La amnistía regresa a la Comisión de Justicia del Congreso: qué pasa ahora con el texto que ha rechazado Junts

Marcha atrás en la tramitación de la ley de amnistía para los encausados del procés. Junts per Catalunya ha cumplido su órdago y ha votado finalmente en contra del texto en el pleno del Congreso, lo que obliga su devolución a la Comisión de Justicia y a otro debate de enmiendas parciales que se alargará durante un mes. El nuevo escenario impide que se mantenga el plan inicial para que la ley estuviera aprobada definitivamente —tras su paso por el Senado— entre los meses de abril y mayo. Y obliga a reiniciar las conversaciones con la confianza entre los interlocutores cada vez más dañada. 

Mientras en Junts defienden que la ley tiene “unos agujeros con los que la justicia española puede dejarla en papel mojado”, en el PSOE sostienen que no aceptarán más cambios tras aceptar hace sólo una semana una serie de salvedades a la exclusión del delito de terrorismo, precisamente con el objetivo de evitar que se puedan calificar de terrorismo actos que no son vistos así bajo la legislación europea. Algo más de dos meses después de que el texto fuera registrado en el Congreso, el gran escollo entre ambos sigue siendo el concepto jurídico del terrorismo, al que se ha sumado en los últimos días el delito de alta traición al que ahora apunta un juez de Barcelona en la llamada trama rusa del procés.

Vuelta a la Comisión

Tras la votación de este martes, la reforma retrocede ahora un par de pasos en el Congreso. Según el reglamento, al tratarse de una proposición orgánica –que modifica aspectos del código penal–, el dictamen vuelve a la Comisión de Justicia. Allí, los grupos tendrán que volver a negociar sobre el mismo texto acordado hace apenas una semana en esa misma comisión.

En esta nueva instancia, el PSOE tendrá que tratar de alcanzar un acuerdo con los socios independentistas a partir del texto y de las enmiendas de los grupos que han quedado vidas. El tiempo de negociación no obstante no está claro. El reglamento habla de un mes, pero como la ley se tramitó por la vía de urgencia algunas fuentes parlamentarias sostienen que este nuevo plazo debería también acortarse a la mitad. Los letrados del Congreso debatirán en las próximas semanas si este nuevo plazo de negociación es finalmente de 30 o de 15 días.

Las mayorías necesarias no cambian: la ley necesitan 176 síes para que salga adelante en el próximo pleno y pueda tratarse en el Senado. 

Si no consigue los apoyos, la proposición decaería y los socialistas deberían abordar la tramitación de una nueva ley desde el principio. Si sale aprobado en el Congreso, comenzará su tramitación en el Senado que el Partido Popular se ha propuesto dilatar lo máximo posible. 

Los de Alberto Núñez Feijóo aprobaron una reforma del reglamento para impedir que la ley sea tramitada en esa cámara por la vía de urgencia, en contra de las instrucciones aprobadas en el Congreso. Y en el trámite de comisión se esforzarán por alargar lo máximo posible los plazos, con peticiones de comparecencia de expertos y maniobras que en ningún caso evitarán su aprobación definitiva. Si todo ocurre según lo esperado, la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta rechazará el texto, que volverá al Congreso para su aprobación definitiva.

La discrepancia del terrorismo

En la redacción que ha decaído tras la votación de este martes figura que quedarán exculpados los encausados por terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos”, en particular las previstas a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Es la vía que ambas formaciones encontraron hace solo una semana para tratar de sortear el boicot judicial y pasar el filtro europeo sobre ese delito, según reconocían fuentes de ambos partidos. Además, deja fuera de la amnistía los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional.

Pero los últimos movimientos judiciales han elevado la incertidumbre sobre la posibilidad de que Puigdemont y otros acusados pudieran acogerse a la amnistía, lo que ha encendido las alarmas en Junts. Tras retomar después de cuatro años la causa de Tsunami Democrátic sobre los altercados independentistas de 2019, el juez lleva semanas construyendo su acusación por ese delito al expresident y otros acusados con elementos como la muerte por infarto de un ciudadano francés, la afectación de la protesta sobre el aeropuerto de El Prat, las lesiones graves a policías en los altercados y las movilizaciones durante la jornada de reflexión de las generales de noviembre de 2019.

En paralelo, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha decidido reactivar esta semana la investigación de la trama rusa del procés y ha insistido en implicar a Puigdemont en el supuesto intento de Rusia de influir en la independencia de Catalunya en 2017 como vía para desestabilizar a la Unión Europea. Aunque el juez no expone qué delito investiga, de la descripción de las reuniones y mensajes que realiza se desprende que los hechos expuestos podrían encajar en el apartado del Código Penal que castiga la relación ilegal con los Gobiernos extranjeros y sus servicios de inteligencia. Este es uno de los supuestos excluidos de la amnistía según la redacción rechazada este martes.  

Ante este escenario, Junts insiste en que el articulado actual no blinda todos los casos judiciales derivados del procés, especialmente tras las citadas decisiones judiciales. Es por eso que ha mantenido viva hasta el pleno la enmienda que saca del capítulo de exclusiones de la norma tanto los delitos de terrorismo —sin ningún tipo de límite— como los de traición y contra la paz o la independencia del Estado, pensados para las posibles imputaciones que podrían llegar en la llamada trama rusa. La enmienda, que ha sido rechazada, argumenta que “a la vista del uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes” resulta conveniente retirar de entre los delitos excluidos los actos así tipificados. 

ERC también ha mantenido hasta el pleno enmiendas vivas como la que quiere dejar fuera de la amnistía todos los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes y no sólo los que “superen un umbral mínimo de gravedad”, como recoge el texto que no ha sido aprobado. Con este cambio, los republicanos pretendían dejar fuera de la amnistía a los policías que hubieran hecho un excesivo uso de la fuerza en las cargas policiales durante el 1-O. En todo caso, ERC ha votado a favor del texto al considerar que la norma tiene “fuerza suficiente” como para no “cambiar según los jueces prevaricadoras que la quieren hacer naufragar”.