay que responder con la razón y la profesionalidad que tiene.
¿Cómo fue el encuentro que mantuvo con el fiscal Álvaro Redondo? ¿Qué pasó ahí dentro?
Fue un encuentro normal. El fiscal general del Estado tiene que estar enterado e informado. El artículo 25 de nuestro Estatuto así lo dice. Y yo me limité a llamar al señor Redondo para conocer su criterio. Él me manifestó su criterio, su único criterio [defendió que no veía la imputación por terrorismo de Puigdemont], que cinco minutos después elevó a la Junta de Fiscales que se iba a celebrar en ese momento hace una semana. Me ofreció el informe que había elaborado, le dije que no era necesario. Con las explicaciones para mí era suficiente. Fue una conversación entre el fiscal general y un fiscal en un ambiente de compañerismo y es todo lo que tengo que decir. Esa es la información que yo tenía en esos momentos.
El informe anterior, el borrador, el documento o como se quiera llamar… ¿Usted lo conoció?
No. Yo no he conocido ningún documento, ni el anterior ni el posterior, aunque me lo ofreció. Yo he conocido la existencia de ese documento a través de informaciones periodísticas.
¿Algún jefe del fiscal Redondo conoció ese primer documento? Y, si lo hizo, ¿tendría la obligación de trasladarlo al fiscal general?
Creo que tuvo conocimiento uno de los jefes [periódicos como El Mundo y ABC publicaron que fue Fidel Cadena]. En todo caso, un borrador antes de ser presentado y de que sea un documento definitivo no tiene por qué conocerse y debe quedar en un ámbito absolutamente privado.
¿Pero el jefe que lo conoció tenía obligación de trasladarlo al fiscal general?
No, no tenía obligación, puesto que en ningún caso estamos hablando de un informe definitivo. Los borradores que puedan trasladarse entre los compañeros son documentos de trabajo internos, exclusivos y privados.
El fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional ha descartado en varios escritos la existencia de acciones de “matiz terrorista” en esos altercados y también rechaza la implicación de Puigdemont. ¿Tienen sentido dos interpretaciones tan opuestas dentro de la misma institución, como la que hemos conocido esta martes de esos 11 fiscales?
Nosotros nos regimos por el principio de unidad. Es evidente que la Fiscalía sólo tiene una voz y tiene procedimientos para que esa voz sea única, es como nos organizamos. Sí que hay un matiz entre una y otra decisión: el fiscal de la causa, el fiscal de la Audiencia Nacional, conoce los autos, conoce los hechos, conoce la prueba directa y se hace una idea de la valoración jurídica que le merece. Los fiscales del Tribunal Supremo conocen exclusivamente la exposición razonada y es sobre un escrito del juez, del magistrado instructor, sobre el que ellos elaboran una tesis sobre si hay indicios o no hay indicios o, en su caso, si hay terrorismo o no lo hay.
Entre ambos, ¿qué criterio cree que debe prevalecer?
Yo no creo nada. Yo me limito a que se siga el cauce establecido. Serán los mecanismos que tenemos en la Fiscalía los que tomen una decisión, los que valorando ambas opciones, puesto que hay una discrepancia en la propia Fiscalía del Tribunal Supremo, la resolverán conforme a esos mecanismos.
Pero no me hagan ustedes opinar. Yo no opino, opinaré, si tengo que hacerlo con este o con cualquier otro caso, cuando jurídicamente le corresponda al fiscal general. Y no estamos en eso. No estamos ante un informe del fiscal general. Todo el recorrido de decisión de la Fiscalía se ha respetado escrupulosamente para llegar a lo que ocurre cuando hay un disenso, como ocurre en cualquier organización, como puede ocurrir en un tribunal, como puede ocurrir en la redacción de un periódico.
La Junta de Fiscales ha rechazado el informe contrario a imputar por terrorismo a Puigdemont y ha encargado hacer uno nuevo a la teniente fiscal del Supremo, que es su ‘número dos’. ¿Qué tesis va a sostener?
No lo sé. Habría que preguntárselo a ella. No es un encargo, sino que es la forma que tenemos en la Fiscalía de dirimir las discrepancias. Hay dos jefes, cada uno ha sostenido una tesis jurídica y, ante ese sostenimiento de diferentes tesis jurídicas, resuelve el superior jerárquico, que en este caso es la teniente fiscal del Tribunal Supremo.
