Alvise en Bruselas: la catarsis que no llega mientras arrecian las causas contra él

Luis 'Alvise' Pérez dejó muy claro en infinidad de ocasiones para qué quería ser eurodiputado: quedar aforado ante el Supremo y protegido para seguir desarrollando lo que él denomina, con diferentes nombres, su lucha contra la corrupción y el sistema. Tres meses después de recoger su acta y prometer una batería de audios comprometedores que no llegan, el líder de 'Se Acabó La Fiesta' se enfrenta a un escenario muy distinto del que dibujó en campaña: múltiples investigaciones sin relación con ninguna lucha contra la corrupción y unas apariciones en Bruselas que se limitan a vídeos sobre gastos superfluos en el Parlamento Europeo además de intervenciones increpando a otros eurodiputados españoles. Todo mientras la extrema derecha se resiste a acogerle en su seno.

El canal de Telegram de Alvise acumula casi 710.000 seguidores. Un ligero y momentáneo descenso después de que elDiario.es publicara en exclusiva que cobró 100.000 euros en metálico de un empresario especializado en criptomonedas e inversiones imposibles, pero casi el doble de los adeptos que tenía antes de lanzar su candidatura a las elecciones europeas del pasado mes de junio. Cientos de miles de personas que llevan años consumiendo promesas sobre el advenimiento de una “catarsis” del sistema que no termina de llegar a manos del exasesor de Ciudadanos.

La mezcla de anuncio, promesa y amenaza llegó minutos después de recoger su acta de eurodiputado en el Congreso. “Publicaremos una serie de audios, una serie de documentos, que afectan a la flor y nata de jueces, tribunales de justicia, magistrados, periodistas y cargos públicos y de partidos políticos que han, literalmente, saqueado las instituciones”, afirmó en su primera comparecencia como cargo electo. Fue más allá y citó los delitos que iba a destapar: tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La sota, el caballo y el rey de la corrupción política.

El agitador ultra emitió su advertencia en los primeros días de julio. Un mes y unos pocos días antes había acudido al Barrio de Salamanca de Madrid a recoger los 100.000 euros en efectivo que un empresario del sector de las criptomonedas le había prometido para, según decía Alvise en los mensajes cruzados entre ambos, financiar su campaña electoral. Conversaciones en las que Alvise se había comprometido previamente a legislar a favor del sector de criptomonedas e, incluso, a influir a su favor cuando fuera llave de Gobierno para PP y Vox en un futuro.

Tres meses y medio después es Alvise quien está bajo la lupa de la Fiscalía por la posible financiación ilegal de su campaña con dinero cobrado en negro y con una opacidad total de los ingresos con los que financia su actividad política. Por ese y por muchos otros asuntos que en su momento vendió como lucha contra la corrupción y que para los jueces son, al menos de forma indiciaria, delitos de revelación de secretos, amenazas o acoso. Contra una jueza de Sevilla, contra un diputado del PSOE, contra Salvador Illa o contra una de las hijas del Presidente del Gobierno.

El agitador y eurodiputado lleva años afirmando en su canal de Telegram que su objetivo es luchar contra la corrupción del sistema partidista aunque, por el momento, sus publicaciones no se han traducido en causas judiciales contra la corrupción ni tampoco ha desvelado detalles clave de casos en marcha que no hubieran sido ya publicados por medios de comunicación. Esta misma semana ha colgado una foto suya “celebrando el éxito de cuatro años de investigación contra Ábalos, Koldo y De Aldama” aunque las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional no hacen ninguna referencia a sus publicaciones. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción explica claramente que el origen de sus sospechas sobre Koldo García es una denuncia que presentó el PP de Madrid en marzo de 2022.

Durante un tiempo esta “lucha” de Alvise también se centró en publicar fotografías que sus seguidores o “ardillas” le mandaban de distintos políticos o periodistas en restaurantes, tiendas o incluso en sus domicilios. Mensajes con los que daba a entender que había cazado a los afectados con las manos en la masa cuando estaban en momentos de su vida privada. Algunas de estas fotos le han costado condenas por lo civil, como los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor.

Su canal cuenta con más de 700.000 seguidores aunque rara vez sus publicaciones son vistas por una tercera parte de su parroquia. Una parroquia que le granjeó más de 800.000 votos en las elecciones europeas pero que también ha atravesado momentos de desilusión en el último año. Por ejemplo, cuando llevó a miles de personas desde la calle Ferraz hasta el Congreso de los Diputados para hacer una sentada y marcharse “a cenar” antes de que empezaran las cargas de los antidisturbios.

De la “catarsis” a los vídeos

Esa desilusión no ha impedido que Se Acabó La Fiesta consiguiera tres escaños en Bruselas el pasado mes de junio. Ni que algunas encuestas le otorguen a día de hoy representación en el Congreso de los Diputados si se celebraran elecciones generales. Pero también son muchos los comentarios que preguntan, publicación tras publicación, por los audios que dijo que iba a revelar y no ha revelado. O los que no han quedado satisfechos con sus explicaciones sobre cómo cobrar 100.000 euros en negro de un empresario es una forma de rebeldía fiscal contra el sistema. El sorteo mensual de su sueldo de eurodiputado se mantiene como el punto álgido de comunión con sus seguidores.

A nivel político el eurodiputado de extrema derecha ha destacado por increpar a Irene Montero y por votar en contra de las ayudas públicas al Toro de Lidia. La Eurocámara analiza si Alvise se saltó las normas al dirigirse a la exministra y parlamentaria de Podemos para preguntar si sus políticas para la “reducción de mujeres maltratadas” se basa en “matarlas usted misma con sus políticas o en regularizar a millones de africanos para que acaben ellos mismos con ellas?”.

La catarsis del sistema que lleva años prometiendo, por tanto, no ha llegado ni parece haber pisado el acelerador con la llegada de SALF al Parlamento Europeo. El lenguaje ambiguamente agresivo con el que el eurodiputado lleva tiempo arengando a sus seguidores choca, a menos por el momento, con la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Unas consecuencias que, por el momento, solo se han traducido en varias investigaciones abiertas por lo penal contra él tanto en distintos juzgados como en el Supremo y la Fiscalía.