Ambiente de mudanza en un Consejo del Poder Judicial caducado que apura sus nombramientos

Tras dos intentos fallidos, los vocales del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018, creen que esta vez sí habrá acuerdo político para su renovación. La impresión es que el relevo llegará más pronto que tarde a pesar de que en el Ejecutivo reconocen que en la última semana no ha habido avances significativos en la vía abierta con el PP. Las próximas semanas, antes de que se debatan y voten los Presupuestos en el Congreso, serán clave, coinciden varias fuentes.

Este ambiente casi de mudanza, sin embargo, no ha rebajado la actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llega a lo que puede ser la recta final de su mandato dividido por su respuesta a la reforma legal congelada por el Gobierno y haciendo más nombramientos en la cúpula judicial. Ya son 57 en esta situación de interinidad, que se inició hace casi dos años. Durante el último pleno, el presidente, Carlos Lesmes, anunció a los vocales que si se precipitaba la renovación antes de la próxima convocatoria de noviembre, les reuniría en una sesión extraordinaria a modo de despedida.

“La sensación es que los grupos políticos pueden llegar a un acuerdo en cualquier momento”, expresa un vocal. “Creo que a la tercera será la vencida”, dice otro. “Parece que el tema ha llegado a un punto de maduración que hace muy viable la renovación, pero hasta entonces hay que seguir cumpliendo la ley y llevando a cabo nuestras funciones'', apunta un tercero. Y lo cierto es que durante la última semana sus miembros se han reunido hasta en dos ocasiones para abordar temas no precisamente secundarios. 

El pasado miércoles, en un pleno extraordinario, los bloques conservador y progresista se rompieron en su respuesta a un asunto que ha centrado parte de la actualidad política en las últimas semanas: la citada reforma legal con la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían forzar la renovación rebajando la mayoría parlamentaria exigida para elegir a sus vocales y que el Gobierno retiró la semana pasada entre críticas de la UE y el Consejo de Europa. Aunque esa iniciativa no requería que fuera examinada por el Consejo, siete de sus vocales forzaron un pleno con el objetivo de que hubiera un pronunciamiento expreso de rechazo. No lo consiguieron. La mayoría votó en contra de su texto, donde la tachaban de “contraria a la Constitución”, y algunos vocales expresaron que no tenía sentido pronunciarse sobre una reforma que ya había quedado aparcada. 

Pero el tema no quedó ahí. Lesmes llevó al pleno otro texto que, aunque no valoraba la reforma, sí lanzaba una clara advertencia al Gobierno al afirmar que el órgano estará “atento” a las iniciativas que se presenten y avisar de que “expresará su opinión fundada” en caso de que “puedan ser contrarias a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”. Ese documento —cuya primera versión fue redactada por el vocal conservador José María Macías— puso de acuerdo a parte de los vocales elegidos a propuesta del PP y parte de los elegidos a propuesta del PSOE. Salió adelante con 13 votos.

Entre los defensores de ese texto, sin embargo, hay diferentes valoraciones sobre su alcance. En el lado progresista defienden que es un acuerdo “cortés”, “de mínimos” y que “no dice prácticamente nada”. Los conservadores que lo respaldaron, sin embargo, creen que sí lanza un “claro aviso al Gobierno” y que pone de manifiesto que habrá una respuesta contundente del Consejo si se les ocurre reactivar la proposición de ley que registraron en el Congreso los grupos que sustentan la coalición. 

La declaración finalmente aprobada contó con el voto en contra de cuatro vocales. La conservadora Carmen Llombart, que lo vio “insuficiente” para poner de relieve la “incidencia negativa” de la reforma; y los progresistas Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. En un voto particular, los tres últimos defienden que el Consejo no es competente para “interferir” en proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios, califican la declaración de “precipitada, extemporánea e inconveniente desde la lealtad institucional” e insisten en el CGPJ “ni es órgano jurisdiccional, ni es Poder Judicial” por lo que “no puede ni insinuar alegremente un juicio de inconstitucionalidad ni de merma o ataque a la independencia judicial”. 

La declaración sobre la reforma judicial también rompió al sector conservador. Además de Llombart, el texto tampoco fue respaldado por Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz y Gerardo Martínez Tristán, cuatro de los siete vocales que pidieron sin éxito al pleno un pronunciamiento expreso de rechazo. En otro escrito, estos cuatro vocales defienden su declaración y dicen no estar de acuerdo con la consideración, incluida en el texto finalmente aprobado, de que en estos momentos era innecesaria una manifestación expresa sobre la propuesta de reforma judicial del PSOE y Unidos Podemos.

57 nombramientos en funciones  

Tras el intenso debate del miércoles, los vocales del CGPJ volvieron a reunirse el jueves, donde el consenso volvió a aflorar para hacer nuevos nombramientos en la cúpula judicial. Por una mayoría de 19 de los 21 votos, el Pleno acordó adjudicar ocho nuevas plazas —en seis de ellas había un solo candidato al puesto— a pesar de la intención declarada del Gobierno de propiciar la renovación. El pasado verano, ante la existencia de negociaciones para el relevo, Lesmes propuso detener los nombramientos “por razones de prudencia” aunque advirtió de que en el caso de que la negociación fracasase se retomarían las votaciones. El 30 de septiembre se cumplió esta advertencia y se adjudicaron seis plazas clave en el Tribunal Supremo. 

Ambas votaciones han evidenciado la fractura del bloque progresista. Dos de sus miembros han rechazado estos últimos nombramientos —Cuesta y Sáez—, mientras que otros seis más el propuesto por el PNV, al que se suele situar en este sector, los han secundado. Estos últimos defienden que el del 30 de septiembre fue un “buen acuerdo” con el que se consiguieron dos presidencias de Sala —María Luisa Segoviano (Social) y Jacobo Barja de Quiroga (Militar)— e incluir a un magistrado eminentemente progresista en la Sala de lo Penal: Javier Hernández. A cambio, eso sí, entró en esa Sala Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular pidiendo la absolución del PP; y se nombró a otro juez conservador, César Tolosa, para presidir la Sala de lo Contencioso, a la que pueden llegar las hipotéticas iniciativas legales contra decisiones tomadas por el Gobierno. 

Estas designaciones llegaron en un momento de máxima tensión entre el CGPJ y el Gobierno por la decisión de Lesmes de seguir haciendo nombramientos pese a estar en funciones. En esa decisión de parte de los vocales progresistas pesó también su disgusto con unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguró que el actual Consejo “está en descomposición” y que debería medir sus actos porque estos “tienen incidencia”. De hecho, estos vocales recuerdan que Campo, cuando fue miembro de este órgano, hizo decenas de nombramientos en funciones durante otro de los bloqueos del PP, el que tuvo lugar entre 2006 y 2008.

En todo caso, varias fuentes consultadas coinciden en que estos últimos movimientos de parte del bloque progresista ponen de manifiesto la falta de unidad de sus miembros que ha sido norma durante todos estos años y evidencian también la escasa influencia que tiene el PSOE sobre los vocales que colocó en el Consejo hace casi siete años. “Es la demostración de que, una vez elegidos, no hay peligro de politización”, valora uno de esos vocales.