De los 15 fiscales de lo Penal del Supremo 11 creen que hay indicios de terrorismo y que cabe investigar por ello a Puigdemont. Si esos indicios eran tan claros, ¿por qué se ha tardado cuatro años en investigar a quien ahora se le otorga ese papel destacado en la supuesta organización?
Me vuelve a pedir una opinión y le vuelvo a decir que no voy a dar ninguna opinión, puesto que yo no estoy elaborando ningún informe acerca de los hechos o la tipicidad de los hechos.
¿Cree que alguien ahí fuera puede entender que se acuse de terrorismo a Puigdemont sin que esto no esté relacionado con la amnistía?
En el terreno de la opinión puede haber muchas. Yo incluso puedo tener mi propia opinión personal, pero yo soy fiscal general del Estado y no puedo hacer ese tipo de valoraciones que me lleven a una polémica pública en un sentido o en otro. Quiero dejar muy claro que en el terreno de comentar lo que ha ocurrido o lo que pueden decir unas u otras personas no me deben encontrar. El modelo que propongo es el del fiscal general del Estado que escriba lo que tenga que decir, que someta su criterio a los tribunales y que respete los cauces formales de la Fiscalía.
También le han pedido opinión sobre la ley de amnistía. Lo han hecho fiscales, asociaciones de fiscales, asociaciones de jueces y usted nunca se ha pronunciado sobre esa ley. ¿No cree que su opinión como jurista puede ser relevante?
Sin duda mi opinión como jurista es relevante. Pero además de jurista soy fiscal general del Estado y represento una institución que va a tener que aplicar esta norma en todos y cada uno de los tribunales donde se ponga en cuestión. Además, la Fiscalía va a tener que manifestarse sobre una posible cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial que se pueda poner. Sería temerario que el fiscal general diera su opinión. Nosotros actuamos ante los tribunales. Esa tesis jurídica hay que hacerla cuando nos lo demanden los tribunales o la ley. Antes, estaríamos equivocando nuestro papel. Nuestro papel es ante los tribunales y, después, explicarlo a la opinión pública, desde luego.
Relacionado con todo esto, el fiscal Redondo escribió artículos contra la ley de amnistía en diferentes medios de prensa. ¿Un fiscal que escribe contra la ley de amnistía es el más indicado para hacer un informe sobre si hay que imputar a Puigdemont por terrorismo?
Yo confío en la profesionalidad de todos los fiscales de este país, de todos. Si algún fiscal, en alguna de sus intervenciones públicas o privadas, entra en un conflicto de intereses con algo que ha hecho o que profesionalmente le ocupa, tenemos mecanismos estatutarios para resolverlo a través de los mecanismos de abstención. Y, como le digo, y a la vista está, este es un ejemplo de cómo se puede discrepar en público, pero asumir tesis diferentes a las que, de manera teórica podríamos pensar en nuestro comportamiento profesional.
¿Cree que toda esta polémica va a afectar negativamente a la imagen de la Fiscalía y a la credibilidad de la Justicia?
Hay mucho que explicar respecto a cómo funciona la Fiscalía. El hecho de que haya discrepancias jurídicas, tesis contrapuestas y mecanismos para resolverlos es lo que tenemos que explicar a la opinión pública. Pero es lo mismo que ocurre en cualquier colectivo, cuando un tribunal corrige a otro, cuando los miembros de una sala discrepan y se emite un voto particular, cuando se someten diferentes cuestiones a una primera instancia, a una casación, a un Tribunal Supremo y después a un Tribunal Constitucional… Es la forma normal de resolver controversias en un Estado de Derecho.
Nosotros tenemos fijado cómo resolvemos esas cuestiones jurídicas. Nada es blanco y nada es negro, todo es interpretable y siguiendo esos cauces lo único que hacemos es explicarle a la opinión pública cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos. A partir de ahí, cada uno puede especular. Pero creo que si se explica bien lo que hacemos y por qué lo hacemos, la opinión pública debe entenderlo. Puede que aparentemente esa imagen se desgaste, pero yo creo que en el fondo las explicaciones son buenas para saber cómo funcionamos.
¿Cómo recibió la sentencia que le acusa de “desviación de poder” en el ascenso a fiscal de Sala de su predecesora, Dolores Delgado?
Es una sentencia dura para mí. Fíjese si es dura, que es una sentencia en la que yo no he sido parte. Yo no he podido intervenir en el procedimiento como demandado y, por lo tanto, tampoco puedo recurrirla. Dicho esto, y como no puede ser de otra manera, acato la sentencia, aunque no me guste su contenido y discrepe profundamente. El nombramiento se produce en una persona que tiene el mérito y la capacidad para ser fiscal de la Fiscalía Togada.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró no idóneo para el cargo en un duro informe en el que cargaba contra su “deficiente gestión” y criticaba la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos. Es la primera vez que este órgano rechazaba el nombramiento de un fiscal general. ¿A qué lo atribuye?
Es la primera vez que un órgano caducado y diezmado, como es el Consejo General del Poder Judicial, emite una declaración de no idoneidad del fiscal general del Estado cuando sus competencias se reducían —y el ejercicio de la competencia de cada órgano es fundamental— a determinar si se cumple el hecho de que llevo 15 años siendo jurista de reconocido prestigio. Esos excesos no se corresponden con los hechos, lo dije nada menos que en sede parlamentaria. Todas y cada una de las afirmaciones que se hacían de una manera acrítica sobre mi persona lo único que hacen es desprestigiar a las personas que las manifestaron, en absoluto al fiscal general del Estado.
Los vocales que promovieron esa declaración también le acusaron de estar en “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Nada más incierto y nada más lejos de la realidad. Si hay algo en lo que creo personalmente y como fiscal es en el Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Derecho que cumple las garantías suficientes equiparables a cualquier otro del mundo, de nuestro entorno. A veces las cosas no se dicen como las personas las quieren oír, pero yo creo que diciendo esto queda muy claro cuál es mi postura sobre el sistema judicial y sobre el sistema de garantías que nuestra Constitución establece.
Una investigación de elDiario.es y La Vanguardia ha revelado que el Gobierno de Rajoy pidió investigar al margen de la ley al entonces fiscal jefe de Cataluña. ¿Qué opinión le merecen estos hechos?
Volviendo a retomar lo que es opinión y lo que es acción jurídica, este es un buen ejemplo. No he opinado sobre el asunto, lo que hemos hecho es abrir diligencias de investigación. Esa es la diferencia entre opinar y hacer. Es un hecho gravísimo que a quien le corresponde el papel de investigar, de perseguir a los delincuentes, haya indicios de que ha sido investigado sin control alguno incluso por un cuerpo policial. Es una cuestión preocupante. Y fruto de esa preocupación y de esa gravedad hemos abierto esas diligencias. A ver dónde nos llevan.
¿Hay algún avance?
Que yo sepa o pueda revelar en este momento, no.
Las asociaciones de fiscales, que han demostrado una gran hiperactividad en los últimos meses y años, no han hecho ningún comunicado, nota de respaldo o declaración pública a favor de este fiscal que fue investigado sin amparo de los jueces. ¿A qué lo atribuye?
Ellos tendrán que explicarse, no lo tendré que explicar yo. La actividad asociativa es una actividad diversa y que responde a diferentes necesidades o a diferentes motivos por los que se hacen declaraciones públicas. Tampoco he oído una defensa del fiscal superior de Castilla y León; de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional [al que el PP comparó con un cáncer]... La actividad asociativa es libre de manifestarse como quiera.
Estas irregularidades no fueron las únicas que se han detectado en la Operación Catalunya, donde hay indicios de comportamientos ilegales por parte de funcionarios y altos mandos de aquel Ministerio del Interior. ¿Por qué la Fiscalía no investigó antes este tipo de prácticas?
Hay procedimientos abiertos en los que hay parte del material que ustedes y La Vanguardia han puesto en circulación. Si hay algún indicio nuevo, si hay algún soporte documental que merezca la pena investigar o que se pueda incorporar a causas que ya están abiertas, no duden ustedes de que se hará. Ese es nuestro oficio, esa es nuestra obligación.
El Consejo General del Poder Judicial ya ha superado los cinco años en funciones. ¿Cree que esa situación afecta a la imagen de la Justicia?
Afecta a la Justicia. También a la imagen de la Justicia, pero afecta a la Justicia. Es un órgano constitucional, es un órgano clave en nuestro Estado de Derecho y es un órgano que lleva más de cinco años con su mandato prolongado. ¿Cómo no va a afectar? En muchísimos aspectos y de muchas maneras y sobre todo y también a la imagen.
¿En qué aspectos concretos?
Empezando por los nombramientos, siguiendo por un funcionamiento regular de un sistema. En tercer lugar, por el cuestionamiento del propio origen y legitimidad del Consejo, llegamos a cuestionar su forma de nombramiento 30 años después de que esté funcionando. En realidad, pone patas arriba todo el sistema porque no hay una voluntad de asumir la designación parlamentaria de los miembros del Consejo.
¿A quien considera responsable de ese bloqueo?
A quienes han manifestado públicamente que no se sientan a negociar. Yo creo que es evidente que el bloqueo se produce cuando dos partes no se quieren poner de acuerdo o una de ellas no quiere sentarse a negociar.
¿Qué parte no se quiere sentar a negociar?
Es evidente, lo ha dicho hasta el propio presidente del Partido Popular. No se sienta por diferentes razones. Lo ha ido justificando a lo largo de este tiempo.
¿Tiene sentido que dimitiera el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que renunció hace más de un año, y que no lo hicieran los vocales que le acompañaron durante su mandato? ¿Cree que ese movimiento forzaría una renovación del órgano?
No lo sé porque no está en manos de los propios vocales. Está en manos de terceros. Por lo tanto, no sé a qué llevaría la dimisión de Lesmes. Él intentó que su dimisión provocara un cambio de actitud en quien estaba bloqueando el Consejo. Es una pregunta muy difícil de responder.
¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de los vocales del Consejo o haría alguna modificación parlamentaria?
Una de las cosas más importantes del Estado de Derecho es saber de dónde proceden nuestras legitimidades y saber que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo elige a sus representantes. Ese es el presupuesto de ejercicio de cualquier poder. A partir de ahí se pueden establecer muchos sistemas. Lo que tengo muy claro es que llevamos 30 años con el mismo sistema, 30 años eligiendo de una manera parlamentaria a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, con intervención también de las asociaciones en la primera elección de jueces. Si hay que modificar el sistema, también debe haber un acuerdo de modificación de ese sistema.
Hay muchos sistemas diferentes: en Europa hay países que no tienen Consejo General del Poder Judicial, otros en los que el Ejecutivo directamente, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia están presentes en el propio Consejo. Por lo tanto, el modelo puede ser todo lo abierto que queramos. Lo que sí creo es que es un ejercicio de soberanía español, es un ejercicio de quienes nos dictamos las normas con arreglo a nuestra Constitución, quienes deben decidir. Si los parlamentarios deciden cambiar el sistema, son ellos los que deben hacerlo.
En relación con la lucha contra la violencia machista, existe un cierto consenso de que la ley integral es un buen instrumento, pero que hay algunas lagunas en su aplicación. ¿Qué cree que le ha faltado a esta ley?
El análisis sereno de lo que ocurre en los comportamientos de violencia machista o violencia contra la mujer es muy complejo: no solo una legislación criminal, no solo una legislación que contempla aspectos sociales y educacionales. Hay toda una estructura de funcionamiento de una sociedad que acaba incidiendo en este tipo de comportamientos machistas. Por eso es tan difícil atajar este fenómeno, estamos hablando de factores estructurales. Dicho esto, todo lo que se puede hacer -y en España se está haciendo mucho y debemos estar orgullosos- para atajar estos fenómenos, sea bienvenido.
¿Qué pediríamos? Desde luego, recursos para que las víctimas durante el proceso, las unidades de valoración, los equipos psicosociales, las oficinas de denuncias estén lo mejor dotados posible para que todo lo que rodea a una mujer que decide dar el paso de denunciar o poner en conocimiento de la Justicia su situación de dominación o de violencia pueda ser amparada por nosotros y pueda ser protegida. Y, a partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas. Pero si no tenemos ese entramado social y de recursos alrededor de la Justicia, siempre nos va a faltar algo. Por eso no me voy a cansar nunca de demandar estos recursos.
¿No cree que hay lagunas en cómo se protege a las mujeres desde el Poder Judicial?
Tengo muy claro que el primer culpable del asesinato de una mujer es su asesino. Medir los porcentajes de éxito, entre comillas, de la protección sin un análisis frío de en qué situación se han formulado estas denuncias, en qué situación se ha protegido, en qué situaciones no se ha protegido también por las propias circunstancias o las propias garantías del sistema... Es un poco complicado. Esas cuentas hay que hacerlas con un análisis cualitativo muy profundo. Tenemos qué es lo que ocurrió y así tendremos un retrato mejor de lo que pasó. En España, afortunadamente, llevamos una contabilidad y nos hemos anticipado a otros países y vamos analizando el fenómeno desde muchas perspectivas. Tenemos que seguir trabajando. Es momento de realizar análisis cualitativos profundos para llegar a proteger mejor y de una manera eficaz a las mujeres.
Durante toda la entrevista ha evitado pronunciarse sobre varias cuestiones por ser fiscal general, ¿qué le parecieron las manifestaciones de asociaciones de jueces y asociaciones de fiscales, de jueces decanos... contra una ley de amnistía antes incluso de que se conociera el texto?
Están en su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como otros colectivos tienen libertad de crítica sobre lo que ellos digan o puedan decir. Pero desde luego lo que me interesa a mí es qué va a hacer la Fiscalía o qué opina la Fiscalía, o qué dice o no dice la Fiscalía. Y, en este caso, lo he dicho muy claramente. Nosotros nos manifestaremos ante los tribunales cuando los propios tribunales lo demanden o cuando la ley lo exija.
En el asunto de Catalunya, tanto en el procés como en lo que vino después, ¿hay jueces y fiscales que se están extralimitando, que están sobreactuando con sus declaraciones e incluso algunos con sus propios actos?
Me vuelve a pedir una crítica genérica, una opinión. Yo creo que el Estado de Derecho funciona esencialmente. A veces hay distorsiones que corrige el propio sistema. Habrá comportamientos que si son individualizados y merecen un reproche, sin duda llegará ese reproche en forma de corrección a través de un sistema de recursos o incluso con un sistema disciplinario, o se quedarán en el libre ejercicio de los derechos que también tienen los jueces y los fiscales. Pero yo creo en este sistema, creo en el Estado de Derecho.
Sabe que de Álvaro García Ortiz, más durante la última semana, pero durante estos últimos años también, se ha hecho la caricatura de que prácticamente es una marioneta a la que mueve el Gobierno a su interés y beneficio propio.
La verdad es que es difícil reconocerse en el muñeco que otros han construido de mí. Yo me considero un profesional honesto que trabaja por la carrera fiscal, que trabaja también y sobre todo por los ciudadanos, para que el servicio público, que es la Justicia, el servicio público que debemos prestar los fiscales a toda la ciudadanía, llegue hasta el último rincón de este país. Para que la dignidad de la persona, venga de donde venga, tenga el origen que tenga, cualquiera que sea su situación jurídica, sea el faro que ilumine a la Fiscalía, sea nuestro objetivo. Que la interpretación del interés social constitucional que nos corresponde a los fiscales vaya en una determinada dirección del progreso, de la defensa de los valores fundamentales en los que yo creo: la defensa del medio ambiente, la defensa de quebrar los comportamientos violentos contra la mujer, la defensa de las personas vulnerables... Eso es lo que yo soy y eso es lo que creo. La caricatura que se puede hacer de mí le corresponde a otros. Sabrán por qué y sabrán para qué, pero desde luego yo no me identifico en absoluto con eso.
¿Porque usted no ha recibido presiones ni las ha aceptado ni las ha asumido por parte del Gobierno en este asunto de Puigdemont?
En absoluto, en absoluto. El fiscal general del Estado es absolutamente independiente del Gobierno que lo nombró. La dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno se remonta a 2007, cuando cada siete días, en el siguiente Consejo de Ministros, un fiscal general podía ser cesado. Al fiscal general del Estado no le puede cesar el Gobierno que lo nombró, tiene un estatus de independencia desde ese mismo momento. Por lo tanto, de todo lo que yo haga o diga, soy responsable yo mismo. No busquen responsabilidades en terceras personas.
En su toma de posesión desveló que tiene avanzadas las circulares para perseguir la corrupción. ¿En qué consiste?
La corrupción es quizá uno de los problemas más importantes que tienen las sociedades modernas, por varias razones, sobre todo porque no permiten que el Estado de derecho, que la igualdad entre los ciudadanos presida ni en la asignación de recursos, ni en esos recursos públicos que tanto nos cuesta utilizar para todos, porque el corrupto se apropia de ellos o decide en contra del interés general. Por eso es casi una obsesión nuestra. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía bandera también en el mundo que lucha contra la gran corrupción, contra la criminalidad organizada en el sentido más amplio. Pero tenemos también una corrupción endémica, latente, una pequeña corrupción en todos o en muchos centros de decisión que es casi tan importante como esta espectacular que lleva a las grandes operaciones.
Creo que merece la pena reflexionar sobre esto y poner en manos de todos y todas las fiscales de España una serie de instrumentos jurídicos para que seamos eficaces atacándola. Y por eso vamos a poner en conocimiento de los fiscales toda una batería de circulares sobre prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho... Para que ellos puedan usar estas armas. Intentaremos además crear una Fiscalía de delitos contra la administración pública para que tengamos todos el mismo criterio en toda España y todas las armas a nuestro alrededor: que colaboren con nosotros todas las instituciones posibles, todas las oficinas antifraude que se hayan creado, todos los elementos que trabajan en paralelo a la acción de la Fiscalía.
La persecución de la corrupción ha hecho caer políticos, fiscales, algún juez... pero hay una persona que parece escaparse al control contra la corrupción, que es el anterior jefe del Estado. ¿Cree que la sociedad entiende que Juan Carlos I no vaya a ser juzgado por todo lo que hemos conocido?
La Fiscalía, como bien saben, inició unas diligencias de investigación hace ya tres años sobre las actividades ilícitas del anterior jefe del Estado y llegó a unas conclusiones, algunas de ellas estaban amparadas en la prescripción de los delitos, otras por la inmunidad que la Constitución reconoce al anterior jefe del Estado. Creo que fuera de ese marco dar una opinión es temerario por parte de un fiscal general del Estado. Si el legislador constitucional, si la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto varía, pues se podrán mirar otras vías, otras actitudes. De momento yo creo que la Fiscalía ha cumplido sobradamente con esta sociedad poniendo de manifiesto aquellos comportamientos.
¿Se le ha tratado igual, salvo en aquellas leyes que le protegían, a como se hubiese tratado a cualquier otro ciudadano anónimo?
Desde luego, en nuestra investigación, por supuesto.
Fuera de todos estos grandes titulares, de todas estas tormentas de las últimas semanas, ¿cómo está la Fiscalía por dentro y cómo están los fiscales con el fiscal General?
La Fiscalía no es el edificio de Fortuny que está en Madrid. La Fiscalía son 2.690 profesionales que trabajan todos los días en las fiscalías de España. Ese es el retrato de la Fiscalía española. Los grandes titulares a veces hacen distorsionar esta imagen de servicio público, de entrega, de un montón de excelentes profesionales. Esa es la Fiscalía que yo quiero recuperar. Yo me siento amparado y querido por mis compañeros, como lo he sido durante toda mi vida profesional. Fuera quizá de este ruido mediático, de esta caricatura que se pretende hacer conmigo. Somos compañeros, nos conocemos, me conocen y en ese sentido me siento muy tranquilo y muy querido.
¿Cuándo cree que van a instruir los fiscales las investigaciones con esa reforma que sigue pendiente y que no tiene fecha de aplicación?
Esa reforma es un deseo de incorporarnos a nuestro entorno común, donde los papeles del Ministerio Fiscal y de los jueces de garantías están perfectamente definidos. Tenemos un modelo que ya está vigente en España, que ya se utiliza, que es el modelo de la Fiscalía Europea. Por lo tanto, ya no es una hipótesis de laboratorio, ya existe en España y hemos visto -con alguna distorsión, normalmente el cambio es difícil- que se puede aplicar perfectamente en nuestro país. Tiene que ser la voluntad del legislador la que lo haga, el consenso, porque hacen falta mayorías para modificar leyes de este calado, un poquito de tiempo y esfuerzo y yo creo que no hay otro horizonte posible. Los grandes fenómenos de criminalidad que nos preocupan mucho a la Fiscalía en el mundo globalizado no se pueden perseguir con las armas de una ley del siglo XIX. Sencillamente, necesitamos tener la capacidad que tiene la Fiscalía como unidad, pero también como globalidad, no dependiendo de un pequeño partido judicial para ejercer nuestras funciones y nuestra jurisdicción.
Vídeo: Javier Cáceres y Rocío Bermejo